CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Ha sido una pesadilla”, dice Ivonne Carolina Flores Alcántara sobre su beca para el doctorado en Derecho en la UNAM, otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que luego se la quitó para después restituírsela cuando ella se inconformó. Ahora, busca una respuesta del proceder del consejo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la CDMX. Flores Alcántara obtuvo la beca 222925 a través del Conacyt, consistente en 13 mil 147 pesos mensuales desde el 1 de febrero de 2014 al 31 de julio de 2017; sin embargo, en los primeros días de abril de ese año advirtió que no se le había depositado su dinero, aunque el Conacyt alegó que  le informaron de la cancelación de la beca desde el 7 de marzo. El motivo fue “una denuncia en la que se señaló que realizó actividades profesionales durante la vigencia de la beca…” y por tanto “infringió la normatividad vigente para los programas del área de becas de este Consejo”, según se lee en el juicio de amparo 608/2017 promovido por Flores Alcántara ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de Conacyt, donde la doctorante alegó no haber sido informada de la baja. El consejo se basó en sus artículos 25 y 26 del Reglamento de Becas como causal de cancelación, en donde se indicó que la becaria incumplió con el compromiso de dedicación exclusiva. Incluso en los inicios del amparo, el Conacyt, a través de sus redes sociales, dio a conocer a su alumnado y académicos que: “Con fecha 3 de marzo se recibió en la Subdirección de seguimiento a becas nacionales la denuncia sobre el incumplimiento de la dedicación exclusiva en la que incurrió la C. Ivonne Carolina Flores Alcántara. Como parte del procedimiento habitual y ante la evidencia presentada de una demanda que contiene firma de la becaria, se procedió a realizar la suspensión por faltas al Reglamento.” Ello surgió, según explica Flores, de una carta del analista político Alfredo Jalife a través de su abogado Eiber Abraham Torres Guaida, con fecha 26 de noviembre de 2016,  dirigida a la entonces directora adjunta de Posgrados y Becas, María Dolores Sánchez Soler; ahí aduciendo el artículo 25 como causa para cancelar la beca, explicó que Flores Alcántara ejerció como abogada diversas demandas civiles siendo becaria del Conacyt, y que fue ella quien también lo demandó con la intención de hacer pagar “supuestos honorarios faltantes”.  Consultado por Proceso, Conacyt informó escuetamente que la versión pública del caso se podía consultar en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, “tanto sentencia constitucional como de la ejecutoria de amparo dictadas dentro del juicio de referencia.” Sobre el tema, la doctorante comentó: “No entiendo por qué el Conacyt se presta a este tipo de cosas, tuve que enterarme después. Sé que no es la primera vez que lo hacen, es una práctica común, y al parecer así se manejan. Con cualquier pretexto te pueden quitar la beca que ganaste con esfuerzo, aunque cumplas con tu trabajo como becario, al que no falté.” La licenciada en derecho obtuvo finalmente el amparo en una resolución del juez decimosexto de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que desechó un recurso de revisión interpuesto por el Conacyt. Flores Alcántara incluso levantó una queja (QU 10/2017) en el Área de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución contra Rossa Ivette Guzmán Ávila, subdirectora de Becas Nacionales de la Dirección de Becas de la Dirección Adjunta de Posgrados y Becas del consejo, por responsabilidad administrativa en la baja de su beca. La respuesta, con fecha 27 de noviembre de 2017, consignó que no se contó con elementos de una presunta irregularidad administrativa, por lo cual se actuó conforme a la normatividad aplicable. Tras ello, flores Alcántara promovió una demanda de nulidad de la resolución de la queja arriba mencionada del OIC del Conacyt, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el expediente 28577/17-17-09-7, por daño patrimonial. “Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos cuando sufrimos un acto en agravio, ahora sólo queda que un juez determine el daño causado y la reparación del mismo, en esto sólo queda esperar a que se dé una resolución, y si no estoy de acuerdo, impugnar. “También me preocupa una carpeta de investigación que tengo en el Ministerio Público de la Delegación Venustiano Carranza (CI-FV-5/UI-1S/D/01438/11-2017), que abrió Alfredo Jalife en mi contra, en donde un apoderado legal de Conacyt dice no haberme quitado la beca.”  Asienta:  “¡Ahora dicen no haberme quitado la beca!”   Este texto se publicó el 12 de agosto de 2018 en la edición 2180 de la revista Proceso.