Terminó el “show” del “Bronco”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La derrota jurídica del equipo legal del gobierno de Nuevo León ante el juez de control que dictó el auto de no vinculación a proceso a favor del exgobernador Rodrigo Medina en relación con el caso Kia desvanece el show mediático que montó el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para simular que cumpliría su promesa de campaña de encarcelar a su predecesor.

El espectáculo comenzó desde su toma de posesión. En su discurso inaugural El Bronco exclamó: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos!”. Y anunció: “Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias; que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea” (Proceso 2050).

Ocho meses después –cuatro días antes del primer aniversario del triunfo electoral del candidato independiente–, el entonces subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales, ofreció una conferencia de prensa. Acompañado de otros colaboradores de González Calderón, anunció que un juez había concedido el embargo precautorio de 22 bienes inmuebles, todos dentro de Nuevo León, propiedad de Medina y 30 personas más, entre ellas funcionarios de la administración pasada, legisladores, directivos bancarios, constructores y desarrolladores urbanos.

En ese momento se aseguró que el monto total de los desvíos involucrados era de 3 mil 600 millones de pesos. La mayor parte de esta suma se relacionaba presuntamente con los incentivos otorgados a la automotriz Kia para la instalación de su planta en Pesquería, Nuevo León.

El espectáculo alcanzó su clímax el 26 de enero de 2017, cuando el gobierno logró que el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez decretara la prisión preventiva del exgobernador al vincularlo a proceso, precisamente por el asunto que se resolvió el pasado martes 14. 

Y aunque en su resolución dicho juez estableció que la prisión preventiva contra el exmandatario sería por 30 días, plazo otorgado por la misma autoridad para que cerrara la investigación, Medina obtuvo su libertad 19 horas después.

La presunta lucha anticorrupción de Rodríguez Calderón se desarrolla en paralelo al combate selectivo a la misma que emprendió el gobierno federal y que condujo a la detención de varios exgobernadores, entre ellos el panista Guillermo Padrés y los priistas Javier Duarte y Roberto Borge Martín.

Sin embargo, en el caso Nuevo León la posición del gobierno federal era ambivalente. Por una parte, protegió a Medina y no colaboró en la integración del expediente en su contra, sobre todo al demorar interminablemente la entrega de la información de los movimientos financieros de los presuntos inculpados, una de las razones por las cuales las investigaciones son muy débiles.

Por otra parte, mantenía viva la presunta lucha del único gobernador independiente de México, pues las autoridades federales albergaban la esperanza de que su candidatura a la Presidencia de la República les permitiera socavar la base electoral de Andrés Manuel López Obrador. En este caso, la expresión más descarada del apoyo del gobierno federal al entonces gobernador con licencia ocurrió el 10 de abril de este año, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó arbitraria y discrecionalmente, por mayoría de votos, el registro a su candidatura (Proceso 2163).

Esta postura del gobierno federal permitió mantener vivas las esperanzas de la ciudadanía de que en algún momento se castigarían los presuntos actos de corrupción del gobierno medinista, pese a la fragilidad de los expedientes consignados por la subprocuraduría anticorrupción, lo que se hizo evidente prácticamente desde el inicio de la embestida. Sobre el particular se habló en este mismo espacio (Proceso 2074), cuando se señaló que la operación era “más una estrategia mediática que una bien estructurada lucha anticorrupción”.

Lo anterior se confirma con las 20 exoneraciones dictadas por los jueces de control a favor de Medina y sus excolaboradores, según el recuento publicado por el diario regiomontano El Norte en su edición del miércoles 15. 

Así, 26 meses después de que el gobierno de Rodríguez Calderón anunciara su Operación Tornado para –según afirmó– sancionar a más de 30 funcionarios de alto nivel de la administración medinista señalados por presuntos actos de corrupción, son pocos los casos que permanecen abiertos; salvo algunos que involucran montos menores, todo indica que el gobierno actual también los perderá.

Pero al mismo tiempo, en otra palpable muestra del uso electoral de la justicia, era imprescindible que los juicios se mantuvieran abiertos hasta el 1 de julio de 2018, pues de acuerdo con los cálculos del gobierno federal El Bronco era el único que le podía arrebatar votos al candidato de Morena y mantener igualmente viva la esperanza del presidente Enrique Peña Nieto de que su candidato José Antonio Meade tuviera una ligera posibilidad de ganar la elección presidencial.

Una vez que dicho objetivo se frustró, lo conveniente es dictar sentencias antes del 1 de diciembre de este año; es decir, antes del cambio de gobierno federal, para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda proporcionar información que contribuya a la integración de expedientes más sólidos y que puedan conducir a sentencias condenatorias.

Así, lo previsible es que en los siguientes días y meses se resuelvan favorablemente para Medina y sus excolaboradores los juicios restantes, salvo algunas excepciones que permitan argumentar que sí se trataba de una lucha anticorrupción y no únicamente de un show mediático, como parte de una estrategia electoral que pretendía incidir en el resultado electoral del pasado 1 de julio.

La exoneración de Medina es una de las últimas escenas de este tercer y último acto del decepcionante show del Bronco, que inició hace poco más de tres años con un auditorio lleno y que ahora, sin embargo, luce desolado.

Este análisis se publicó el 19 de agosto de 2018 en la edición 2181 de la revista Proceso.

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