COLIMA, Col. (apro).- La Legislatura local envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Partidos Políticos, para disminuir en 50.76% el monto del financiamiento a los partidos políticos. La iniciativa había sido enviada al Congreso local desde hace más de año y medio por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en el contexto de las protestas por el incremento a los precios de los combustibles, en enero de 2017, pero se mantuvo congelada, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la constitucionalidad de la “Ley Kumamoto” en Jalisco, que propuso una medida similar en el ámbito local de esa entidad. En el caso de Colima, el decreto aprobado por la Legislatura y enviado a las cámaras federales propone que el financiamiento público de los partidos políticos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor de la Unidad de Medida y Actualización, lo que derivaría en una reducción de 50.76%. La actual redacción del artículo 41 fracción ll inciso a) de la Constitución Mexicana dispone que el financiamiento público para los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Al presentar el acuerdo para turnar la iniciativa al Congreso de la Unión, el diputado priista Héctor Magaña Lara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, estimó importante que los partidos políticos ejecuten sus actividades con fuentes de financiamiento racionales, acotadas, transparentes y fiscalizables. Consideró que los recursos públicos destinados a los partidos políticos han generado menoscabo a las finanzas públicas de la nación por lo cuantioso de éstos, por lo que deben estar sujetos a límites más razonables, de auténtica austeridad republicana. Magaña Lara expresó que el sistema de financiamiento a los partidos políticos debe adecuarse a la realidad económica y social que impera en México, para que dé como resultado un financiamiento apegado a una política de austeridad para todos los órdenes de gobierno.