CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más que desconcierto y sorpresa, quizá hasta indignación, causaron los informes que trabajadores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron hace una semana, en una rueda de prensa que quiso ser bloqueada por las autoridades. Y es que, al tiempo que evidenciaron los daños causados por la lluvia en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH) -y en el propio Museo Nacional de Antropología (MNA) que la alberga, según declaró su director Antonio Saborit al diario Excélsior, pues desde hace 12 años no impermeabilizaba-, denunciaron los gastos por arrendamiento de la institución encabezada por el antropólogo Diego Prieto. Baste un ejemplo consignado en los documentos entregados por los trabajadores: Por cuatro años de renta de una computadora, cuyo precio promedio en el mercado “al menudeo” es de 12 mil 500 pesos, se han pagado 68 mil 51 pesos. La erogación total del instituto por dos mil 697 equipos es de 183 millones 434 mil 480 pesos, más los servicios informáticos (internet, procesamiento de información, mantenimiento, actualización de software) que suman 14 millones 852 mil 115 pesos. No se explica, pues, a decir de los profesores e investigadores, en su estructura orgánica la institución registra un “amplio grupo de trabajadores” en informática distribuidos en una dirección, dos subdirecciones y cuatro jefaturas de departamento, “cuya erogación anual ronda los 3.5 millones de pesos”, a lo cual suman el salario de los técnicos, que requieren de gastos de operación. Labores para las cuales se contrató a la empresa Mainbit, S.A., de C.V. el 31 de mayo de 2011 por un monto de 198 millones 386 mil 595 pesos y lapso de cuatro años. A decir de los trabajadores, en los dos casos es dinero “tirado a la basura”, ya que ninguno hace el trabajo eficazmente. Propiedad de José Antonio Sánchez Pérez, “quien presume su amistad con la familia Maccese, dueña de Grupo Mac, vinculada al poder mexiquense”, Mainbit ha sido “una de las compañías de servicios informáticos más beneficiadas en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto”, informó en el semanario Proceso el reportero Jenaro Villamil el 2 de mayo de 2015. El autor consignó que la empresa ha gozado de adjudicaciones directas desde el gobierno de Vicente Fox, en el cual fue beneficiario del proyecto Enciclomedia. Siguió con Felipe Calderón y Peña Nieto. Hasta el 25 de enero de 2015, tenía registrados 661 contratos públicos por 10 mil 320 millones de pesos de las administraciones panistas y con Peña en los dos primeros años llevaba ya más de tres mil 379 millones de pesos, “la mayoría por 29 adjudicaciones directas”. Más dinero… El “despilfarro” -como lo califican los trabajadores del INAH-, no se circunscribe a los equipos de cómputo. El instituto ha pagado en los últimos cuatro años 222 millones 900 mil pesos por arrendamiento de vehículos, cantidad que daría para adquirir “al menos 450 vehículos, con un precio al menudeo de 500 mil pesos” con una vida útil de “hasta 10 años”. El costo de este concepto que venía de tiempo atrás se incrementó “cuando Diego Prieto tomó posesión de la dirección general del INAH”, acusaron. La institución ha pagado también en los últimos cuatro años 203 millones 753 mil 207 pesos por el arrendamiento del edificio de sus oficinas centrales, “cantidad suficiente para construir una sede definitiva y propia, que implicaría un ahorro de al menos 50 millones de pesos anuales”, calcularon. Y en tanto que, otro de los problemas denunciados es la falta de certidumbre laboral de los trabajadores del llamado capítulo 3000 -que ha dado pie a movimientos como el #YaPagameINAH (del cual se ha dado cuenta a través de la agencia apro)-, se enfatiza que con esos 50 millones de pesos “bastaría para crear al menos 160 plazas de investigadores con categoría ‘Titular A’ de tiempo completo”. Hay 890 investigadores de tiempo completo, “lo cual significa que, por cada cinco investigadores, existen tres mandos medios… auxiliados por una plantilla de aproximadamente mil 500 personas dedicadas a actividades administrativas, cuyos salarios oscilan entre 17 mil y 10 mil pesos mensuales”. En suma, el monto burocrático-administrativo del INAH tiene un costo anual aproximado de 410 millones de pesos, sólo en lo que a salarios se refiere. En tanto que el gasto anual por nómina de los investigadores es de 320.5 millones de pesos. Más problemas Los conflictos en el INAH parecen crecer como bola de nieve. Desde hace décadas es manifiesto el divorcio entre los trabajadores e investigadores y las autoridades, no sólo por cuestiones estrictamente laborales, sino también de criterios en cuanto a la preservación del patrimonio y la investigación. Autorizaciones para conciertos como el de Armando Manzanero en Chichén Itzá, alteraciones al patrimonio cultural con fines prioritariamente turísticos como en Cholula, Puebla, inconformidad por el traslado del Archivo Técnico de Arqueología, son apenas tres ejemplos a los se han enfrentado. El descontento abarca ya al Consejo de Arqueología, que ha avalado algunas de las autorizaciones dadas por las autoridades, del cual exigen su renovación “urgente” pues han indo “contra el patrimonio”. Además, ha venido a crispar aún más la situación el hecho de que Alejandra Frausto, futura secretaría de Cultura en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció la ratificación de Diego Prieto en la dirección del INAH para la siguiente administración. Los profesores e investigadores del instituto rechazan abiertamente la continuidad, no obstante que la razón ofrecida es que así se permite trabajar mejor en el rescate del patrimonio afectado por los sismos de hace un año: “El 1 de julio pasado, los mexicanos votamos por el cambio político e institucional de México, no por la continuidad de esas políticas deleznables que están imponiendo de forma ilegal y arbitraria para la operación de proyectos de investigación, restauración y conservación. Nos mantendremos firmes en nuestra demanda de renovación de los funcionarios del INAH ya que, como hemos señalado con anterioridad, nuestra inclusión en una Secretaría (Cultura), de perfil neoliberal y mercantilista, quedó muy lejos de fortalecer la misión y vocación educativa concebida por la nación para el INAH”, dijeron los inconformes. Ponen nombre y apellido a los “funcionarios responsables” del despilfarro y piden que no se les permita continuar en el próximo gobierno: “Diego Prieto, director general; Aída Castilleja González, secretaria técnica; Maribel Núñez Mora Fernández, secretaria administrativa; Emanuel Téllez Gaona, coordinador nacional de Recursos Materiales; David Honorio García Ávila, coordinador nacional de Recursos Financieros; María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárcega, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos; y Silvestre M. López Portillo Castillo, coordinador nacional de Obras y Proyectos.”