CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En víspera de la conmemoración del Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas -declarado por la ONU el 30 de agosto-, expertos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) urgieron a los gobiernos firmantes de la convención internacional contra ese crimen de lesa humanidad, entre ellos México, a dar garantías de verdad y justicia a las víctimas y a sus familiares. En un pronunciamiento firmado en Ginebra, Suiza, se informó que el CED desarrolla “unos Principios Rectores” para que los estados parte puedan realizar la búsqueda de los desaparecidos en cumplimiento con sus obligaciones internacionales. Los expertos del CED puntualizaron que los familiares “tienen el derecho, también en su calidad de víctimas, a conocer la verdad sobre las circunstancias de cualquier desaparición forzada, el paradero de sus seres queridos, los avances y los resultados de la investigación y, finalmente, el destino de la persona desaparecida”. Además, puntualizaron que, en materia de desapariciones forzadas, “no hay verdad sin justicia y no hay justicia sin verdad” porque las medidas para alcanzar ambos objetivos deber correr de forma paralela. La presidenta del CED, Suela Janina, recordó que los Estados están obligados a la búsqueda de los desaparecidos, tarea que “debe ser llevada a cabo de buena fe y de manera diligente y efectiva”. Al señalar que los firmantes de la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” deben buscar a las víctimas de forma inmediata, destacó que el tratado internacional obliga a los Estados a “adoptar políticas públicas para facilitar las búsquedas consultando con los familiares de la persona desaparecida”, además de que la estrategia de la búsqueda debe ser “integral, en la que todas las hipótesis deben ser diligentemente exploradas”. Para búsquedas eficientes, la presidenta del CED recomendó la independencia de las autoridades responsables de realizarlas, así como “tener suficientes recursos humanos y financieros”. Además, los responsables de la localización de las personas desaparecidas “deben coordinar adecuadamente la búsqueda y tener acceso irrestricto a toda la información relevante para la localización de la persona desaparecida”, así como “permitir la completa participación de los familiares o de sus representantes, quienes deben ser informados regularmente y ser protegidos en situaciones de inseguridad”. Para la experta de la ONU, “el deber de buscar es permanente y continúa hasta que el destino y continúa hasta que el destino del paradero de aquellos que han desaparecido sea determinado”. “Crimen autónomo”  El relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Bernard Duhaime, consideró que los Estados “deben introducir la desaparición forzada como crimen autónomo”, ya que en muchos países esta falta de definición en la legislación penal deriva en que “las desapariciones forzadas son a menudo investigadas y perseguidas bajo otros tipos penales”. Lo anterior, destacó, “es sumamente problemático en términos de investigación específica requerida desde el inicio en estos casos, pues puede tener como consecuencia demoras e ineficiencias en la investigación”. Duhaime agregó que la demora en la indagación del paradero de los desaparecidos va contra lo previsto en la Convención de la ONU y la “Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, en la que se establece que toda denuncia por ese delito de lesa humanidad debe ser investigada “de manera completa e imparcial”. Los lineamientos internacionales “establecen que todos aquellos involucrados y/o a cargo de una investigación, deben estar protegidos contra el maltrato, la intimidación o las represalias”, agregó el relator del Grupo de Trabajo. Ambos expertos de la ONU lamentaron que con frecuencia han recibido informes “sobre represalias, amenazas e intimidaciones contra familiares y defensores de derechos humanos que combaten las desapariciones forzadas”. Ante ese escenario, reprobaron que los defensores o familiares de víctimas “no sean apoyados en su legítima labor y ciertamente no es aceptable que sean obstruidos o incluso castigados”. Al solidarizarse con los familiares de víctimas, los expertos del CED y del Grupo de Trabajo conminaron al los Estados a adherirse a la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” y a que acepten la competencia del CED para recibir y examinar comunicaciones individuales. México es uno de los países que, pese a ser parte de la Convención, mantiene una reserva para aceptar la competencia del CED para que este órgano de la ONU investigue casos individuales.