La PGR abrió una ventana de impunidad para Javier Duarte y sus colaboradores

XALAPA, Ver. (apro).- La reclasificación que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) de los delitos imputados al exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dejó una rendija abierta para que el defenestrado político pueda obtener una libertad provisional en breve, porque le retiraron la acusación de delincuencia organizada para dejarla sólo en “asociación delictuosa”.

Esta situación también abre la esperanza para que los subordinados y cómplices de Duarte de Ochoa –investigados aun por el actual gobierno del panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares–, y quienes dejarán el fuero constitucional, que ostentan desde San Lázaro y el Congreso local, puedan retirarse sin enfrentar a la justicia por el saqueo patrimonial ocasionado a los veracruzanos en el periodo constitucional 2010-2016.

“El gobierno de (Enrique) Peña acordó apretarnos, exhibirnos… pero no ahorcarnos”, pláticó un diputado federal saliente y cercano colaborador de Duarte de Ochoa en su administración 2010-2016 en condición de anonimato.

Agregó: “Si acaso, quien tocará sombra (en clara alusión a la cárcel) será Tarek Abdala Saad”, exdirector administrativo del DIF estatal con Karime Macías –esposa de Duarte de Ochoa-, extesorero del mandatario veracruzano y hoy legislador federal del PRI, a quien el fuero constitucional le vence el próximo 30 de agosto.

El 29 de agosto del 2015, 20 diputados federales veracruzanos tomaron protesta. La mayoría de ellos son priistas y varios de ellos muy cercanos al primer círculo de Duarte de Ochoa, quien incluso un semestre antes los impulsó para los cargos de elección popular.

Aunque hay algunos que le han dado la espalda: Édgar Spinoso Carrera fue subsecretario de Finanzas y oficial mayor de la Secretaría de Educación con Javier Duarte. Regresó su aeronave adquirida con dinero público para obtener inmunidad en el gobierno de Miguel Ángel Yunes en el proceso de investigación que se le sigue a Duarte de Ochoa y también aportó información que comprometía más al exmandatario veracruzano.

A Spinoso Carrera, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades financieras en sus dos encomiendas en Sefiplan y SEV, registradas en los informes de resultados 2011, 2012 y 2013, incluso fue despedido del gobierno de Duarte de Ochoa por dichas irregularidades, aunque en el 2015, el priista lo impulsó a una candidatura federal.

“La reconciliación” con su funcionario fue “presumida” por Duarte de Ochoa en sus redes sociales.

Otro caso es Alberto Silva Ramos, diputado federal priista saliente, quien fue secretario de Desarrollo Social, coordinador de Comunicación Social, secretario particular del gobernador y líder estatal del PRI con Duarte de Ochoa.

A Silva Ramos, la Fiscalía General de Veracruz (FGE) le inició un “juicio de procedencia” en San Lázaro, el cual fue “bloqueado” por sus homólogos priistas, también se le acusa por manejos irregulares en la Cruzada Nacional Contra el Hambre en su paso por Sedesol, pero junto con Georgina Domínguez, exvocera de Duarte de Ochoa –ya en prisión- se le atribuye un pago global de 13 mil millones de pesos a medios de comunicación –cientos de millones no justificados- entre los cuales estuvieron como “consentidos” TV Azteca, Televisa y El Universal, según información entregada a este reportero por la oficina de prensa de Yunes Linares.

Los legisladores federales del PRI: Erick Lagos Hernández y Jorge Carvallo Delfín no aparecen indiciados en ninguna carpeta de investigación federal y local, pero ambos fueron muy cercanos e influyentes en el gobierno de Duarte de Ochoa; Lagos Hernández fue secretario de Gobierno y líder estatal del PRI, mientras que Carvallo Delfín fue secretario de Desarrollo Social y secretario particular de Duarte de Ochoa.

Ambos, desde San Lázaro, presumen que pactaron con el panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares a cambio de “entregar información” que, en su momento, comprometió más al hoy exgobernador preso en el Reclusorio Varonil Oriente.

En el Congreso local, los diputados Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez fueron secretarios particulares de Duarte de Ochoa y tesoreros de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ambos son mencionados en una decena de las 72 denuncias que interpuso el departamento jurídico de la Auditoria Superior de la Federación (los oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 y  DGJ/C1/2228/2014, en poder del reportero).

Ahí, también aparecen involucrados la secretaria de Educación de Veracruz y la secretaria de Seguridad Pública, en Educación con Adolfo Mota a cargo y cuyo fuero constitucional le vence el próximo 30 de agosto y en la Secretaría de Seguridad Pública con Arturo Bermúdez, actualmente preso por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.

Apenas el miércoles pasado en rueda de prensa, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares recordó que en la administración de Javier Duarte se defraudó al fisco por más de 17 mil millones de pesos derivados en fingir el resarcimiento de recursos no ejercidos o no justificados, y que junto con el daño patrimonial exhibido en las 72 querellas interpuestas por la ASF equivalen a haber desfalcado la cuarta parte del erario veracruzano.

De acuerdo con las denuncias a las que Proceso tuvo acceso, el modus operandi era el siguiente: “Reintegraban recursos a la Federación, mandaban comprobación y volvían a sacar el recurso”.

La querella en su parte medular señala: “Funcionarios del gobierno de Veracruz simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente lo volvían a retirar en dos transferencias”.

Este ejercicio de malversación de fondos fue bautizado por la prensa y por políticos de oposición como “la licuadora”.

Javier Duarte, un previsor inmobiliario

De acuerdo con Yunes Linares hay “cientos” de denuncias civiles interpuestas por el gobierno de Veracruz, apoyadas en el despacho inmobiliario Anthony Fusbee, para lograr la recuperación de cerca de 200 inmuebles, adquiridos con dinero del erario de Veracruz y que tienen como dueños a: Javier Duarte, Karime Macías, familiares en primer grado de ambos, prestanombres y servidores públicos del periodo 2010-2016 (Arturo Bermúdez, Gabriel Deantes, Astrid Elías Mansur, entre otros)

A decir del mandatario saliente se encuentran también las residencias, departamentos y locales de centros comerciales regados en: Texas, Tucson, Miami, Nueva York, Colorado y en varios destinos de Europa.

A mediados de septiembre, por ejemplo, en el condado de Harris, en Houston, se realizará una audiencia civil para desahogar el reclamo de un inmueble de Duarte de Ochoa, que el gobierno de Veracruz reclama por haber sido comprado con dinero público.

Una cárcel en Veracruz lo espera: Yunes

En tanto, Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que no “permitirá” que el exgobernador priista Javier Duarte salga de prisión.

Ataja que aunque la PGR le modifique en un futuro la medida cautelar, la Fiscalía General del Estado de Veracruz le tiene varias órdenes de aprehensión por un sin número de delitos, entre ellos: fraude, desvío de recursos, coalición, peculado, así como una en trámite por desaparición forzada, la cual estaría por efectuarse en próximas semanas.

“No puede haber clemencia para quien no tuvo piedad con Veracruz, él y su banda fueron despiadados a quienes no les importó el daño gravísimo que le hicieron a los veracruzanos, no hay manera de que sean perdonados. El daño estructural que hicieron salta a la vista”, aseguró el gobernador.

Yunes Linares reparó en que si Duarte de Ochoa “fuera liberado” para que continuará su proceso penal en libertad, de inmediato tendría que ser entregado a las autoridades de Veracruz para ser trasladado al Centro de Reclusión ubicado en Pacho Viejo y desde ahí cursar en prisión sus procesos.

“Duarte y su banda robaron el dinero de los niños, de los ancianos, de los jubilados; los fondos que debían haber sido destinados a comprar medicinas y mejorar las instituciones de salud. Robaron el dinero de la Universidad Veracruzana; también, los recursos de los municipios”, aseguró.

Yunes Linares fue cauteloso para no evidenciar,el distanciamiento con la PGR. Mientras éstá atenúa y reclasifica los delitos del exmandatario priista y deja de lado los señalamientos por el desvío de recursos para campañas electorales, las desapariciones forzadas y la compra de bienes inmuebles con recursos del erario; el gobierno local de Yunes busca –antes de concluir su administración- dejar “blindada” la cárcel federal o local, donde permanecería Javier Duarte.

Actualmente la FGE ya ha confiscado a Javier Duarte el rancho “Las Mesas” en Valle de Bravo; “El Faunito” en Amatlán de los Reyes; uno de los dos departamentos en la Torre Pelicano, así como un departamento y un local comercial en Woodlands, Texas.

Ahora Yunes Linares apela a que en próximas semanas se pueda ejecutar una orden de aprehensión por “desaparición forzada” en contra de Duarte de Ochoa, al cual solo habría que notificarle en el Reclusorio Varonil Oriente; por dicho delito ya están siendo procesados: el exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo; el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y 27 policías –entre ellos tres mandos- de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por el mismo delito, el subsecretario Nabor Nava Holguín permanece prófugo de la justicia.

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