CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de comercialización, almacenamiento y transporte de petrolíferos en México, y servicios relacionados con los mismos. Mediante un comunicado, el organismo señaló que, ante la transición en los mercados energéticos, la Cofece es responsable de velar porque no existan prácticas anticompetitivas, para que el abasto de los mismos se dé en las mejores condiciones posibles, lo cual puede lograrse en ambientes competidos que ofrezcan a los consumidores diversas opciones de suministro. De acuerdo con el organismo presidido por Alejandra Palacios, los petrolíferos son fundamentales para la economía del país. De esta forma su disponibilidad y precio impactan de manera transversal en todos los sectores productivos. La autoridad acotó que la indagatoria arrojó posibles actos monopólicos, sin embargo, aún no establece responsabilidades. La Cofece cuenta con 120 días hábiles, a partir del 7 de mayo de 2018, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones. “Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno podría resolver el cierre de la investigación. “En caso de que existan fundamentos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa”, indicó el organismo. De comprobarse la realización de una práctica monopólica, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta el 8% de sus ingresos. En el caso de las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente, en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la CDMX y la inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por cinco años.