TOLUCA, Edomex (apro).- El pleno del Congreso local autorizó a la Secretaría de Comunicaciones estatal concesionar al sector privado, por un plazo de 15 años y con posibilidad de prórroga, los espacios públicos de infraestructura vial primaria y bajo puentes, “a fin de motivar la inversión privada en su rehabilitación”. Los inversionistas pagarán mensualmente sus cuotas a la Secretaría de Finanzas, mientras que para el caso de las oficinas e instalaciones públicas el aprovechamiento será gratuito. La iniciativa promovida por el Ejecutivo estatal elimina, además, la prohibición de instalar publicidad en esos sitios y en los puentes vehiculares. En su exposición de motivos, el gobierno de Alfredo del Mazo justificó que existen espacios públicos en desuso ubicados en la parte inferior de los puentes vehiculares, que se caracterizan por ser inseguros, focos de contaminación o centros de comercio informal. Y al facultar a la Secretaría de Comunicaciones para otorgar autorizaciones o permisos para el uso, aprovechamiento y rehabilitación de dichos espacios en el derecho de vía de la infraestructura vial primaria, apuntó, se pretende resolver estas problemáticas. Conforme al decreto que implicó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, Ley de Bienes del Estado de México y Municipios y el Código Administrativo de la entidad, la Secretaría de Comunicaciones podrá emitir los lineamientos generales para el otorgamiento y operación de los permisos y las normas a las que deberá sujetarse la vigilancia, cuidado, administración y aprovechamiento de los bienes del dominio público. “De esta forma, la autoridad contará con herramientas para realizar gestiones encaminadas a garantizar espacios públicos en los que las personas convivan de manera armónica, generado un bien común y fortaleciendo un derecho colectivo mediante la reducción del número de ilícitos en esos sitios”, señalaron los diputados. Al terminar el periodo de la concesión, la infraestructura que se hubiere construido en el plazo del permiso se convertirá en patrimonio estatal. En entrevista, el diputado priista Miguel Sámano, presidente de la Junta de Coordinación Política, y el perredista Arturo Piña, rechazaron que la reforma implique un riesgo de privatización de los espacios públicos. Sámano, quien también es coordinador de la bancada tricolor, consideró que la decisión es una oportunidad para abatir la inseguridad en este tipo de infraestructura, como ocurrió en la Ciudad de México, y para cambiar la imagen urbana. Y justificó que la Secretaría de Comunicaciones deberá determinar los criterios para concesionar los espacios. “Es importante ver a quién se le concesiona y que los futuros diputados lo vigilen”, señaló a su vez Piña García. La modificación es parte del paquete de reformas que el gobernador Alfredo del Mazo promovió antes del inicio de la nueva Legislatura, en la que el PRI no tendrá mayoría.