CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por omisiones en el deber de cuidar y preservar la vida de las personas privadas de la libertad bajo custodia. En un comunicado, la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que documentaron 24 casos de suicidios (siete mujeres y 17 hombres) ocurridos entre 2010 y 2017. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para generar acciones concretas en la implementación y ejercicio efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad, reconocidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como un sistema integral de reinserción social con enfoque de derechos humanos que permita “soluciones holísticas” para la prevención del suicidio dentro del sistema penitenciario. De igual manera, consideró urgente avanzar hacia el reconocimiento de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria que no debe ser criminalizado o estereotipado, sino que, por el contrario, requiere de la intervención del Estado para garantizar sus condiciones de vida digna, así como de la sociedad para combatir la discriminación, abandono e invisibilidad. Ramírez Hernández sostuvo que la CDHDF reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades capitalinas en el tema de prevención de suicidios en los años recientes. No obstante, abundó, parecen enfocar la situación como un tema exclusivamente relacionado con la salud mental y no como un problema integral derivado de factores estructurales que, de no ser atendidos, impedirán la disminución y eventual erradicación. La presidenta de la CDHDF precisó que la recomendación 04/2018 consta de cinco puntos, y en términos generales contempla la indemnización a las víctimas indirectas por concepto de daño inmaterial. Entre otros puntos, destacó que el sistema penitenciario deberá adoptar las medidas necesarias para que cada centro de reclusión cuente, en todos los turnos, con personal capacitado que tenga asignada de manera específica la función de enlace directo con familiares de las personas privadas de libertad, a fin de brindarles información y orientación, con perspectiva de derechos humanos, en los casos de fallecimiento, enfermedad y otras incidencias graves.