La Oficina, heredera del Cártel de Medellín, quiere pactar su desarme

En entrevista exclusiva con Proceso –con autorización de la dirección colegiada de La Oficina–, un vocero de esta organización criminal urbana, la más grande de Colombia, afirma: “Estamos dispuestos a desarmarnos y a abandonar las rentas criminales” en pos de la pacificación de la muy violenta ciudad de Medellín. Dice que con ello se busca ofrecer a las víctimas “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, los pilares de la justicia transicional. Sin embargo, las pugnas internas de esa mafia pueden dar al traste con esas intenciones y dejar “miles de muertos”.

MEDELLÍN (Proceso).- En una sencilla casa de madera al borde de una pendiente, en una de las montañas que rodean el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, un integrante de la dirección colegiada de La Oficina, quien se identifica como Ocho, está acuartelado con sus hombres. 

Alrededor de ese punto, desde el cual se aprecian a lo lejos Medellín y sus grandes edificios surgiendo de entre la vegetación, Ocho tiene varios círculos de seguridad que le permiten estar al tanto de todos los movimientos que ocurren en cuatro kilómetros a la redonda. 

Son días de zozobra y de ajuste de cuentas en las comunas de Medellín y el dirigente de La Oficina –organismo cúpula de las bandas criminales del Valle de Aburrá y el centro de mando de un ejército urbano que las autoridades calculan en unos 5 mil hombres– vive en estado de alerta. 

Sabe que desde hace meses el orden criminal de esta urbe depende de frágiles equilibrios que se pueden romper en cualquier momento.

“Hay mucha tensión en algunos sectores de la ciudad y hay el peligro de una guerra con una facción disidente de La Oficina que puede dejar miles de muertos”, dice Ocho, quien hace estas declaraciones a Proceso con autorización de la dirección colegiada y del jefe de más peso en la organización, Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como Tom o Carlos Chatas, quien está en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Tom fue capturado hace ocho meses y, de acuerdo con sus abogados, desde entonces está “inactivo” y dedicado a hacer gestiones de paz desde la cárcel.

Ocho también sabe que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha priorizado en su gobierno el tema de la seguridad, y que eso se ha traducido en la captura de importantes jefes de La Oficina. 

Sólo en este mes la Policía Nacional detuvo a dos integrantes de la dirección colegiada de esta organización: Mauricio Alberto Uribe Tabares, El Grande, y Juan Carlos Castro, Pichi Belén.

Según el vocero del grupo criminal urbano más poderoso de Colombia, “aunque hay más capturas, los cabecillas son sustituidos inmediatamente por otros, y la estructura delictiva sigue funcionando igual, pero con más violencia”.

Esto, afirma, porque los nuevos jefes “tienen menos control sobre sus estructuras”. 

El hecho es que los homicidios en Medellín han aumentado 20% este año. Entre enero y el pasado domingo 19 ocurrieron 403, contra 336 en el mismo periodo de 2017. Más de la mitad de los asesinatos (56%) son atribuidos por la alcaldía a enfrentamientos entre bandas por el control territorial.

Ocho afirma que La Oficina, que controla 90% de las estructuras criminales del área metropolitana de Medellín –el Clan del Golfo controla el restante 10%–, no sólo está decidida a acabar con esas disputas territoriales, sino que ya ha logrado importantes avances en ese sentido.

Esto, dice el vocero de la organización, como paso previo para propiciar un proceso de diálogo con las autoridades locales y el gobierno nacional, a fin de lograr “la paz urbana” en la segunda ciudad de Colombia.

“Queremos acogernos a la justicia”, dice a este semanario el vocero de la organización fundada en los ochenta por el jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, y la cual, desde entonces, ejerce el dominio de barrios enteros en esa ciudad y en los otros nueve municipios que forman el Valle de Aburrá, entre ellos Envigado, Bello, Itagüí y Copacabana. 

Esto, agrega Ocho, significa “que estamos dispuestos a desarmarnos, a desmantelar las estructuras criminales y a acabar con las rentas ilegales”.

De acuerdo con el vocero de La Oficina, esa organización, creada para agrupar a todos los combos (pandillas) del Valle de Aburrá y que acabó como brazo armado del Cártel de Medellín, quiere iniciar un proceso de paz que ponga fin al conflicto urbano que ha marcado a esta urbe desde los ochenta.

Y lo quiere hacer ofreciendo a las víctimas “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, los cuatro pilares de la justicia transicional que se aplicaron en Colombia para resolver el conflicto con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Lo que necesitamos –dice Ocho– es una fórmula jurídica que le permita una salida digna a la totalidad de los miembros de La Oficina, a los líderes y a la base, con rebaja de penas a cambio de reconocer delitos y con compromisos para reparar a víctimas de nuestra organización”. 

También, agrega, se requiere un programa gubernamental “para reinsertar a la sociedad y a la vida productiva a los jóvenes que forman parte de nuestra estructura y que no han encontrado más opciones que en el delito”.

Por eso, señala, la única salida “de fondo” al problema de la criminalidad “es llevar a nuestros jóvenes educación, salud y empleo”.

Considera que un proceso de paz con esas características lograría “la pacificación casi total de Medellín y una reducción de la violencia” nunca antes vista en la ciudad.

“Queremos entregar, como gesto inicial, 120 armas. Ese sería un primer paso. Y después empezar un proceso de acogimiento a la justicia. Acogimiento nos parece un término más adecuado que sometimiento, porque apunta a soluciones de fondo”, asegura Ocho sentado ante a una mesa de plástico en la pequeña terraza de su refugio en la montaña.

Allí, frente a una tasa de café y un plato de fruta picada, dice que Tom es reconocido por la organización como un líder idóneo para hacer acercamientos de paz con el gobierno desde la cárcel La Picota, donde se encuentra detenido desde diciembre bajo cargos de concierto para delinquir, porte de armas y falsedad en documento. 

“Tiene todo nuestro respeto”, asegura. 

Emporio delictivo

Durante toda la entrevista Ocho habla en plural. Hace sentir que su voz es la de la dirección colegiada de La Oficina, una especie de Estado Mayor de la delincuencia del que emanan las líneas generales de acción para unas 200 estructuras del crimen organizado en el Valle de Aburrá, la mayoría de ellas combos y bandas.

Ocho, cuyos escoltas están concentrados en un cuarto de la casa que da al pasillo donde transcurre la conversación, asegura que nada de lo que ocurre en el mundo delictivo de esa enorme mancha urbana de 4.5 millones de habitantes, cuyo epicentro es Medellín, le es ajeno a La Oficina.

“La mayoría de los combos son autosuficientes. Tienen plazas de vicio (en las que se venden todo tipo de drogas) y, si no, deben pagar arriendo por ellas. Hacen ‘vacunas’ (extorsión) a buses (de transporte público), a negocios, a camiones repartidores, a casas (les venden ‘seguridad’), pero de cualquier negocio ilegal que se hace en Medellín, La Oficina cobra algo”, explica. 

Dice que a muchos jefes, incluso a él mismo, les disgusta que los combos extorsionen a empresas y a particulares.

“Lo vemos mal, porque los combos sólo se deben lucrar de actividades ilegales, sin perjudicar a la población. Consideramos eso como un abuso a la comunidad, pero como en toda familia, siempre hay un feo. Son cosas que toca tolerar, aunque no nos gusten, pero los combos se tiene que manejar con respeto y fidelidad a sus mandos”, asegura.

Sostiene que una forma de “erradicar” las arbitrariedades contra la comunidad es “fomentando que los mismos combos hagan ‘microempresas legales’, como la comercialización de huevos y arepas (las tortillas colombianas); muchos están haciendo esto como parte de la mutación que sufre toda actividad criminal”.

Los combos también manejan alambiques clandestinos, apuestas y loterías ilegales, microtráfico en las esquinas de los barrios, prostitución, venta de lotes en asentamientos irregulares y los créditos “gota a gota”, por los que cobran intereses de hasta 20% mensual, mecanismo que han exportado a diversos países latinoamericanos, inclusive a México.

Pero el gran negocio de La Oficina son los porcentajes que cobra por recuperar deudas, por “servicios de seguridad” y por el uso de los territorios bajo su control para actividades ilegales. 

“Si, por ejemplo, alguien debe 30 millones de pesos (unos 10 mil 500 dólares) y los acreedores nos buscan para hacer el cobro, nosotros vamos, cobramos el dinero, y nos pagan un porcentaje de entre 40% y 50%”, dice Ocho, quien siempre responde en forma pausada y con cautela. 

No es fácil entender la lógica criminal de La Oficina. Nació como una confederación de bandas al servicio del Cártel de Medellín y la muerte o captura de sus sucesivos jefes –Pablo Escobar, Don Berna, Sebastián y, más recientemente, Tom– la fue transformando en otra cosa.

Hoy es una estructura armada cuya fortaleza se centra en Medellín y su zona metropolitana, pero que también tiene presencia en otros municipios del departamento de Antioquia y en tres grandes ciudades colombianas: Bogotá, Cali y Pereira.

Su poder radica en su capacidad militar. Es improbable que en otro país de América Latina exista un ejército urbano tan cohesionado, fuerte y capaz de ejercer el dominio territorial que tiene La Oficina en el Valle de Aburrá.

No sólo ha acumulado una experiencia de casi 40 años en guerra urbana, sino que ha asimilado tácticas guerrilleras y tiene una formación paramilitar. También aprendió a crear una base social en las comunidades. 

Su autoridad en el mundo criminal y en los espacios donde la legalidad y la ilegalidad son conceptos difusos emana de la calidad y cantidad de sus pertrechos bélicos: fusiles de última generación, metralletas ligeras, rifles con miras telescópicas, lanzagranadas, morteros, pistolas SIG Sauer, Glock, Five-seven, Beretta, y artillería pesada para cuando la ocasión lo amerite.

“Medellín está inundado de armamento. No tenemos ningún problema para conseguirlo”, asegura Ocho tras dar un sorbo a una botella de agua.

Si hubiera que definir la esencia de La Oficina como empresa criminal habría que llamarla una “oficina de cobro”. En el mundo legal, los acreedores con clientes morosos acuden a los abogados. En Medellín y el Valle de Aburrá, los narcotraficantes, los extorsionistas, los operadores del crimen organizado en general, y no pocos empresarios, acuden a La Oficina.

En Medellín se dice que es más fácil que los bandidos roben un banco a que le roben a La Oficina. Basta que en el ámbito criminal se sepa que determinado narcotraficante (o “traqueto”, como les dicen en Colombia) está respaldado por esa organización, para que eso tenga un efecto disuasivo en cualquier adversario que se quiera pasar de listo. 

Contratar a La Oficina es, en el espacio de la ilegalidad, como contratar un seguro de vida o un bufete jurídico de renombre en la economía formal.

“El narcotráfico –asegura Ocho– no es el fuerte de La Oficina, eso dejó de serlo desde Sebastián (un exjefe de esa organización capturado en 2012) y no manejamos rutas del narcotráfico. Cobramos sus deudas, no mencionadas como narcotráfico, sino como dinero que hay que cobrar. Medellín es base de operaciones de narcotráfico, pero las hacen particulares”.

De acuerdo con el vocero de La Oficina, los “particulares” que están involucrados en ese negocio “no pueden tener acá (en el Valle de Aburrá) sus propios ejércitos” porque “la seguridad, por disposición de nosotros, se las brinda nuestra organización, y ellos tienen que manejarse con mucha coordinación con nosotros en temas bélicos o de seguridad”.

En esos asuntos, dice, “ellos deben seguir los direccionamientos” de La Oficina.

“Dependiendo de la seguridad que se les dé, hay que pagar. Por ejemplo, por mover dinero, por recuperar dinero que les roban, o una caleta (escondite) con droga que les roban, ellos deben pagar un porcentaje de alto valor. Eso puede ser más rentable que traficar directamente con drogas. Tom nos inculcó eso”, asegura.

Mesa Vallejo, quien desde La Picota hizo saber a Proceso a través de uno de sus abogados que Ocho es un vocero autorizado de La Oficina, no enfrenta cargos por narcotráfico.

“Trabajamos con todos”

Entre los clientes de La Oficina figuran, desde luego, los cárteles mexicanos.

“Trabajamos con todos (los cárteles mexicanos), no tenemos preferencia por ninguno, eso ya depende de que ellos hagan tratos con los combos que prefieran, pero nosotros les damos acompañamiento en su seguridad, o si hay dinero extraviado, les ayudamos a recuperarlo. Mientras vengan con una buena referencia, no hay ningún problema”, dice Ocho. 

El vocero no se ufana del poder de La Oficina, pero tiene medido el peso de la organización. 

“No tenemos el control de Medellín, sólo de una parte de la ciudad. No somos más poderosos que las instituciones del Estado, pero no nos han podido acabar ni nos van a acabar con capturas y muertes. Lo que se necesita es una salida dialogada, en el marco de la ley, que se acompañe de un plan efectivo de desarrollo que lleve empleo a las comunidades”, sostiene.

Considera que los programas sociales que hay ahora en Medellín, los cuales han sido elogiados y replicados en otras ciudades de América Latina, son insuficientes para resolver las causas estructurales de la criminalidad. 

Para el representante de La Oficina, las autoridades “nunca van a recuperar el control territorial a sangre y fuego” pero podrían hacerlo “con intervención social”. Una estrategia basada en el uso de la fuerza, afirma, sólo hará “que siga la presencia de grupos armados en las comunidades”.

Ocho, quien se asume como un católico abierto a las enseñanzas del budismo y del predicador pentecostal estadunidense Joel Osteen, asegura que La Oficina tiene una dimensión social, pues algunos de sus integrantes ejercen funciones de liderazgo en los barrios para resolver problemas de la gente.

“Gran parte de la comunidad está con nosotros porque llenamos vacíos que deja el Estado. Damos seguridad, actuamos contra violadores, resolvemos diferencias entre las mismas familias… los combos venden droga, pero esto no es un problema de Medellín, es del mundo. La Oficina ha ordenado no vender drogas a los niños, y si hay una persona de la comunidad a la que se le están violando sus derechos, actuamos con base en la razón”, afirma. 

Por ejemplo, explica, cuando una constructora llega a un lote irregular habitado durante varios años por familias pobres y las quiere sacar, “nosotros vemos eso como una vulneración de derechos y lo que hacemos es buscar a los constructores o a los políticos que quieren hacer eso y buscamos una solución que favorezca la razón y que respete a la gente”.

Y si es imposible lograr un arreglo, “no se deja que hagan nada en ese lote”,
asegura.

–¿Ustedes tienen amigos políticos? –se le pregunta a Ocho.

–No los llamemos amigos, pero hay políticos que han buscado una salida al conflicto urbano. Son personas a las que les duele lo que ocurre en la ciudad, tanta violencia, y esto no es un secreto.

–¿Y tienen amigos en otros ámbitos de la economía formal?

–La Oficina tiene muchos amigos empresarios, consultores…

–¿Y policías y autoridades?

–Con la policía tenemos un juego del gato y el ratón, pero muy seguido capturan aquí policías que están en la nómina de La Oficina. Eso ha existido, existe y existirá. Y esto incluye a oficiales.

Gerente con formación militar

Medellín es una ciudad cálida. Los colombianos la conocen como La Ciudad de la Eterna Primavera. Casi todo el año hace calor y por las tardes llueve. En la montaña donde se hace la entrevista sopla un aire limpio y fresco, casi vegetal. Ocho lleva puesto un rompevientos ligero y un pantalón de dril. 

Observa un celular que está sobre la mesa y en el cual se está grabando la entrevista. “La mejor comunicación es la personal o por emisarios”, comenta.

El vocero de La Oficina es un hombre reflexivo que está muy al tanto del acontecer nacional. Sabe cómo marcha la implementación de la paz con la exguerrilla y siguió con mucha atención los pormenores de las elecciones presidenciales en Colombia, las cuales ganó el candidato derechista Iván Duque, quien asumió el cargo el martes 7. “Nosotros somos apolíticos”, sostiene.

–¿Qué funciones específicas tiene usted en La Oficina? ¿Son administrativas o militares?

–Soy un gerente con formación militar –señala.

Algunos de sus escoltas cruzan seguido por el pasillo de la casa donde transcurre la plática y preguntan si se ofrece más tinto (café) o agua. Otros encienden un televisor en una de las habitaciones para ver un partido de futbol y celebran las jugadas en ocasiones. 

Para que le permitieran el acceso a ese sitio, el reportero tuvo antes que cambiarse de ropa en la casa de un barrio de la zona metropolitana de Medellín. Emisarios de Ocho le indicaron que debía ponerse una camiseta y un pantalón deportivo que le entregaron, ambos recién desempacados. 

“Es por seguridad, hay microchips de rastreo que se colocan en la ropa”, explica Ocho.

El vocero de La Oficina dice que si se pudiera lograr una fórmula para dejar las armas y acogerse a la justicia, dejaría con gusto la vida criminal.

“En este mundo hay gente despiadada, sin corazón, y me ha tocado lidiar con ellos en lo verbal y en lo militar. Yo no hubiera querido estar donde estoy. Mi proyecto de vida siempre fue familiar, pero a mí me querían matar (tenía 18 años y llevaba una vida normal, de clase media) y tuve que buscar refugio y seguridad en La Oficina”, relata.

Afirma que ha logrado ascender en la estructura por su “seriedad, lealtad y capacidad y, dentro de lo malo, le puedo decir que he salvado vidas, y no pocas, por labores de mediación”. 

“Guerra fría”

En los noventa Medellín llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo, con 45 mil 370 homicidios en esa década, uno cada dos horas en promedio. Y el renovado ascenso de la violencia este año por el enfrentamiento entre bandas causa alarma entre la población.

Para el principal experto en conflicto urbano en Medellín, Luis Fernando Quijano, lo que se ha observado en la ciudad en los últimos meses es una disputa entre dos grupos de La Oficina.

Uno, el mayoritario, es el de Mesa Vallejo, reconocido por la influencia que ejerce en 80% de los combos de La Oficina, pese a estar en prisión. El otro era una “disidencia” minoritaria que estaba encabezada por las bandas La Terraza –al mando de Douglas y Barney– y Los Pesebreros, de Carlos Pesebre.

Quijano llama a los disidentes “la línea 20” de La Oficina, porque ese sería el porcentaje de combos de la organización que controlan: 20%, mientras que a la estructura de Tom la denomina “la línea 80”.

Ocho reconoce que hay “tensión y enfrentamientos sectoriales” en las Comunas San Javier y Robledo y en el corregimiento Altavista.

En San Javier, que se conoce también como la Comuna 13, los homicidios han aumentado 76% este año. Entre enero y
el domingo 19 ocurrieron 53, contra 30 en el mismo periodo de 2017. 

Este semanario supo que Tom logró que Douglas y Barney, jefes de La Terraza, pusieran fin a los enfrentamientos y se sumaran a la iniciativa para buscar un proceso de paz con el gobierno.

Sin embargo, la banda de Carlos Pesebre, encarcelado en Valledupar, sigue enfrentado a la unión Chivos-Pájaros, apoyada por la “línea 80” de La Oficina. 

Ocho reconoce que existe el riesgo de que esas disputas sectoriales lleven a un enfrentamiento entre la cúpula de “línea 80”, a la que él pertenece, y Los Pesebreros, quienes contarían en San Javier con el respaldo de facciones locales del Clan del Golfo, que tiene escasa presencia en la ciudad pero que es el cártel de las drogas más poderoso de Colombia.

Luis Fernando Quijano explica que Carlos Pesebre y los jefes de la “línea 80” todavía no se están disparando entre ellos “pero están detrás de los enfrentamientos que hay en varias zonas de la ciudad”. 

Dice que lo que hay hoy en Medellín es una especie de “guerra fría” que puede decantarse hacia un diálogo de paz o hacia una confrontación más cruenta. 

Este reportaje especial se publicó el 26 de agosto de 2018 en la edición 2182 de la revista Proceso.

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