TOLUCA, Edomex (apro).- Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la LX Legislatura del Estado de México renunció a los 187.5 millones de pesos que cada año se asignan al Programa de Apoyo de la Comunidad (PAC). “Las y los diputados integrantes de la LX Legislatura acordamos no ejercer los recursos asignados al PAC previstos en el presente ejercicio fiscal y en los subsecuentes”, plantea el punto de acuerdo avalado (72 de 75 votos, con tres ausencias). Los coordinadores precisaron que el ejercicio de este recurso por parte de los diputados locales, pero administrado por el Ejecutivo estatal, no forma parte de las facultades constitucionales del Poder Legislativo, aunque históricamente se ha empleado con fines electorales. Y si bien la Junta reconoció la función social del programa, que permitía la gestión de apoyos materiales de todo tipo en favor de los ciudadanos, también advirtió que carece de fuerza legal para ser ejercido por el Poder Legislativo, pues la Constitución no faculta a los diputados en la función ejecutiva del PAC. El documento advierte que las normas existentes no dan certeza a la operación de este recurso, por lo que queda sujeto a criterios políticos discrecionales. De igual manera, la Jucopo precisó que a pesar de que la Legislatura mexiquense cuenta con el mayor número de representantes populares entre los Congresos locales, los esfuerzos realizados por ellos no alcanzan a cubrir las cada vez más complejas y numerosas necesidades de la población. “Si bien con el PAC se atienden demandas sociales, los recursos pueden ser orientados hacia otras acciones concretas”, consideraron los coordinadores. En el marco de la discusión, el diputado morenista Faustino de la Cruz señaló que a través del PAC se condicionaba a los diputados, y acusó que algunos apoyos terminaron en tlapalerías particulares que vendían los materiales a mitad de precio. Su correligionario Tanech Sánchez destacó que el PAC no mejoró la calidad de vida de los mexiquenses, pues el Coneval advierte el agravamiento de las condiciones de vida de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar. “El PAC sólo implica el uso discrecional de recursos para generar clientelas, para la coacción. El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) incluso lo considera como la institucionalización del moche, una especie de pago a los diputados a cambio de la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo estatal… El programa opera bajo criterios políticos y discrecionales”, señaló. El legislador Julio Hernández recordó que el PAC fue acuñado por el exgobernador Carlos Hank González y fue un programa viciado de origen que ha permitido la compra-venta del voto ciudadano y de los diputados. “Especialmente el Estado de México ha sabido hacer muy bien su labor; los gobiernos han comprado voluntades elección tras elección”, expuso. A su vez, la diputada Beatriz García demandó que la Secretaría de Finanzas informe el estado en que se encuentra el programa, y dijo que espera no se busquen resquicios para utilizar otros recursos públicos con los mismos fines clientelares. El también morenista, Gabriel Gutiérrez Cureño, advirtió que esta decisión es la primera muestra al gobernador Alfredo del Mazo de que las cosas ya no serán iguales en la entidad, y calificó de “agachones” a los exdiputados priistas que en su momento permitieron la operación del PAC. Anuar Azar, quien repite como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y por tanto accedió a recursos de ese programa en la Legislatura anterior, aseguró que el albiceleste ya se había pronunciado en contra de la operación del PAC, si bien lo ejerció, y aseguró que también fue utilizado por los anteriores diputados de Morena. Justificó que cada legislador podía acceder a 2.5 millones de pesos anuales por este beneficio, independientemente del sentido de su voto. “Es un avance; ahora tendremos la responsabilidad de analizar el próximo paquete fiscal y debemos decidir cómo direccionar y fiscalizar esos recursos; generemos consensos en favor del interés general; también debemos revisar todos los programas sociales que maneja gobierno del estado”, apeló. El petista Luis Antonio Guadarrama, quien como exdiputado local también ejerció recursos del PAC, arguyó que el programa fue creado con la finalidad de ayudar a la población, pero se distorsionó en un programa clientelar que dio pie a actos de corrupción. El PAC –agregó-- significa 0.6% del presupuesto estatal, por lo que es necesario observar en lo sucesivo dónde se gastará este recurso, a fin de que el Ejecutivo estatal de cualquier manera no le dé un uso clientelar; “debemos eficientar la función de fiscalización de esta Soberanía”, dijo.