Ortega desata una cacería contra los líderes estudiantiles

Miles de ciudadanos de Nicaragua se han manifestado en contra del presidente Daniel Ortega. Foto: Arnulfo Franco/AP Miles de ciudadanos de Nicaragua se han manifestado en contra del presidente Daniel Ortega. Foto: Arnulfo Franco/AP

Managua, Nic. (apro).- La primera operación de captura y secuestro contra el liderazgo estudiantil, que conduce la lucha cívica en Nicaragua, se registró el pasado 11 de julio. Esa noche, en el poblado de Nindirí, a 21 kilómetros de la capital nicaragüense, un grupo de encapuchados detuvo el vehículo en el que viajaban Marlon Fonseca, Hanssel Vásquez y Kevin Rodrigo Espinoza. Este último, beneficiado con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Resolución 35/18, del 21 de mayo de 2018.

Los tres líderes estudiantiles, que habían participado en la organización y ocupación de las universidades de Ingeniería (UNI) y luego de la Universidad Politécnica (UPOLI), trasladaban víveres a los pobladores de Masaya, que en esa fecha todavía permanecían sublevados y atrincherados contra el régimen de Daniel Ortega.

“Me dolió mucho su captura y secuestro. Ellos son mis compañeros de lucha. Viajaban en un carrito azul, que pertenece a Marlon, y llevaban víveres a Masaya. La Policía les metió armas y los acusó de varios delitos. Esa noche que los agarraron, no quise que se me acercara nadie. Están presos porque quieren y luchan por una Nicaragua libre”, relata a Apro Edwin Carcache, líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril y miembro de la Coalición Universitaria por la Justicia y la Democracia.

Según la Policía Nacional, que informó sobre la detención en la Nota de Prensa No. 81-2018, en el interior del automóvil placa CZ 13234, encontraron 4 magazines, 113 proyectiles de bala viva, 20 proyectiles de salva, todos de fusil AK.

El 15 de julio del presente año –excediendo el plazo de 48 horas establecido por las leyes nicaragüenses- se celebró la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público los acusó de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y entorpecimiento de servicios públicos, entre otros cargos. Sostuvo que organizaron al menos 12 tranques (bloqueos) en barrios y municipios de los departamentos de Managua, Masaya y Carazo.

Posteriormente, el 8 de agosto, se celebró la audiencia inicial, a puertas cerradas, en la que una vez más no se permitió el acceso de la prensa independiente. En la acusación se incorporó la quema de las instalaciones de la Nueva Radio Ya (propiedad de la familia Ortega-Murillo), y de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna), así como asesinato frustrado y robo agravado.

“Sé que Marlon (Fonseca) está mal de salud y Kevin Rodrigo está en una celda de máxima seguridad. Sólo lo han visto una vez desde que fue capturado. Su madre, en una audiencia, quiso abrazarlo y él le pidió que no lo hiciera, porque lo habían golpeado salvajemente”, aseguró Carcache.

Horas después de esta entrevista –martes 4 de septiembre- Carcache fue detenido por la Policía Nacional junto a otros cinco jóvenes, también líderes estudiantiles, cuatro de ellas mujeres, cuando se dirigían a una reunión. Ocho horas después, se informó vía redes sociales que las muchachas fueron liberadas –entre ellas Iskra Malespín y Judith Belen, favorecidas con medidas cautelares de la CIDH-, pero no así Edwin Carcache y Alejandro Centeno.

“Me encomiendo al Señor”

Carcache, egresado de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA) y estudiante de la carrera de Administración en la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL), se incorporó a la lucha cívica desde el 18 de abril pasado y participó en las tomas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y luego de la UPOLI, como dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril.

Posteriormente se integró a la Coalición Universitaria por la Justicia y la Democracia, que es parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, interlocutora del gobierno en el Diálogo Nacional.

Desde el 19 de abril, Carcache asegura que no ha regresado a su hogar por razones de seguridad, ya que vehículos sin placas rondan la vivienda de sus padres y de su abuela.

“He sufrido cinco persecuciones del régimen y cada día, a pesar de que los bloqueo, recibo entre 40 a 60 amenazas de las turbas sandinistas a través de las redes sociales. Sí temo por mi vida, y por la de mis compañeros, pero hay que seguir en la lucha”, dijo.

El domingo 2 de septiembre, Carcache abandonó la casa de seguridad en la que permanecía y participó en la Marcha de las Banderas, organizada por el Movimiento de Autoconvocados.

“Lo que hago siempre es encomendarme al Señor antes de salir. Es importante denunciar lo que está sucediendo en Nicaragua, desde cualquier espacio, desde la calle. Somos un país que reclama justicia”, insistió.

Dos días después, volvió a salir de su casa de seguridad para participar en una reunión y fue capturado por la Policía Nacional. Se presume que fue conducido a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, que han sido objeto de denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como un centro donde se han registrado abusos contra la integridad de las personas detenidas.

Jóvenes, en la mira

La misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el informe titulado Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua: 18 de abril-18 de agosto, presentado en Managua y en Ginebra, señaló que al 18 de agosto, al menos 300 personas son objeto de procesos judiciales por su participación en protestas contra el gobierno de Ortega.

“Muchos han sido acusados de delitos desproporcionados o sin fundamento, y con infracciones sistemáticas de las garantías mínimas del debido proceso. Existen serias preocupaciones sobre la falta de pruebas para sostener dichos cargos”, señala el informe.

“Reconocidas personas defensoras de derechos humanos y líderes de las protestas han sido blanco de este patrón de criminalización. Los líderes del denominado Movimiento Campesino y de los movimientos estudiantiles, incluyendo los establecidos a partir de abril como el Movimiento 19 de abril, se han convertido en objetivos de las autoridades”, agregaron.

Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), insistió en que se está criminalizando la protesta social, al liderazgo universitario y estudiantil, y estimó que el número de detenidos arbitrariamente suma alrededor de 320 personas. Entre éstos señaló que incluso hay menores de edad, que son estudiantes de secundaria, citando el nombre de Brandon Trujillo, de 17 años y originario del municipio de Sébaco.

“Tenemos conocimiento que al menos 55% de los detenidos son menores de 30 años. Entre los detenidos arbitrariamente están 26 mujeres, entre las que están lideresas locales y sectoriales”, aseguró Abarca.

“No podemos encerrarnos”

El pasado 25 de agosto, Enrieth Martínez, dirigente de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUJD) y participante en el Diálogo Nacional, se dirigía junto con 19 integrantes de esa organización estudiantil a la ciudad de Granada, ubicada a 45 kilómetros de la capital, para participar en la marcha nacional azul y blanco, convocada por el movimiento de autoconvocados. Sin embargo, fueron detenidos en un retén de la Policía Nacional.

El Mecanismo de Seguimiento de la CIDH (MESENI), advirtió en un Twitter que “supo de denuncias de @CudjNicaragua sobre la intimidación a personas que iban a manifestarse pacíficamente en Managua. Estudiantes habrían sido detenidos. Exigimos al Estado de #Nicaragua que informe el paradero de los jóvenes y garantice su integridad física”.

Además del grupo de líderes estudiantiles de la CUJD, también fueron detenidos tres documentalistas, entre ellos la brasileña Emilia Mello. Todos fueron trasladados a estaciones policiales, donde fueron interrogados. Los estudiantes fueron liberados por la noche, mientras la documentalista Mello fue expulsada del país, rumbo a México.

Enrieth Martínez, dirigente de la CUJD y participante en el Diálogo Nacional, lamentó –previo a su captura y liberación- que el régimen de Ortega jamás se comprometió a otorgarles garantías a los dialogantes.

“Nosotros (como Coordinadora Universitaria) sabíamos perfectamente que no teníamos garantías de seguridad, a pesar que las reclamamos desde el primer día del Diálogo. Sin embargo, al estar envueltos en un proceso de Diálogo Nacional, era ilógico pensar que algo nos podía pasar. Por eso, la captura de Medardo ha sido una afrenta directa, una amenaza directa, a todos los sectores que han sido más beligerantes en este proceso de cambio”, dijo Martínez, estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA).

“Fue un impacto sumamente negativo, porque nos dimos cuenta que la criminalización está dirigida a ciertos actores. Todos los dialogantes hemos recibido amenazas, pero sólo el sector campesino ha sido el único directamente atacado entre los dialogantes. Al imputarle cargos de terrorismo, el gobierno está intentando dinamitar todos aquellos movimientos o cuerpos organizados, que han sido mucho más beligerantes en esta lucha”, añadió.

También dijo que le impactó la detención y encarcelamiento de Irlanda Jerez, lideresa del movimiento autoconvocado de comerciantes del mercado Oriental, así como el de líderes de movimientos estudiantiles universitarios de los departamentos, a quienes considera que están en situación más vulnerable, ya que son la cara visible de las movilizaciones anti Ortega en municipios y departamentos del país.

Martínez aseguró que la ola represiva los ha obligado a adoptar medidas más extremas de seguridad, a tal punto que todos viven en casas de seguridad, de las cuales se mueven cada cierto tiempo. Además, deben poner atención a dónde y en qué se movilizan.

“Sabemos que no podemos enclaustrarnos, encerrarnos adentro de una casa de seguridad porque aún tenemos cosas que hacer: organizar y asistir a marchas y a asambleas estudiantiles que planificamos. Corremos riesgos, pero no podemos dejar de movilizarnos”, insistió la joven.

“Entendemos que nos exponemos cuando salimos, pero también comprendemos la importancia de nuestro trabajo organizativo. Así que tratamos de ser cautelosos cuando nos movilizamos”, reiteró.

Líderes en el exilio

Madelaine Caracas, de 20 años y dirigente de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, cobró relevancia nacional e internacional cuando en la sesión inaugural del Diálogo Nacional, el pasado 16 de mayo, el presidente Ortega demandó un listado de los jóvenes muertos en las protestas que habían iniciado casi un mes atrás, y Madelaine se levantó con aplomo, tomó la palabra y empezó a leer, a toda voz, los nombres y apellidos de todos sus compañeros caídos por el accionar de las fuerzas policiales y parapoliciales. Fue un momento conmovedor.

Cuatro días después, el 20 de mayo, por razones de seguridad y por sus capacidades, Madelaine Caracas, junto a Jessica Cisneros (25 años) y Yerling Aguilera (26 años), emprendieron la Caravana Informativa por la Solidaridad con Nicaragua, que recorrió hasta el 1 de agosto un total de 10 países y 23 ciudades de Europa, en una labor casi profética, neutralizando el cerco mediático que ha impulsado en el exterior el gobierno de Ortega, apoyándose en el cuerpo diplomático, en partidos comunistas y de izquierda, y en cadenas de televisión aliadas, entre éstas Telesur (de Venezuela) y RT (de Rusia).

En conversación telefónica, Caracas confirmó a Apro que actualmente está en Costa Rica, país vecino, donde tramita refugio político, ya que a pesar de gozar de una medida cautelar de la CIDH –desde el 21 de mayo- le han advertido que en Nicaragua corre peligro.

Al respecto, recordó que cuando estuvo con la Caravana recorriendo Europa, un ciudadano de origen chileno, simpatizante de Ortega, las acusó de andar recolectando dinero para supuestamente comprar armas. Esa acusación sin fundamentos, tuvo eco en notas informativas de Telesur y en canal ruso RT, aportando así a la narrativa “golpista” del gobierno de Ortega.

“Para mí fue alarmante la aprobación de la Ley antiterrorista. Días después, nos informaron que había orden de captura contra mí, Víctor Cuadras (también refugiado en Costa Rica), y Lesther Alemán (en Nicaragua). Para mí es importante seguir el activismo, desde espacios más cerca de Nicaragua. Costa Rica es una retaguardia para seguir en la lucha cívica”, indicó.

Esa ley antiterrorista fue aprobada el 16 de julio por la Asamblea Nacional, cuya mayoría parlamentaria es controlada por Ortega, con el voto a favor de 70 diputados sandinistas. La misma establece penas de 15 a 20 años.

“Las amenazas de muerte en mi contra no han cesado, y a mis padres los han perseguido. Mi casa la allanaron y a mi mamá tuve que sacarla de casa y trasladar a un lugar seguro”, dijo Caracas.

Además de Caracas, en el exilio se encuentran los líderes estudiantiles Víctor Cuadras y Fernando Sánchez, quienes eran integrantes de la Alianza Cívica e integrantes del Diálogo Nacional, a quienes la CIDH también les otorgó medidas cautelares el pasado 21 de mayo de 2018. Mientras en el país permanecen Lesther Alemán, Enrieth Martínez, Jeancarlo López y José Ramón González.

“Es muy preocupante que estén en el exilio, porque es un indicativo del nivel tan fuerte de la represión en Nicaragua. Con la detención de Medardo Mairena, el gobierno está enviando un mensaje: ‘no importa qué tan visibles sean, qué tan importantes sean’, van a correr el mismo camino, por eso se ven obligados a salir del país y realmente es de mucha preocupación, porque realmente intimida al resto del liderazgo y a las personas que legítimamente están haciendo uso de las protestas sociales”, afirmó Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Por su parte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, agregó que ignorar las medidas cautelares de la CIDH es una muestra más del doble discurso del gobierno de Ortega, que dice abrir las puertas al escrutinio internacional, pero no tiene la menor intención de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.

“Ese mismo patrón hemos visto cuando invitó al equipo del Alto Comisionado para los derechos humanos y luego los expulsa por publicar un informe crítico, o cuando se niega a proporcionarle información oficial a los representantes de la CIDH en el país. Debería servir de alerta para la necesidad de redoblar la presión internacional sobre el régimen de Ortega”, concluyó Vivanco.

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