TOLUCA, Edomex. (apro).- Internos del penal de Chiconautla, incluido el activista José Humbertus Pérez, denunciaron la puesta en marcha de acciones de represión –entre ellas, traslados injustificados-- en contra de las personas privadas de su libertad (PPL) que han denunciado las deficiencias del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. Entre las medidas represivas desplegadas en aquel centro penitenciario de Ecatepec, el presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC incluyó la desinstalación de los aparatos de telefonía fija para la población penitenciaria de menores ingresos, la implementación unilateral de aparatos de una empresa cuyo nombre, hasta el momento, no se ha revelado, pero con un servicio más costoso que, además, permite el espionaje., Pérez Espinoza consideró que, detrás de esta decisión (de los 5 mil 200 internos que tiene el penal de Chiconautla, dijo, el cambio de aparatos telefónicos afecta a aproximadamente 3 mil 500 de los módulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), también se encuentran intereses económicos del director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, Jaime Echartea. La medida, indicó, violenta el derecho de los internos a comunicarse con sus familiares y con el exterior, atenta contra los bienes de comunicación del gobierno federal, lo que en días pasados provocó una riña de la que hubo lesionados por armas punzo-cortantes. “Es una provocación del director general… busca que la población responda violentamente, se provoque un motín y se justifiquen supuestas conductas violentas de los internos para concretar trasladarlos a otros penales”, alertó. Sólo en el módulo 1 de procesados y en el 11 femenil, expuso, subsisten aparatos de las compañías Globalfon y Telmex, que ofrecen tarifas más accesibles y contabilizan el tiempo de uso. El además fundador del movimiento Presunción de Inocencia, indicó que Echartea Mojica está molesto por las firmas que apoyan la Declaración de Chiconautla –a través de la cual se denuncian las anomalías del nuevo sistema penitenciario--, y porque la opinión de esta organización civil es tomada en cuenta para construir la Ley de Amnistía del próximo gobierno federal. La marcha de los internos Las medidas represivas, explicó, comenzaron después de la marcha de internos del miércoles 15 de agosto en 12 penales mexiquenses, organizados pacíficamente para exigir sus derechos constitucionales, pedir cuentas sobre la mala alimentación, la falta de medicinas y personal médico, la ausencia de transporte para atender los traslados a hospitales, demandar atención a las internas e internos en condición de enfermedades con padecimientos crónicos degenerativos y ante la falta de real de prevención y reinserción social. “Le incomoda mucho que se le pregunte dónde están los mil 200 millones de pesos del Fideicomiso FC3 para la creación de nuevos centros penitenciarios y, sobre todo, dónde están los 14 mil 200 millones de pesos otorgados a Prevención y Reinserción Social de los Presupuestos de Egresos del Estado de México de los ejercicios fiscales que van de 2008 a 2018”, informó. Las medidas represivas, denunció, también alcanzaron el penal de Neza-Bordo, donde en días pasados directivos golpearon y arrastraron a una de las coordinadoras de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos AC. “Estas autoridades ya la habían amenazado; le dijeron que si seguía repartiendo volantes para la marcha, se los quitarían y someterían a los internos; la amenaza se cumplió y el esposo de nuestra coordinadora en el penal de Neza-Bordo fue trasladado contra su voluntad a un penal de alta seguridad federal en el estado de Oaxaca”, acusó. Finalmente, el activista destacó la necesidad de que las autoridades del Estado de México entiendan que no pueden seguir violando los derechos humanos de las PPL en las cárceles después del mensaje enviado por los ciudadanos en las urnas el pasado primero de julio. “Exigiremos que los dineros que año con año aprueba el Poder Legislativo sean aplicados a las personas que viven en condición de prisión, y que estos recursos sean etiquetados para que los penales dejen de ser la caja chica del enriquecimiento ilícito”, advirtió.