Chile: Jaque mate al cardenal

La Iglesia chilena vive la peor crisis de su historia: Ricardo Ezzati, cardenal y arzobispo de Santiago, está acusado­ de ser encubridor de curas violadores; su principal colabo­rador está preso como autor de ese tipo de abusos y la televisión local dio a conocer los testimonios de numerosas exmonjas que narraron cómo durante años fueron ultrajadas por sacerdotes. Ni siquiera el presidente de Chile, ligado a los sectores ultraconservadores, ha dejado de condenar el actuar de la jerarquía.

SANTIAGO (Proceso).- El pasado 24 de julio le notificaron al cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati Andrello, que el fiscal regional de la región de O’Higgins, Emiliano Arias, lo citó a declarar para el próximo martes 21, en calidad de imputado, como encubridor de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el país, puesto que tuvo conocimiento de esos delitos y nada hizo para evitar que se siguieran cometiendo.

Esto desató una ola de críticas contra Ezzati de la que ni el presidente Sebastián Piñera –representante de la derecha y muy cercano a la jerarquía eclesiástica– se ha marginado: en entrevista con Radio Bío Bío, el 30 de julio, el mandatario pidió al Papa Francisco que “tome las decisiones que tenga que tomar”, lo que fue interpretado como una solicitud expresa para que reemplace pronto al cardenal.

En la entrevista, Piñera criticó además la forma en que las autoridades eclesiásticas manejaron el escándalo de abusos contra menores. “Yo no soy juez, pero todo hace pensar que algunos altos miembros de la Iglesia tuvieron conocimiento de estos hechos y no actuaron como debieron haber actuado”, dijo.

Haciendo eco al rechazo generalizado a Ezzati –de origen italiano–, el 21 de mayo legisladores del izquierdista Frente Amplio anunciaron que promoverán una moción parlamentaria que revoque la naturalización “por gracia especial” otorgada al líder de la Iglesia chilena, el 24 de abril de 2006, en virtud de la Ley 20.100 promulgada ese día por la entonces presidenta Michelle Bachelet.

A esta iniciativa se sumó la senadora democristiana Ximena Rincón: estimó que Ezzati “no es una persona que amerite todas las consideraciones que se tuvieron para otorgarle la nacionalidad por gracia”; añadió que, dada su conducta ante los casos de abusos sexuales perpetrados por eclesiásticos, “se le puede catalogar como cómplice”, como reseñó el diario electrónico El Dínamo en nota del 31 de julio. 

Esta propuesta de retiro de la nacionalidad chilena es respaldada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. 

Todo esto ocurre cuando ya se acerca la ceremonia de celebración de la independencia chilena, el 18 de septiembre, que congrega en la Catedral de Santiago a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, las fuerzas armadas y el cuerpo diplomático acreditado en Chile. 

Piñera y diversos parlamentarios ya se movilizan para evitar que un cardenal impu­tado por la justicia encabece la Iglesia al momento de verificarse el rito más significativo del país. 

Religiosas ultrajadas

Un reportaje del programa de investigación periodística de Televisión Nacional de Chile dio a conocer, el 24 de julio, relatos de exmonjas de la congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, de Talca (capital de la región del Maule), en los que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales.

La otrora monja Eliana Macías narró cómo fue vejada por un sacerdote, al que no identificó: “La primera vez que me vio, en Molina, se me queda mirando y me dice: ‘Esos senos están muy abajo’, y me pescó así para arriba”.

Otra exreligiosa, Celia Saldivia, relató que un clérigo –que tampoco fue identificado– “siempre estuvo abusando sexualmente de las hermanas”; agregó que “muchas veces” vio cómo dicho sujeto inspeccionaba a “hermanas desnudas en la habitación”.

“(Un sacerdote) me abrazó, me acercó a su pecho y comenzó a darme besitos, ¿es normal que le den besos a las monjas en la cara llegando a los labios? ¡Un cura! Me zafé porque me di cuenta, me dio asco. Dije: ‘Padre, disculpe, me está llamando la madre’. Y me responde el cura: ‘Ya, anda hija, pero vuelve luego’”. Es lo que relató la también exmonja Yolanda Tondreaux, de la misma congregación.

Esta investigación hizo estallar las redes sociales expandiendo el malestar de la opinión pública contra los abusos en la Iglesia.

Un día antes de que este nuevo escándalo estallara, el diario El Mostrador publicó una nota en la que se informaba que la secretaria de la Conferencia Episcopal, Constanza Acuña, se había querellado contra el expárroco de Lanco (región de Los Ríos), Belisario Valdevenito, a quien acusó de haber abusado de ella reiteradamente cuando ella era niña, y él, su director espiritual.

La situación de la Iglesia y de Ezzati se deterioró más luego de que el fiscal nacional, Jorge Abbott, suscribió –el miércoles 1– un oficio preparado por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, dirigido a la Cancillería, para que se lo remitiera por canales diplomáticos al Vaticano.

Allí se solicita que el Estado Vaticano entregue las investigaciones canónicas sobre abusos sexuales en Chile, y, específicamente, el “informe Scicluna”, elaborado por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, junto a Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Ellos realizaron en febrero una misión canónica a Chile, encomendada por el Papa, durante la cual tomaron declaración a 64 víctimas de Fernando Karadima y otros sacerdotes, y formaron un expediente de 2 mil 300 páginas que fue entregado a Francisco el pasado 20 de marzo y que resultó determinante en la decisión de éste de descabezar e intervenir la Iglesia chilena.

El ocaso del canciller

Una de las cosas que más le pesan a Ezzati es que su otrora asesor principal, el excanciller del Arzobispado Óscar Muñoz Toledo, haya sido acusado por Arias de abusos contra menores. La determinación fue respaldada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, en audiencia del 14 de julio. Por lo mismo, el excanciller deberá permanecer al menos 180 días en prisión, tiempo asignado por el tribunal para esta investigación.

Lo más terrible y simbólico para la élite eclesiástica –de la que Muñoz formaba parte– es que éste salió esposado del tribunal y así fue trasladado al módulo 86 del Complejo Penitenciario de Rancagua, algo nunca visto en la historia de la Iglesia chilena.

Muñoz había sido apartado de sus funciones como canciller luego de que el pasado 2 de enero –poco antes de la llegada del Papa a Chile– se autodenunciara ante el Tribunal Eclesiástico de Santiago. Probablemente lo hizo sabiendo que los antecedentes conocidos por los tribunales canónicos casi nunca pasan a la justicia ordinaria y creyó que Ezzati no haría nada para que esto ocurriera.

Pero Muñoz no contaba con que –algo inédito en Chile– la justicia ordenaría el allanamiento del Tribunal Eclesiástico de Santiago, del Arzobispado de Santiago y del Obispado de Rancagua; ni menos que su proceso canónico pasaría a manos de un fiscal como Emiliano Arias, convertido en la bestia negra de la jerarquía chilena.

Arias solicitó los allanamientos luego de que El Vaticano se negara a darle la información necesaria para avanzar en sus investigaciones. 

Según las pesquisas de Arias, Muñoz cometió abusos sexuales y estupro contra al menos siete menores de entre 11 y 17 años. Cinco de ellos eran sobrinos suyos, otro era un acólito entregado por sus padres para su formación espiritual, mientras que el séptimo era un niño de Rancagua. Fue este caso –que data de 2004– el que le permitió a Arias involucrarse en la causa, dado que el delito se cometió en su jurisdicción y posibilitó la detención del entonces canciller católico.

Tras concluir la audiencia de formalización de Muñoz, Arias expresó a la prensa que el excanciller formó parte de un sistema de abusos, ayudando en forma determinante a que éstos quedaran impunes: “Al cumplir ese rol (de canciller), esta persona conocía cómo se manejaba el sistema de investigaciones canónicas al interior de la Iglesia. El sistema de investigación penal de abuso sexual en contra de menores lo tenía enquistado en su interior, y en un rol trascendente de canciller, (en el) que desde antes de 2011 conocía todas las denuncias de delitos sexuales. Tanto los de su persona como los de otros casos”. 

En efecto, Muñoz debió tomar declaraciones a numerosas víctimas, muchas de esas contra Karadima, párroco de la acomodada iglesia del Bosque, en Santiago, e ícono de los abusos realizados por altos personeros de la Iglesia.

“Recuerdo que cuando comenzamos, me senté y me dijo: ‘¿Por qué sigue con este tema de los abusos? Deberían pasar de cambio’”, le habría dicho Muñoz a una de las víctimas de Karadima, el filósofo José Andrés Murillo, como relató éste al diario La Tercera.

En el reportaje El rol de los obispos en la mira –publicado por La Tercera el 12 de julio– se revela el supuesto modus operandi de Muñoz: “Se ganaba la confianza de los niños, se convertía en su confesor, posteriormente les realizaba tocaciones, pedía que lo masturbaran y en al menos un caso hubo acceso carnal”.

“(Muñoz) conocía qué hacer, qué no hacer, cómo manejarse. Cómo poder, en definitiva, asegurar su impunidad”, expresó Arias luego de la mencionada audiencia.

El fiscal criticó con dureza a la justicia eclesiástica al plantear que “existe un sistema de investigación paralela de la Iglesia Católica, que sin duda no es eficiente para que no se sigan cometiendo los delitos. Eso está absolutamente claro, tanto en el escenario mundial como en Chile”.

El 23 de julio, un día antes de imputar a Ezzati, el Ministerio Público dio a conocer un catastro con las causas relacionadas con abusos sexuales de la Iglesia. Éstas involucran a 266 víctimas, de las cuales dos terceras partes eran menores de edad. Por estos delitos son investigados 139 religiosos, entre obispos, sacerdotes y diáconos, en un total de 144 causas judiciales, de las cuales 34 se mantienen vigentes.

“En su gran mayoría los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales. También existen cinco casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”, indica el documento del Ministerio Público chileno. 

El rol prominente de Arias en estas causas quedó ratificado luego de que el fiscal nacional, Jorge Abbott, notificara mediante comunicado oficial una resolución emitida el 27 de julio para entregarle los nuevos casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, independiente del lugar donde hayan ocurrido, “siempre que dichas investigaciones penales no se encuentren ya radicadas en otra fiscalía regional”. 

Arias se involucró en los casos de abusos sacerdotales contra menores luego de que el Canal 13 transmitiera, el 18 de mayo, el reportaje El fin del silencio: la cofradía, en el que se denunciaba a un grupo de 17 sacerdotes como parte de una secta dedicada a violar a menores. Él, como jefe del Ministerio Publico de O’Higgins, decidió iniciar de oficio una investigación sobre la materia en un proceso conocido como “Caso maristas”, por la congregación a la que pertenecía la mayoría de los imputados.

En entrevista con el diario español El País –publicada el 29 de julio y firmada por la corresponsal Rocío Montes–, Arias expresó que el objetivo de sus indagatorias apunta contra “la cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia católica chilena, que ha posibilitado la comisión de delitos al interior de la organización” y contra la jerarquía eclesiástica.

“¿Quién es el responsable de una organización y de lo que ocurre en un territorio? El obispo. ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo. Conocen los hechos durante todo el proceso”, apuntó. 

Arias dijo al País que la justicia canónica no funcionaba “porque no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano”. Y aportó un dato que a estas alturas resulta irrefutable: “Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”. 

Este reportaje se publicó el 5 de agosto de 2018 en la edición 2179 de la revista Proceso.

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