CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El budismo se identifica como una doctrina que busca la elevación del espíritu y la paz interior mediante el desapego a los bienes materiales y la supresión de las pasiones humanas. Pero en la práctica no siempre es así. Y muchas veces, como ocurre en otras religiones, los primeros en quebrantar estos principios son sus propios ministros. Así, hace una semana el Maestro Xuechang renunció a la presidencia de la Asociación Budista de China (ABCH) en medio de un escándalo por abuso sexual. Seis monjas de su templo lo acusaron de enviarles “mensajes con contenido explícito” y presionarlas para que mantuvieran relaciones sexuales con él. Las denuncias, inscritas en el movimiento internacional detonado por el MeToo estadunidense, fueron asentadas en un documento interno elaborado por otros dos monjes, que acabó filtrándose y siendo compartido masivamente en redes sociales, donde Xuechang es muy activo y cuenta con un millón de seguidores. Ahora ha guardado silencio. Pero el reverendo, quien funge como abad del templo de Longquan, a las afueras de Beijing, también ha sido acusado de corrupción y de permitir la construcción ilegal de edificios adyacentes a ese recinto sagrado. Por todas estas acusaciones, fue citado a declarar ante la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. Fue puesto en libertad, pero desde entonces no se sabe nada de él. Como presidente de la ABCH, Xuechang era el monje budista de más alto rango en el país y, como tal, contaba con un asiento en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un órgano asesor del gobierno. El dato no es menor si se considera el carácter secular del Partido Comunista Chino y la batalla frontal que libra contra otra vertiente budista dentro de su territorio. El Tíbet y su máxima figura representativa, el Dalai Lama, son vistos en el mundo como el epítome de la humildad y la no violencia, otros dos rasgos básicos del budismo. Pero no hay que olvidar que detrás de esta imagen se libra una lucha política muy terrenal, desde que en 1950 la China comunista de Mao invadió ese territorio e intentó secularizar a su población de grado o por fuerza. El primer gran acto de resistencia fue violento, cuando en 1959 la población de Lhasa, la capital, se sublevó y fue brutalmente reprimida por las tropas chinas. Luego de casi 10 mil muertos, el Dalai Lama huyó hacia la India, seguido por unas 150 mil personas, donde fundó un gobierno en el exilio. Así, además de líder espiritual, el Dalai Lama es también jefe de Estado. Tiene un primer ministro y otros siete ministros, y su gobierno cuenta con un sistema judicial y un Parlamento propio, para el que cada cinco años se realizan elecciones entre los tibetanos exiliados. Y aunque no tiene reconocimiento internacional, en sus múltiples viajes por el mundo el austero monje es recibido como una relevante figura política, que se dedica a denunciar la opresión china en “el Tíbet ocupado”. Para los tibetanos que se quedaron ahí, la resistencia ha sido mucho más dura y, aunque sustancialmente pacífica, no ha estado exenta de brotes de violencia. El último y más grave se dio en 2008, cuando aprovechando el escaparate de los Juegos Olímpicos organizados por Beijing, los habitantes de Lhasa organizaron manifestaciones masivas que culminaron en disturbios. La represión no tardó y se saldó con 20 muertos, según las autoridades chinas, y 200, según el gobierno tibetano. Oficialmente unas mil 400 personas fueron detenidas y otras 2 mil 500 “se entregaron”. Amnistía Internacional reportó que al menos 700 de ellas continúan en paradero desconocido. El gobierno chino acusó al Dalai Lama de organizar las protestas para promover la independencia. Él lo negó, pero insistió en una autonomía que permita mantener la cultura, el idioma y la rama tibetana del budismo. Desde entonces se emprendieron pláticas que han fracasado una y otra vez. Según algunos analistas, el gobierno de Beijing estaría apostando a la muerte natural del actual Dalai Lama y la “reencarnación a modo” de un nuevo Buda. También con tintes políticos, pero por cuestiones más mundanas, la junta militar que gobierna en Tailandia desde 2014 emprendió este año una revisión contable de monasterios, templos y monjes budistas, de los cuales varios ya han ido a parar a la cárcel bajo cargos de corrupción, estafa y malversación de fondos. Con azoro, los tailandeses observaron cómo salían a la luz jets privados, ropa y accesorios de marca, centenas de miles de dosis de diversas drogas, fotos y videos pornográficos, y millones de dólares de los que nadie daba cuenta, todo gestionado por grupos de monjes budistas que agasajaban en sus templos a un turismo ávido de “buenas vibras”. Ya antes, a nivel doméstico, el budismo tailandés había establecido un lucrativo mercado de “méritos”; una versión de las “indulgencias” del cristianismo, en el cual los creyentes, a través de prebendas a monjes y templos, compran la versión budista del perdón o “buen karma”. Pero de pronto los militares decidieron que la fiesta y el negocio se acabaron. Según varios analistas tailandeses, esta depuración es vista por el gobierno militar como una forma de legitimarse ante una población en 93% budista, y que no está nada contenta con la incursión de los monjes en la industria del sexo y el turismo de fiesta que hay en el país. Pero se está usando también con fines partidarios y, peor aún, nacionalistas y xenófobos. Así, la mayor parte de los templos investigados alberga a monjes calificados como “camisas rojas”, un grupo de filiación budista que se formó alrededor del exprimer ministro Thaksin Shinawatra, depuesto en otro golpe de Estado en 2006, pero que sigue siendo muy popular y podría constituir un desafío mayor en el proceso electoral previsto para 2019. Lo más preocupante, empero, es que la última Constitución, aprobada en 2016, le confirió al budismo “una protección especial” e instituyó que se debe “promover y apoyar la educación y diseminación de los principios del dharma (el budismo Teravada)”. La iniciativa fue presentada por el Comité para Promover el Budismo como Religión de Estado, cuyo presidente Banjob Bannaruji está convencido de que sin un monacato budista modélico, Tailandia caerá en manos de los musulmanes, que constituyen una minoría en el sur del país. Pero la expresión más grave de un budismo radical, excluyente y agresivo se está dando, sin duda, en Myanmar y Sri Lanka, donde hace ya rato se ha pasado de las palabras inflamadas a los hechos violentos. El pasado 16 de agosto, Facebook admitió su responsabilidad al no haber frenado a tiempo los mensajes de odio difundidos el año pasado por grupos nacionalistas birmanos y extremistas budistas contra la minoría musulmana rohingya, que a la postre derivaron en una carnicería y la huída de 700 mil de estos últimos hacia Bangladesh. Si bien la represión corrió a cargo de los militares birmanos, después de una treintena de ataques contra el ejército atribuida a un grupo rebelde de esa minoría étnica, lo cierto es que los rumores y las arengas ayudaron a crear un clima de linchamiento entre la mayoría budista, que vio con pasividad –cuando no apoyó– lo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó como “una limpieza étnica de manual”. Fue sólo hasta enero de este año que la compañía estadunidense eliminó la cuenta de Shin Wirathu, un monje budista famoso por su encendida retórica antirohingya. Líder del Movimiento 960, que se caracteriza por su animadversión a los musulmanes en general, sus diatribas no pocas veces han incitado a actos de violencia entre ambas comunidades. El año pasado, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta francés Barbet Schroeder presentó la película “El venerable W”, que cuenta precisamente la larga historia de este influyente monje como promotor de una persecución racista contra los no birmanos en Myanmar. Tuvo que grabar en la clandestinidad y salir precipitadamente cuando empezó a levantar sospechas. Si bien en Sri Lanka no se han dado persecuciones ni éxodos masivos por motivos étnico-religiosos después del fin de la guerra con la minoría tamil (2009), los cingaleses budistas sí se ven a sí mismos como una mayoría dominante (70%). A principios del siglo pasado una prominente figura budista, Anagarika Dharmapala, acusó a cristianos y musulmanes de haber destruido el “paraíso” que era Ceylán; y en 1959 un monje budista asesinó al primer ministro Salomón Bandaranaike, por no privilegiar a los suyos frente a otros colectivos minoritarios. Más recientemente, en 2004, nueve monjes fueron elegidos al Parlamento sobre la base de una plataforma nacionalista. Y un tiempo después se separó de ella Gnanasara Thero, para formar el grupo Bodu Bala Sena (BBS o Fuerza Budista), que ahora encabeza el ala más dura del nacionalismo cingalés. Aunque niega ser un grupo extremista, desde 2012 BBS se dió a la tarea de realizar actos provocadores contra minorías, que finalmente desembocaron en violencia en 2014. Luego de un altercado entre musulmanes y un monje budista, Gnanasara convocó a un mitin en el que en términos racistas amenazó con exterminarlos si tocaban a un cingalés. Después, grupos enardecidos encabezados por monjes marcharon hacia barrios musulmanes, incendiando casas y negocios. Cuatro personas murieron y 16 resultaron gravemente heridas. A principios de este año los enfrentamientos se repitieron casi como una copia, hasta que en marzo el gobierno de Sri Lanka optó por decretar el estado de emergencia para evitar que se extendiera la ola de violencia, que hasta donde se sabe cobró una vida en cada bando. Hace tres años, el BBS invitó a Colombo al líder birmano del Movimiento 960. Gnanasara y Wirathu coincidieron en que el budismo estaba bajo asedio en Asia y firmaron una alianza estratégica para defenderlo.