MONTERREY, NL (apro).- A siete años del ataque perpetrado por Los Zetas en el Casino Royale, donde murieron 52 personas, ningún exfuncionario ha sido procesado. En conferencia de prensa, el vicefiscal Luis Enrique Orozco informó que hay tres averiguaciones previas abiertas contra servidores públicos, aunque no sabe cuántos son investigados y tampoco si los delitos ya prescribieron. Señaló que esas personas, de las que no dio nombres, son investigadas por haber incurrido en “actos nocivos” al no cuidar leyes y reglamentos, como es el caso de exfuncionarios de Protección Civil estatales y de este municipio, a quienes se responsabilizaría por negligencia. Con el fin de explicar la demora en el avance de las investigaciones, Orozco Suárez destacó que la nueva Fiscalía General entró en funciones a partir de marzo, por lo que aún se encuentra en la etapa de “evaluar” los casos que sustituyó la Procuraduría General de Justicia (PGJ). La víspera de que se cumpla el séptimo aniversario luctuoso de la masacre, el vicefiscal de Ministerios Públicos expresó que la responsabilidad de la demora, en todo caso, es por la desaparecida PGJ, que encabezaba el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos. “No pudiera hacerle una explicación o justificación sobre los motivos por los cuáles en estos siete años no estuviera resuelto. No pudiera hacer una evaluación en particular sobre el archivo (el expediente del caso Royale). Lo que le quiero decir es que el estatus que guardan las investigaciones es el que le comento: la Fiscalía ha seguido dando curso a la instauración de los procesos, y éste no es de pocas fojas, es inmenso”, puntualizó. Y resaltó que por ahora él no es capaz de dar una conclusión sobre la forma en que encontró los expedientes. El vicefiscal explicó que en relación con el incendio en la casa de apuestas, el 25 de agosto de 2011, fueron detenidas 18 personas, de las cuáles una falleció en el interior del penal del Topo Chico. De los 17 que siguen con vida, dijo, sólo cuatro han sido sentenciados con penas que van de los 75 a los 100 años de prisión. “Se mantiene en prisión a 17 personas por su participación probable o plena, una más que ya falleció en hechos sucedidos en el penal, en un motín, el resto se encuentran internados en el penal del Topo Chico o distintos centros penitenciarios del estado o del país”, remarcó. Del total de los responsables en el ataque, abundó, tres promovieron juicios de amparo para reponer sus procesos; hay cuatro de las causas que se encuentran en suspensión por reclamos de tortura; dos procesos están en curso en distintas etapas de procedimiento, y hay otras tres órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar a responsables ya detenidos. Ninguno de los arrestados ha sido liberado, subrayó. De igual manera, precisó que los capos zetas que ordenaron el ataque son: Baltazar Saucedo, El Mataperros; José Alberto Loera, El Voltaje; Roberto Carlos López Castro, Toruño; Javier Alonso Martínez Morales, Javo; Miguel Ángel Barraza Escamilla, Barraza, y Jonathan Emmanuel Estrada, El Trompas, este último asesinado en la penitenciaría estatal. Los demás detenidos fungieron como halcones en el operativo efectuado en el Casino Royale, donde las víctimas perecieron asfixiadas por el humo que provocó el incendio. De acuerdo con el vicefiscal, el inmueble aún se encuentra asegurado por la Procuraduría General de la República, instancia que también tiene abiertas carpetas contra las personas señaladas por delitos de delincuencia organizada. También reveló que 21 de los deudos accedieron a una parte de la indemnización que les proporcionó la compañía con la que el propietario del casino se había asegurado. En la conferencia de prensa estuvieron presentes el director del Sistema Tradicional Jesús Candelario Sánchez González y el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú.