Alejandro Encinas, quien a partir del próximo 1 de diciembre será subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advierte que habrá un “cambio de paradigma en la relación de las Fuerzas Armadas en el país”. El propósito es terminar con la impunidad de las tropas que hayan cometido abusos contra la población. Su principal compromiso, dice en entrevista con Proceso, es crear una Comisión de la Verdad y resolver los casos más emblemáticos heredados de la administración de Enrique Peña Nieto: Tlatlaya y Ayotzinapa. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-  El viernes 24, casi al mismo tiempo en que el encargado de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos, Alejandro Encinas Rodríguez, habló de la responsabilidad que le delegó Andrés Manuel López Obrador, éste anunció que los elementos castrenses en funciones de seguridad pública durante los últimos 12 años seguirán en las calles. Entrevistado en su oficina del Senado, Encinas habla de la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice, son emblemáticos, pues varios de los militares implicados no han sido sancionados. Cuestionar a un militar no va en demérito de la institución castrense, aclara, y apunta: “Ese prurito es absurdo; en el fondo es encubrimiento”, comenta. Encinas es uno de los poco colabores de López Obrador que no pasó por el PRI. Comenzó su militancia en el Partido Comunista Mexicano. Señala que la práctica de las Fuerzas Armadas de acuerparse frente a señalamientos de graves violaciones a derechos humanos se remonta al menos a la época del homicidio del líder campesino Rubén Jaramillo y su familia, la matanza de Tlatelolco en 1968, las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia y las represiones a los movimientos obreros. “Siempre se vio esa intervención del Ejército como una intervención institucional y no como una responsabilidad del presidente”, destaca Encinas. Recuerda: en los años de control férreo del PRI, la actuación de las Fuerzas Armadas respondía al cumplimiento “de la orden del jefe máximo”; al menos así sucedió durante la represión estudiantil en 1968, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz “asumió personalmente la responsabilidad política, histórica y jurídica”. Considera que en años recientes se ha malentendido la defensa de la institución castrense al proteger a elementos que han fallado. Y sentencia: “Ni el Ejército ni la Marina tienen por qué asumir como institución los errores o los abusos que cometen sus elementos… No tienen por qué encubrir una responsabilidad en una malentendida defensa de la institución”. (Fragmento de la  entrevista publicada en Proceso 2182, ya en circulación).