Defensores, disidentes y periodistas sufren acoso en Cuba, dice la ONU; el gobierno lo niega

GINEBRA (apro).- En sus conclusiones sobre la revisión del informe de Cuba, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por siglas en inglés) manifestó su profunda preocupación por la criminalización, acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación de los defensores de derechos humanos de los afrodescendientes, cuestión que el gobierno de La Habana negó de manera rotunda.

La delegación cubana afirmó ante el CERD que en la isla no ha habido ningún caso de acoso a defensores de derechos humanos desde la Revolución encabezada por Fidel Castro, en 1959, lo que provocó varios cruces de miradas entre los expertos del organismo.

El CERD está compuesto por 18 expertos independientes (personas de reconocido prestigio moral e imparcialidad), quienes tienen como tarea principal revisar que los Estados cumplan con la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, a la que Cuba está suscrito. En esta ocasión, el diálogo con el gobierno cubano, así como la sesión de preguntas y respuestas, tuvieron sus bemoles.

Como sucede con la revisión de todos los países suscritos a la Convención, el Comité de Expertos elige a un relator, en este caso el brasileño Silvio José Albuquerque, designado para guiar el diálogo con el Estado parte, y responsable de entregar un informe sobre los avances y motivos de preocupación en la materia.

Al tomar la palabra, Albuquerque presentó un resumen balanceado y comprehensivo de la situación en Cuba, subrayando que sigue habiendo una “discriminación racial estructural” que afecta principalmente a los afrodescendientes. Pero, más allá de esta cuestión, el tema que centró el debate fue lo relativo a la situación de los defensores de derechos humanos y activistas.

Albuquerque aseguró haber recibido informes de integrantes de la sociedad civil cubana sobre restricciones impuestas a lo largo de este año 2018 a defensores de los derechos humanos y representantes de la misma sociedad para viajar al exterior con el objetivo de participar en reuniones de derechos humanos, algunas de ellas organizadas por entidades de Naciones Unidas.

“Específicamente, este relator ha recibido informaciones sobre la prohibición de viaje al exterior de dos representantes de la sociedad civil que participarían en la presente sesión del CERD: los señores Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, y Roberto Santana, vinculado a la misma entidad”, dijo el experto brasileño.

“En el video que me fue enviado y compartido con el secretariado para conocimiento de todos mis colegas, el señor Madrazo informa que fue citado a la Dirección de Inmigración y Extranjería de la Plaza de la Revolución en La Habana. En esa oportunidad una autoridad del gobierno de nombre Mayor Mónica le informó que él estaba regulado por el decreto Ley 302 Artículo 25, lo que se traducía en la prohibición de viajar al exterior por al menos 21 días’’, describió.

Albuquerque aseguró que en ese video “el señor Madrazo nos informó que autoridades del Estado habrían impedido la realización del taller Políticas Anticulturales en Cuba en el contexto de la preparación de entidades de la sociedad civil para la sesión del CERD (…) Recibí también la información de que el señor Norberto Mesa Carbonell , uno de los organizadores de ese taller, habría sido conducido a una unidad de la policía y posteriormente liberado sin cargos”, lo que en Cuba se conoce como “detenciones express”.

Rodolfo Reyes Rodríguez, titular de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y jefe de su delegación, manifestó que era justo traer el tema de “los llamados hostigamientos y represalias de defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos que trabajan en temas relacionados con el racismo y la xenofobia ”.

El funcionario cubano empezó por recordar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, argumentando que no es una medida aislada. “Es una decisión clara de destruir el sistema económico, político y social del pueblo cubano; quiere decir que el bloqueo es parte de una política de hostilidad que es mucho más amplia”.

Acto seguido evocó la invasión “militar mercenaria” a Playa Girón (1961) que desembocó en el financiamiento a grupos terroristas y paramilitares que, dijo, “estuvieron asesinando a parte del pueblo cubano’’, y en su paseo por la historia de la isla caribeña remarcó que a partir de la administración Reagan muchos de los que habían actuado de manera violenta “contra la Revolución cubana, de pronto se dieron cuenta que era mucho mejor y más legítimo ante los ojos de la comunidad internacional llamarles defensores de derechos humanos’’.

“Esta batalla para Cuba es difícil porque tenemos que luchar contra una matriz de opinión que no sólo se corresponde con las denuncias que se envían sino con las publicaciones en los medios y la prensa, con el uso o la manipulación de internet, y realmente Estados Unidos tiene una capacidad abrumadora de incidir en la opinión pública mucho mayor que la nuestra’’, defendió.

“Muchos de los llamados defensores de derechos humanos son sencillamente gente pagada por Estados Unidos o por otros países, son las fuerzas radicales de la derecha más reaccionaria’’, soltó Reyes Rodríguez, quien afirmó que desde fines de la Revolución no ha habido “ningún” caso de acoso contra defensores, críticos del gobierno o periodistas.

Según Reyes, en el caso de América Latina hay organizaciones que trabajan de esta manera con dinero del Congreso de Estados Unidos que se dedica a pagar millones de dólares para sus actividades, “y una parte importante de este trabajo es para fabricar, construir o esencialmente tergiversar alegaciones de supuestas violaciones a los derechos humanos’’.

“¡Digo con toda responsabilidad que no es cierto, no es veraz y niego rotunda y categóricamente cualquier alegación de que hemos procedido a llevar a cabo actos de represión o de hostigamiento contra cualquier defensor de derechos humanos! ¡Nosotros hacemos cumplir la ley!”, exclamó el funcionario cubano ante los expertos del CERD.

Frente a la mirada estupefacta de éstos, Reyes Rodríguez explicó: “No se han tomado represalias con quienes colaboran de alguna manera con procedimientos especiales de la ONU o ejercen su libertad de expresión y de asociación. Todas estas personas que han sido objeto de alguna medida lo han sido con apego a la ley y por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal, no por ejercitar su derecho o su condición de defensores de los derechos humanos’’.

Albuquerque, el experto relator para el informe de Cuba, visiblemente molesto volvió a tomar la palabra.

“El gobierno nos dijo que desde la Revolución no hubo represión a los defensores de derechos humanos en Cuba’’, subrayó, para luego hacer un breve análisis de lo que acontece en el mundo.

“Hace poco más de 100 días fue asesinada en Brasil, en Río de Janeiro, la concejal negra, homosexual y militante de los derechos humanos Marielle Franco. Triste realidad en mi país que también se reproduce en otros países de América Latina, en donde las amenazas contra los defensores de derechos humanos son constantes: en África, especialmente los que defienden los derechos LGBTI; en Europa Occidental y Oriental, graves amenazas se hacen contra los defensores de minorías étnicas, religiosas, de migrantes. En China, en Rusia, en Estados Unidos, actuar en favor de los derechos humanos significa hoy en día exponerse a riesgos crecientes, por eso me causa cierta perplejidad que en Cuba no se hayan registrado a lo largo de los últimos años, ni de las últimas décadas, hostigamientos, acosos o violencia contra defensores de los derechos humanos’’, argumentó Albuquerque.

“Sería de imaginar que agentes de seguridad, aunque incumpliendo órdenes superiores o violando normas jurídicas internas, hayan cometido acoso. No se puede imaginar que individualmente no haya habido acoso, exceso, hostigamiento a los defensores de derechos humanos, pero la delegación nos asegura que esto no ha pasado y no pasa’’, remarcó.

Y más: “Deseo que quede registrado en forma clara que permanezco con importantes dudas sobre la compatibilidad de la respuesta presentada a este Comité con el conjunto de informaciones que este Comité y otros órganos de Naciones Unidas recibe frecuentemente sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Cuba’’.

Enseguida, el experto brasileño insistió en la importancia del trabajo de los defensores de los derechos humanos, anónimos o no, “para reforzar el rol que este Comité desarrolla en defensa de nuestra Convención (contra Discriminación Racial). Lo que cuestiono es la inexistencia absoluta de represión, de algún grado en carácter individual que sea en contra defensores de derechos humanos (en Cuba), cuando en todo el mundo sufren amenazas directas o indirectas del gran violador de derechos humanos en el mundo que es el Estado’’.

Además de tocar otros temas sobre discriminación racial, los expertos del CERD coincidieron con lo señalado por Albuquerque, y ya para terminar el diálogo, que tuvo lugar durante dos días en el Palacio Wilson, sede de las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Reyes Rodríguez volvió a justificarse:

“Yo en lo personal me considero defensor de derechos humanos y aquí el problema es que se manipula la concepción y se quiere privatizar y se quiere discriminar e imponer que prevalezca que defensores de derechos humanos en Cuba son solamente aquellos que envían comunicaciones individuales contra el gobierno y aquellos que están sirviendo en campañas contra la Revolución’’.

Según los más recientes datos del Observatorio cubano de Derechos Humanos, la represión contra la disidencia ha continuado durante los primeros 100 días de gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con su conteo, para julio de este año había 12 nuevos presos políticos (tres Damas de Blanco y 12 miembros de la Unión Patriótica de Cuba), además de que a 20 activistas se les ha impedido salir del país y han aumentado “los métodos represivos de diseño’’ fundados en el chantaje.

Aunado a ello, en agosto tuvieron lugar 208 detenciones arbitrarias y al menos 11 periodistas fueron blanco de acoso e intimidación.

En cuanto a los expertos del CERD, examinan a varios países con la misma dinámica, y al final de la sesión extienden sus conclusiones y recomendaciones para cada Estado analizado. En el caso de Cuba fueron contundentes.

En primer lugar, el CERD pide a la isla que adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de defensores de derechos humanos, en particular contra líderes de la sociedad civil, periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos de los afrodescendientes.

Le invita a crear “un mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos independiente, así como estrategias apropiadas de protección, y prevea la asignación de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para su funcionamiento efectivo’’.

De igual manera, le urge a que “investigue todo acto de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización contra defensores de derechos humanos, y castigue debidamente a los responsables”.

El CERD insta a Cuba a que “adopte las medidas necesarias para que los defensores de derechos humanos, en particular los líderes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes, no sean objeto de restricciones arbitrarias para poder asistir y participar en las reuniones y trabajos que realizan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos’’.

También le exhorta a realizar campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan los defensores de derechos humanos, a fin de fomentar un entorno seguro y propicio que les permita llevar a cabo su labor, libres de todo tipo de intimidación, amenazas, ataques y represalias.

En cuanto a la situación de discriminación racial en la isla caribeña, el CERD menciona en su informe el proceso para la elaboración de una nueva Constitución de corte castrista que tendrá como consecuencia cambios en el Código Penal.

En ese sentido, alerta que el proyecto de Carta Magna no contempla “una definición y prohibición clara y explícita de discriminación racial” ni “los actos de discriminación directa e indirecta”.

Y recomienda que el nuevo Código Penal incluya “la tipificación como delito” de la discriminación racial y la considere “circunstancia agravante” en las penas impuestas. Asimismo, observa “la ausencia de procesos judiciales y sentencias condenatorias por actos relativos a discriminación racial” en Cuba.

El Comité de la ONU afirma que esto puede deberse “a la falta de información de las víctimas” sobre los recursos disponibles, y recomienda “asegurar que todas las denuncias sobre discriminación racial sean investigadas de forma exhaustiva e independiente”, capacitar al respecto a funcionarios públicos, fiscales, jueces y fuerzas del orden, y que los afectados “tengan fácil acceso a recursos jurídicos rápidos y eficaces, así como a una indemnización”.

Por otra parte, el CERD advierte que la población afrodescendiente cubana “continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural”, lo cual “se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Y remata: “Preocupan al Comité los desafíos que enfrenta esta población para acceder al mercado de trabajo, las bajas tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afecta de manera desproporcionada”.

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