Movimiento por Nuestros Desaparecidos propone reunión con AMLO para concretar “plan efectivo” de búsquedas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las familias que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) convocaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a una reunión el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, para concretar un plan efectivo en la búsqueda de miles de personas.

Tras una reunión con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, integrantes del equipo de transición del gobierno electo, el MNDM dio a conocer elementos primordiales de la agenda mínima para atender la problemática –con más de 35 mil desaparecidos– e implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En un comunicado, los integrantes del MNDM advirtieron que el próximo gobierno sólo podrá considerar estar en la historia “si logran detener las desapariciones y encontrar a nuestros seres queridos”.

Subrayaron: “Ustedes elijan si quieren recibir en el futuro un lugar definitivo en nuestra historia, así como nuestro aprecio y reconocimiento por haber cumplido con su deber y haber hecho posible lo que hasta hoy, con indolencia, se nos ha negado”.

Tras recordar que tanto la legislación como la instauración del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda responden al esfuerzo de los colectivos de víctimas, el MNDM destacó que la implementación de la Ley General “será posible si se tiene como base el reconocimiento de la problemática y la participación activa y efectiva de las familias”, así como reconocerlas como “protagonistas del cambio que México aspira y se merece”.

Después del encuentro que tuvieron con quienes acompañarán a López Obrador en su gobierno, los representantes de más de 50 colectivos de familiares de víctimas y de organizaciones civiles del país y de Centroamérica consideraron que la construcción de la paz es posible con un cambio del modelo de seguridad “que transite hacia un modelo de seguridad ciudadana y seguridad humana, con pleno respeto de los derechos humanos, que incluya la desmilitarización del país”.

Según la Ley General, corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob) operar el Sistema Nacional de Búsqueda, y en ese sentido resaltaron que, siendo el objetivo principal la búsqueda de las decenas de miles de ausentes, “es indispensable que para el nuevo gobierno sea prioridad que se garantice la plena y efectiva participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todas las acciones y políticas relacionadas con las desapariciones”.

De igual manera, consideraron indispensable contar con un “Plan de implementación efectiva de la Ley General” elaborado entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el electo, en el que participen los colectivos de familiares de víctimas y las organizaciones que los acompañan.

Para esos colectivos, el plan “debe abarcar la totalidad de los instrumentos e instituciones pendientes por crear, garantizando la participación efectiva de las familias en su ejecución”.

Además, abundaron, debe contener “tiempos y responsabilidades definidas, así como considerar mecanismos para la coordinación interinstitucional y entre la federación y las entidades federativas con el fin de hacerlo efectivo”.

La exigencia de las familias de víctimas para ser tomadas en cuenta en cada paso que tomen las instituciones para abordar la problemática se funda en que, durante años, han sido ellas las que han “salido a buscar (a los desaparecidos) ante la indolencia de un Estado ausente”.

Con esa premisa, demandaron la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda y fortalecer las instituciones que lo componen, particularmente la Fiscalía Especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como concluir la armonización de la Ley General en los estados.

También solicitaron “iniciar con la normatividad y política pública correspondiente –protocolos, reglamentos, lineamientos, registros, programas”, entre otros– y, de manera prioritaria, fortalecer la CNB, que es un órgano desconcentrado de la Segob, con el mandato de ejecutar las acciones de búsqueda para encontrar a todas las personas desparecidas, por lo que su labor es de la máxima relevancia”.

Al señalar que el titular de la CNB debe depender directamente del responsable de la Segob, los familiares manifestaron que durante el gobierno de Peña Nieto se ha pretendido “minimizar su función y tratar de restarle el nivel que debe tener dentro de la administración pública”.

Por ello, exigieron “una comisión fuerte, con una estructura sólida y recursos humanos, técnicos y económicos suficientes para afrontar la emergencia humanitaria”.

Advirtieron que “es necesario asegurar el presupuesto amplio y necesario para la implementación adecuada de la Ley General en su conjunto, lo cual tiene que verse reflejado en el Presupuesto de Egresos que se apruebe este año”, ya que de acuerdo con lo asignado para 2018 “son insuficientes, y además no se ven reflejados en una búsqueda e investigación efectiva o instituciones con capacidad de operación”.

En el plan de implementación de la Ley General, señalaron, debe tomarse en cuenta la perspectiva de género y a los grupos en situación de vulnerabilidad, y que “establezca la ruta para el funcionamiento adecuado de las comisiones de atención a víctimas en todo el país”.

Las familias exigieron aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), para recibir comunicaciones individuales, admitir la visita al país solicitada por el CED desde 2013, así como el diálogo de seguimiento del informe de dicho Comité emitido en 2015 y fortalecer la relación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Luego de mencionar que los integrantes del MNDM analizarán los temas de justicia transicional abordados por el equipo de transición, los días 25 y 26 de agosto, puntualizaron que “en un marco de derechos humanos no es compatible el perdón y el olvido en casos de desaparición de personas”.

Como mecanismo de seguimiento en la etapa de transición propusieron un encuentro con López Obrador el 30 de agosto, y consideraron necesario tener encuentros con los próximos titulares de las secretarías de Relaciones exteriores, Hacienda y Seguridad Pública “para afrontar la problemática”, y que las reuniones tengan continuidad una vez que el nuevo gobierno asuma el poder.

Los familiares de víctimas solicitaron que en las reuniones participen representantes de organismos internacionales y que se envíen informes a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como que se coordinen esfuerzos con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Conferencia Nacional de Procuradores.

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