TOLUCA, Edomex. (apro).- El colectivo de activistas denominado Fuego de la Digna Resistencia pidió a la 60 Legislatura mexiquense --que entrará en funciones el miércoles 5 de septiembre-- abrogar las leyes Atenco e ISSEMyM, así como cualquier disposición que tenga como finalidad criminalizar la protesta social, además de promover la excarcelación de 16 presos políticos en la entidad. También apeló a construir una agenda parlamentaria de la mano de los pueblos históricamente vulnerados, pues la coyuntura política es ideal para que así ocurra, y con ello se salden deudas históricas con los pueblos más desprotegidos. José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), lamentó que diversos activistas, muchos de ellos indígenas, se encuentros privados de su libertad por situaciones relacionadas con la defensa de las garantías individuales. “Es necesario que los integrantes de la nueva Legislatura mexiquense manden un mensaje directo y concreto para que se abrogue la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, también conocida como Ley Atenco o Ley Eruviel”, destacó. De igual manera, enfatizó la necesidad de derogar cualquier disposición que tenga como finalidad o sea utilizada para criminalizar la lucha social y la manifestación pública. Acompañado por diversas organizaciones sociales de la entidad, Lara Duque recordó que, en los últimos años, diversos activistas han sido privados de su libertad —una parte importante indígenas— por situaciones relacionadas con la defensa de las garantías individuales. César Hernández, representante del movimiento magisterial, sumó a las demandas la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad al Servicio del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), que transforma pensiones en Afores, y destacó la necesidad de que los nuevos diputados jueguen un papel importante en la revisión de los procesos y la liberación de 16 presos políticos: ocho activistas de la comunidad de Salazar, en Lerma; seis defensores del agua en San Pedro Tlanixco, así como José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, y un profesor que se pronunció contra la reforma educativa. “El poder Ejecutivo del Estado de México ha utilizado de forma perversa los aparatos de impartición de justicia para criminalizar a los defensores de derechos humanos”, acusó. En tanto, Lara Duque consideró que el nuevo Congreso local está obligado a abrir un espacio a los integrantes de los diversos pueblos y comunidades atropellados sistemáticamente durante décadas, organizaciones civiles y sociales, para construir, de manera conjunta, una agenda legislativa y un nuevo marco jurídico que garanticen los derechos humanos, en concordancia con el principio expuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “Por el bien de todos, primero los pobres”. “Se debe proteger y garantizar el derecho al agua; sistemas comunitarios; de pueblos indígenas, de educación pública y gratuita, incluso en niveles superiores; de proteger la labor de los periodistas; de los defensores de las garantías individuales, entre otros temas más”, expuso. La nueva administración federal, el Congreso de la Unión, así como el Congreso mexiquense, consideró, están obligados a aliarse en la defensa de las personas más vulnerables. Finalmente, anticipó que, el sábado 29 de septiembre, el CDHZL presentará su informe anual al mediodía en la Plaza de los Mártires, frente al Palacio Legislativo, actividad que servirá como base para las discusiones de los distintos temas que propondrán para integrar la agenda legislativa.