Un informe que describe el funcionamiento actual de la Cámara de Diputados revela que las oficinas administrativas se reparten a modo de cuotas entre el PRI, el PAN y el PRD. El uso que se les da no es sólo político: sobre todo, ahí se colocan los recomendados de las dirigencias y se realizan negocios con las licitaciones y los servicios. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Cámara de Diputados se convirtió en un “botín” político y económico que “PRI y PAN” –“y en menor escala el PRD”– se repartieron desde hace años, lo que llevó a contar con una estructura administrativa “de complicidades y corrupción”, sostiene Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Con documentos que revelan “el reparto de áreas como cuotas” y en las cuales se manejan recursos multimillonarios –el presupuesto de la Cámara fue de 8 mil 439 millones de pesos este año–, Delgado revela a Proceso que solicitará a la Jucopo el mandato para que la Auditoría Superior de la Federación realice una “auditoría integral, porque aquí todo es un botín y todo tiene un color político”. “Es una estructura de complicidades y corrupción que vamos a desmantelar”, advierte, y confía en que tener mayoría y las presidencias de la Jucopo y del Comité de Administración les permitirá llegar a las entrañas financieras de San Lázaro. Cualquier cajón que se abra de los cargos más importantes, como la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros o la Contraloría Interna –desde donde, según un documento interno de la Cámara, se mantiene un control político y financiero-, tiene el sello de los priistas César Camacho, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Jorge Carlos Ramírez Marín; del perredista Jesús Zambrano Grijalva o de los panistas Gustavo Madero y Marko Cortés, Las cuotas Después de que en 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y surgió el llamado G-4, que encabezó Porfirio Muñoz Ledo, se modificó la estructura de San Lázaro: desparecieron la llamada Gran Comisión y la Oficialía Mayor, desde la cual el tricolor mantenía el control político y financiero total. La nueva división pretendió acabar con la corrupción. No se logró. De acuerdo con un documento interno de la Cámara –que este semanario consultó–, el uso de puestos administrativos como cuotas políticas siguió propiciando la corrupción, sólo que se amplió a dos partidos más: PAN y PRD. El documento empieza con la descripción de la pieza clave de San Lázaro: la Secretaría General, posición que desde los gobiernos panistas ha conservado el PRI. La describe como una posición “de poca utilidad y que se ha convertido en un barril sin fondo de recursos”. Va más allá: “Sus funciones pueden, sin problema, ser absorbidas por las secretarías de servicios”. La designación del secretario general, quien tiene en sus manos todos los hilos de San Lázaro, se lleva a cabo mediante la votación de las dos terceras partes del pleno. El primero en ocupar dicha posición fue el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González-Salas; lo siguió la panista Patricia Flores; y de 2004 a 2011 un hombre cercano al priista Emilio Chuayffet: Guillermo Haro Bélchez. Según el documento, desde esta área “se truncó el servicio civil de carrera” mediante un acuerdo de la Jucopo en 2002 “para dejar la estructura en más de 200 personas” y habilitarla como refugio de priistas tras la derrota del año 2000. También se señala que en la gestión de Haro Bélchez “comenzó en la Cámara la corrupción en las modalidades e intensidad de ahora”. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2185, ya en circulación)