VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 12 recomendaciones a la Secretaría de Salud (SS) y al Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET), seis de cumplimiento urgente y seis progresivo, por la crisis hospitalaria que vive la entidad. Entre tales recomendaciones destaca la de iniciar investigaciones y procedimientos administrativos en contra de los actuales titulares o anteriores de ambas dependencias, “tomando en cuenta la gravedad de los derechos humanos violentados y el nivel jerárquico de los servidores públicos involucrados”. Los titulares de la SS e ISSET, respectivamente, son Rommel Cerna Leeder y Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez. En un informe dado a conocer este lunes por el presidente de la CEDH, Pedro Calcáneo Argüelles, a raíz de denuncias de diputados locales priistas, se destaca la realización de 135 inspecciones a 18 hospitales tanto de alta especialidad de esta capital, como del ISSET y de varios municipios, en los que se recogieron 837 testimonios sobre múltiples carencias como desabasto de medicamentos, equipos en mal estado y sobresaturación de pacientes, entre otras irregularidades. En las seis recomendaciones de “cumplimiento urgente” (102- 107/2018), la CEDH pide adoptar medidas necesarias para abastecer medicamentos y material de curación en los centros de salud, disponibles de manera completa, oportuna y en cantidades suficientes, sin costo para los pacientes. Que cuando éstos requieran algún tipo de cirugía puedan acceder sin límites a la realización de estudios de laboratorio o de gabinete, en los tiempos programados y sin costo. De igual manera, se adopten medidas administrativas, financieras y presupuestarias para poner en funcionamiento los escenarios quirúrgicos y equipos médicos, así como de esterilización, laboratorio y de imagen necesarios para los pacientes que requieran de algún tipo de cirugía. Además, revisar medidas financieras que permitan determinar el máximo uso de los recursos que tienen a su alcance, haciendo ampliaciones, transferencias presupuestarias y todo aquello para subsanar las carencias de los centros salud, “incluso, de ser necesario, solicitar la intervención del titular del Poder Ejecutivo para la gestión de empréstitos”. Asimismo, se instale sin dilación un mecanismo provisional, ágil y completo en cada uno de los centros de salud para dar seguimiento puntual a la atención de los pacientes candidatos a cirugía bajo su cuidado. La recomendación 107/2018 destaca que, “tomando en cuenta la gravedad de los derechos humanos violentados y el nivel jerárquico de los servidores públicos involucrados”, se dé vista al órgano que legalmente corresponda para iniciar procedimientos administrativos y las investigaciones conducentes en contra de los actuales o anteriores titulares de la SS e ISSET. En las seis recomendaciones de cumplimiento progresivo (108-113/2018) se demanda establecer un conjunto de indicadores estatales de desempeño, calidad y resultados en Salud, de manera independiente a los que compila la Secretaría de Salud federal, basados en estándares nacionales e internacionales y publicados de manera periódica. Implementar un sistema consolidado de control y seguimiento de pacientes desde su diagnóstico, atención y resultados obtenidos, así como la realización de un estudio del gasto hecho y la eficiencia de los servicios de salud entre 2013 y 2018, sexenio del gobierno de Arturo Núñez. Dicho estudio “deberá abordar, cuando menos, cuántos pacientes atendieron, cuáles fueron sus necesidades de salud, cuál fue la capacidad de atención y resolutiva de cada establecimiento, cuántos y cuáles servicios brindaron, sus costos y qué resultados en salud han tenido”, refiere la recomendación 110/2018. Las conclusiones que resulten de estos estudios deberán ser públicas y, además, “incluir medidas para que más personas accedan a servicios de salud más eficientes y de mejor calidad”. Finalmente, la CEDH recomienda proyectar y ejecutar lineamientos para generar recursos y construir más establecimientos hospitalarios, en las zonas más apremiantes, así como para realizar mejoras más urgentes en los centros de salud que lo requieran. El organismo da un término de 15 días hábiles para que la SS e ISSET informen sobre la aceptación o no de las recomendaciones. Y aclara que la CEDH, “no pretende en modo alguno desacreditar a las instituciones, ni (las recomendaciones) constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares”, sino que busca fortalecer el orden institucional, “que se legitima cuando somete su actuación a la norma jurídica y los criterios de justicia que trae consigo el respeto irrestricto a los derechos humanos”.