CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, condenó el asesinato del defensor indígena Margarito Díaz González, caso con el que suman diez homicidios de defensores durante el año, seis de ellos indígenas. En lo que va de 2018 se han registrado más asesinatos de personas defensoras que el año pasado, lo que confirma lo dicho por el relator especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, de que los activistas en México “viven una situación crítica”, precisó Jarab en un comunicado. Añadió que a esos crímenes se suma la desaparición, el pasado 23 de agosto, del defensor Sergio Rivera Hernández, en Puebla. “Es urgente detener y revertir la tendencia según la cual México podría acabar siendo el lugar más peligroso del mundo para las y los defensores de los derechos humanos”, alertó el representante de ONU-DH. El asesinato de Margarito Díaz, perpetrado el 8 de septiembre en Nayarit –añadió--, “puede repercutir particularmente sobre los procesos comunitarios de defensa de los derechos humanos”. Tras exigir el esclarecimiento del homicidio de forma “pronta, expedita, diligente y eficaz”, y tomar como línea de investigación la labor de defensa del pueblo Wixárika, la representación de la ONU-DH detalló que Díaz González fue asesinado el pasado sábado 8 por hombres armados en la comunidad de Aguamilpa, municipio de El Nayar, en el estado de Nayarit. De acuerdo con la información recibida por el organismo, además de ser integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Margarito Díaz “era un líder espiritual e integraba la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit”. Al solidarizarse con la familia y la comunidad a la que pertenecía el defensor indígena asesinado, la ONU-DH llamó al Estado mexicano a “reforzar acciones dirigidas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y prevenir las agresiones en su contra, resaltándose que la principal medida de prevención es la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las agresiones”. Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destaca que, además de desempeñarse como líder espiritual y consejero de la CDI, Díaz González encabezaba la oposición del pueblo Wixárika a la construcción de la presa “La Maroma” --que abastecerá de agua a los estados de Durango, Jalisco y Guanajuato--, porque atravesaría el territorio sagrado denominado Wirikuta. Además, manifestó su desacuerdo en la construcción de otra presa proyectada sobre los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí. El crimen de Díaz engrosa las cifras de agresiones a defensores de derechos humanos dadas a conocer recientemente por el Comité Cerezo, organización que contabilizó 3 mil 967 actos violentos contra ese sector de la población en México, de los cuales 228 corresponden a hechos cometidos en los últimos 12 años.