Lo que implica el aval de López Obrador al GIEI para el caso Ayotzinapa

BOGOTÁ (apro).- La decisión del próximo gobierno mexicano de retomar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa tiene implicaciones que van mucho más allá del interés de esclarecer la desaparición de 43 normalistas las noches del 26 y 27 septiembre de 2014.

Esto, porque el GIEI no sólo perfiló hipótesis que las autoridades mexicanas nunca quisieron investigar, sino porque esa renuencia oficial les pareció a los expertos una operación de obstaculización y encubrimiento impulsada desde altas esferas políticas, militares y de la PGR.

Esto quiere decir que la voluntad del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador de esclarecer los hechos de la Noche de Iguala a partir de la indagatoria del GIEI, pasa por agotar las líneas de investigación propuestas por ese grupo y, además, por establecer responsabilidades a quienes intentaron bloquear su labor.

Por ejemplo, los cinco integrantes del GIEI –grupo convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— nunca entendieron por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto siempre les impidió entrevistar a los militares que presenciaron y dieron puntual seguimiento a los acontecimientos de la Noche de Iguala.

Desde que decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa salieron la tarde del 26 de septiembre de 2014 hacia Iguala para realizar una protesta, hasta la madrugada del 27 de septiembre, cuando varios de ellos habían muerto o estaban desaparecidos, efectivos del Ejército fueron testigos de privilegio del ataque a los jóvenes.

Para los integrantes del GIEI era claro que los militares que presenciaron los hechos podrían aportar información para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, pero el gobierno de Peña Nieto boqueó las múltiples solicitudes de ese grupo para entrevistarlos y para tener acceso a los reportes de inteligencia que elaboraron para sus superiores.

En septiembre de 2015, la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, integrante del GIEI, le pidió personalmente a Peña Nieto autorizar las entrevistas a los militares. Lo hizo tras una reunión del presidente con padres de los normalistas desparecidos.

“El presidente se acercó a saludarnos y le expuse la necesidad de entrevistar a los militares. Le comenté: ‘ellos estuvieron presentes esa noche en Iguala y la información que tienen nos puede ayudar mucho’”, contó Buitrago en una entrevista con Proceso hace dos años.

La respuesta de Peña Nieto fue una pausa de silencio y un escueto: “Lo voy a pensar”. Nunca, sin embargo, llegó esa autorización. Por el contrario, los expertos supieron que desde oficinas de Los Pinos salieron órdenes para parar indagatorias que solicitaban a la PGR.

Buitrago considera que, en el caso Ayotzinapa, “lo que hubo es una operación desde altos niveles del Estado para dar la apariencia de que se estaba haciendo algo cuando realmente no se estaba haciendo nada”.

El próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, adelantó la semana pasada que el gobierno de López Obrador partirá de las investigaciones del GIEI para esclarecer el caso Ayotzinapa y que incluso invitará a los expertos a volver a México para retomar sus indagaciones.

Apro conoció que ya se está organizando una reunión entre Encinas y el GIEI y que esta se podría realizar en la Ciudad de México el mes próximo, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los jóvenes.

Los expertos del GIEI son los abogados Claudia Paz (Guatemala), Francisco Cox (Chile), Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia (estos dos colombianos) y el médico y sicólogo español Carlos Beristain.

La decisión política del futuro gobierno de López Obrador de avalar las investigaciones del grupo de expertos convocado por la CIDH es apenas un paso hacia el objetivo de esclarecer lo ocurrido con los 43 normalistas desparecidos en Iguala, pero es un paso en la dirección correcta.

Ninguna autoridad mexicana realizó una indagatoria tan exhaustiva y profunda de los acontecimientos en Iguala como el GIEI, y hay elementos para presumir que ello fue por negligencia o como parte de una operación de encubrimiento.

Alejandro Encinas ya dijo que hay “muchísimas” líneas de investigación que trazó el GIEI que serán retomadas, como “la responsabilidad estatal en la desaparición forzada de los muchachos, que está acreditada”, y “la presencia de elementos de las fuerzas armadas” en Iguala la noche del ataque a los normalistas.

El futuro subsecretario de Derechos Humanos afirmó que también se investigará la probable alteración del basurero de Cocula, supuesta escena del crimen, la cual habría estado a cargo de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y uno de los autores de la insostenible “verdad histórica”.

El 28 de octubre de 2014 Zerón acudió al río San Juan, junto al basurero de Cocula, en compañía del presunto sicario de Guerreros Unidos, Agustín García Reyes, “El Chereje”, sin que esa diligencia fuera registrada en el expediente del caso Ayotzinapa.

Curiosamente, al día siguiente apareció en el río una bolsa con restos óseos de Alexander Mora, uno de los estudiantes desparecidos.

El GIEI denunció el hecho en abril de 2016, en el segundo y último informe que elaboró del caso Ayotzinapa, pero a pesar de la revelación Zerón fue mantenido como director de la AIC hasta el 14 de septiembre de ese año, día en que fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, un cargo que depende directamente de Peña Nieto.

Los integrantes del GIEI recibieron información de que las órdenes de obstaculizar las solicitudes de investigación o acceso a expedientes de la SEIDO –la poderosa subprocuraduría de la PGR que asumió en un principio la investigación del caso Ayotzinapa y nunca la soltó del todo– provenían de la oficina jurídica de la Presidencia, que hasta junio de 2017 estuvo a cargo de Alfonso Humberto Castillejos Cervantes.

Junto con sus primos, el exprocurador general Raúl Cervantes Andrade y el titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, el exconsejero jurídico de Los Pinos es uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto. Los tres primos acompañaron al mandatario desde su época de gobernador del Estado de México. Tomás Zerón es allegado a ellos.

La decisión de López Obrador de avalar las indagatorias del GIEI constituye también una reivindicación para el minucioso trabajo realizado en México por el grupo de expertos, quienes en la medida en que avanzaban en sus indagatorias fueron objeto de una dura campaña mediática plagada de falsedades y tergiversaciones.

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