Damnificados del sismo del 19 de septiembre y funcionarios del próximo gobierno local coinciden: no hay un censo de inmuebles dañados ni de vecinos afectados por el terremoto, lo que significa un alto riesgo en caso de otro siniestro. Tampoco existe ninguna claridad en cuanto al ejercicio de los recursos económicos para la reconstrucción: nadie sabe qué pasó con los miles de millones de pesos que se destinaron en 2017 y 2018 a la reparación de daños. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A casi un año del sismo del 19 de septiembre aún se carece de un diagnóstico de las afectaciones ni hay certeza sobre el número de damnificados, la cantidad de inmuebles dañados ni el nivel de riesgo que éstos representan. A ello se suma la falta de claridad en el ejercicio de los recursos económicos y sus reglas de operación. En concreto, no hay un programa real de reconstrucción. Vania Salgado, representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, es clara: “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado; pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”. Por ello, el 26 de julio presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción: “El verdadero problema es que no hubo una priorización en la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. El presupuesto para 2018 no establece ningún rubro para esto; sólo hubo uno para que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) construyera 11 edificios. Tardíamente, el 7 de junio se creó el Fideicomiso para la Reconstrucción, que intentará rehabilitar y construir multifamiliares; pero el problema es que no se garantiza el derecho a vivienda digna y decorosa para todos los damnificados”. A Damnificados Unidos se sumaron vecinos de Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A, Madero y Miguel Hidalgo: “Desconocemos cuántos damnificados hay porque el censo de personas afectadas y de inmuebles dañados no ha sido concluido por el gobierno. La cifra oficial del Comité de Emergencias es de mil 71 inmuebles afectados, pero en una rápida revisión detectamos que hay un subregistro y al menos 27 no están incluidos. Es probable que haya más de cien que no aparecen”. Explica: “En nivel de afectados en algún momento vi una cifra con unos 14 mil en toda la Ciudad de México. La falta de un censo certero provoca, por un lado, la desatención a las personas que habitan estos inmuebles, y por otro, los riesgos latentes para la ciudad, porque mientras no se conozca el riesgo no se puede mitigar sus efectos. Un edificio que está en riesgo alto de colapso y que no se ha demolido es un edificio que representa un alto riesgo tanto para los propietarios como para la comunidad. “Entonces, no concluir los censos implica la desatención a damnificados y la falta de mitigación de riesgo para la ciudad de México. No hay protocolos para homologar las dictaminaciones. En un principio hubo un número importante de brigadas, de instituciones del Gobierno de la Ciudad de México –como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), de la Seduvi–, colegios de estructuristas y de arquitectos que empezaron a realizar esta tarea, pero no había un protocolo formal para utilizar la información y se perdió. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2185, ya en circulación)