CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El principal reto para el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador es que la Fiscalía General tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política. Así lo destacó Transparencia Mexicana en un informe en el que dio a conocer que México se encuentra en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el cohecho internacional. Tras destacar que la Fiscalía General --que está por nacer-- será la responsable de utilizar esa Convención para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional, añadió: “Lo que distingue a un país bien evaluado en el cumplimiento de la Convención OCDE es el trabajo que realiza su Fiscalía y, por supuesto, que al final de la investigación, una sanción en firme sea aplicada por un juez. A casi 20 años de la ratificación en el Senado de esta Convención, esto nunca ha ocurrido (en México)”. En un comunicado precisó que la Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, o Convención OCDE contra la corrupción, como se le conoce más ampliamente, es el instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero. México ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado un solo caso de corrupción utilizando este instrumento jurídico. Según el documento, bajo esta Convención y su equivalente en Estados Unidos, la Ley contra prácticas de corrupción en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), han sido investigados casos globales de corrupción de enorme relevancia política como el de Odebrecht, que en el caso de México involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. En este nuevo informe dado a conocer en Berlín se analizan 44 países, de los cuales la mitad (22) aprovechan la Convención OCDE para investigar casos de corrupción internacional. La otra mitad, donde se encuentra México y países como China, Colombia, India, Rusia, Singapur, Corea, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento muy bajos, o nulos, bajo esta convención internacional contra la corrupción. Transparencia Mexicana destacó que esta Convención es la que inhibe que las empresas mexicanas o extranjeras participen en actos de corrupción en operaciones internacionales como los que prevén los tratados de libre comercio que México negocia con socios comerciales. La Convención aplica para las empresas internacionales que hacen negocios en México, como Odebrecht, pero también para las empresas mexicanas que tienen operaciones comerciales en el extranjero.