CHILPANCINGO (apro).- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, afirmó que la corrupción es el mayor problema que afecta a la administración pública en el país y dijo que para erradicarla, se requiere la aplicación de reglas y normas legales que “dificulten la comisión de actos ilícitos”. No obstante, el mandatario impulsó la designación desde el Congreso local de Ignacio Murguía Gutiérrez como nuevo Fiscal anticorrupción, sin cumplir con los requisitos que marca la ley como el hecho de presentar y aprobar exámenes de control y confianza. Incluso, a casi tres años de haber asumido la gubernatura, las promesas que hizo el Astudillo Flores de romper círculos viciosos y dar tranquilidad, paz y justicia a los guerrerenses, quedaron en el olvido y su administración está marcada ahora por la violencia, la impunidad y la corrupción, en una entidad donde el narco lo controla casi todo. Ayer, a nombre de los siete mandatarios estatales priistas, Astudillo fijó una postura durante el segundo encuentro entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la Ciudad de México. El quinto punto del documento leído por el gobernador de Guerrero, indica que el tema de la corrupción se debe enfrentar y erradicar “con una gran determinación colectiva”. “Tenemos claro que existe la percepción en el país que la corrupción y la impunidad han debilitado a las instituciones del estado y han minado la confianza de la sociedad en ellas”, expresó Astudillo. En contraste con el discurso del gobernador, el viernes 17, el pleno del Congreso local avaló, por mayoría, la designación de Ignacio Murguía Gutiérrez, personaje señalado por presuntos actos de desvío de recursos públicos, como fiscal anticorrupción de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo. Ello a pesar de que Murguía Gutiérrez “no presentó y tampoco aprobó” las evaluaciones de control de confianza, requisito que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado (FGE) para designar a los fiscales especializados. Bajo este mismo criterio de discrecionalidad, sin transparentar los procesos de selección y la ausencia plena de participación ciudadana, integrantes de la LXI legislatura local y Astudillo reformaron leyes secundarias para homologarlas con el sistema nacional de Transparencia y Anticorrupción en el último mes de funciones de los diputados locales. A la fecha, ningún exservidor público ha sido sancionado pese a que Astudillo declaró públicamente que sus antecesores Zeferino Torreblanca; Ángel Aguirre y el interino Rogelio Ortega son los responsables del saqueó en áreas estratégicas como Salud, Desarrollo Social y Educación, así como responsables de la ola de violencia que no para en la entidad. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha comprobado que, en conjunto, los tres exmandatarios desviaron alrededor de 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El dinero lo utilizaron para comprar armamento de manera irregular y adquirir un sistema de espionaje telefónico. A ello se suma que entre 2014 y 2015 se otorgaron contratos millonarios a empresas particulares sin licitación de por medio. Además, Astudillo se ha enfocado en impulsar millonarias campañas publicitarias para atraer turismo a la entidad, promocionar la inversión extranjera en zonas controladas por el narco y destinar millonarios convenios de publicidad a medios y reporteros sin regulación y criterio alguno, como mecanismo de cooptación y censura sutil que atenta contra la Libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Mientras tanto, grupos criminales y guardias comunitarias supuestamente vinculadas con el narco controlan franjas completas y mantienen zonas silenciadas en las regiones Centro, Costa Grande, Acapulco y Tierra Caliente, donde el vacío de autoridad ha provocado que se suspenda el derecho al libre tránsito y se ha coartado la libertad de expresión. La sociedad, pues, vive aterrada.