CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La limitación para entregar fondos únicamente hasta octubre próximo al Fideicomiso para el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una muestra del “desdén” del gobierno de Enrique Peña Nieto a la libertad de expresión, reprobó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Durante la presentación del “Estudio de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH en Materia de Agresiones a Periodistas”, hizo un llamado a las autoridades “para que se dote de los recursos suficientes al Fideicomiso, que está sostenido en una ley de 2012. Lo que se pide es cumplir la ley”. El ombudsman consideró “preocupante” que no se hayan destinado recursos suficientes para el Mecanismo, situación que se arrastra desde el año pasado, “porque el tema de las agresiones no se ha revertido, el tema de la impunidad sigue latente”. Al recordar que, en el 2017, tras los homicidios de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) los 32 mandatarios se comprometieron a aplicar como política pública la Recomendación General 24/2016 para combatir la agresión contra los periodistas, González Pérez destacó que instrumentará un “semáforo” para indicar el avance de los gobiernos locales en el cumplimiento de las recomendaciones. El presidente de la CNDH señaló que, pese a que 94% de las autoridades a las que se dirigió la Recomendación General 24/2016 enviaron escritos de aceptación, éstos fueron meros acuses de recibo. La prueba de que no generaron política pública, agregó, es que “la impunidad es de más de 90%”. De las respuestas recibidas por la CNDH a la Recomendación, en 39% se refirió a “contestaciones rutinarias; 19% son respuestas que glosan las recomendaciones y 33% contienen información que manifiesta alguna forma de seguimiento a casos o recomendaciones específicas”. Respecto a las respuestas enviadas por los gobiernos municipales, comentó que “82% fue de carácter rutinario y burocrático”. El estudio que se encomendó a la UNAM y fue coordinado por el investigador Raúl Trejo Delarbre, se refiere también a otras tres recomendaciones generales emitidas por el organismo sobre agravios a periodistas: las 7/2004, 17/2009 y 20/2013. En el documento se destaca que en la Recomendación 24/2016, en los primeros días “37% de instituciones federales y estatales respondieron de manera afirmativa; y 28% más en el siguiente mes; 3% en el mes posterior y el 68% demoró entre uno y seis meses”. Destaca que las autoridades estatales que no atendieron las recomendaciones son Chihuahua, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, en tanto que, por parte de los dos mil 458 municipios, solo 30 respondieron. Y en cuanto a la Ciudad de México, sólo atendió una delegación. Las respuestas tardías de autoridades reflejan “una falta de compromiso” en la protección de los comunicadores, consideró González Pérez. Ana Cristina Ruelas, representante en México de la organización internacional Artículo 19, advirtió que, pese a que hay un 40% de respuestas de los gobiernos federal y estatales sobre supuesto cumplimiento de recomendaciones, es significativo que “99.6% de los casos de violencia queden en impunidad, lo que habla de la indolencia de un Estado que no reconoce la violencia a la libertad de expresión como un problema de Estado”. La directiva aprovechó el espacio para hacer un llamado al gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para atender como una de sus prioridades el tema de la libertad de expresión. “Hay una exigencia clara, que en el marco del nuevo gobierno cambiemos las cosas y hacer una dinámica diferente, no es que estemos buscando un estándar distinto al que cualquier persona está expuesta, sólo hay que pensar qué sería de la sociedad sin periodistas”, dijo la defensora. El documento, de 500 páginas, incluye seis ensayos de periodistas sobre la situación de violencia y obstáculos que viven los periodistas, así como una serie de entrevistas y respuestas a solicitudes de información entregadas por dependencias federales, estatales y municipales.