Por torpezas burocráticas, el destino de los recursos para la reconstrucción de la ciudad –el dinero para paliar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre– sigue siendo desconocido, sostiene Ricardo Becerra, quien fue el primer encargado de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. En la actualidad, afirma en entrevista con Proceso, la capital del país sería más vulnerable a un terremoto, pues no hay un protocolo de seguridad y ni siquiera se tiene un censo de las instalaciones estratégicas endebles o dañadas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La capital del país es más vulnerable a los sismos ahora que hace un año. Hay muchas edificaciones afectadas que aún están habitadas, pero no todas se conocen pues falta un censo. Lo peor que se puede­ hacer es minimizar los daños del 19 de septiembre de 2017, advierte Ricardo Becerra Laguna, quien fue primer titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y es autor, junto con Carlos Flores, del libro Aquí volverá a temblar. Testimonios y lecciones del 19 de septiembre (Grijalbo, 2018). Los afectados se pueden contar por decenas de miles. Y aunque el gobierno capitalino ha emprendido cientos de acciones, aún ahora carecemos de un protocolo para la protección y la seguridad humana de la ciudad, dice el economista que fue responsable de la recuperación de la capital en los momentos críticos después de la emergencia. Era subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad cuando el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo puso –a finales de octubre de 2017– al frente de la comisión. Pero apenas duró 100 días en el cargo. Renunció por estar en desacuerdo con la intervención de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –especialmente con las bancadas del PAN y el PRD– en el manejo de los millonarios recursos para la reconstrucción. En particular los asambleístas perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, y el panista Jorge Romero, quienes decidieron, desde las comisiones de Gobierno y de Presupuesto, cuánto y dónde aplicar el dinero. Poco se sabe de ese ejercicio. Ciudad frágil Cofundador de la ONG Nosotrxs, Becerra afirma que dicha agrupación, a partir de información pública, ha podido documentar el uso de menos de 10% de lo presupuestado por la ALDF para este año: 8 mil 772 millones de pesos sin considerar fondos federales ni donaciones. El problema no sólo es el dinero, sino que actualmente la ciudad es más frágil, pues no han modernizado sus estructuras, y el riesgo crece más rápido que la población, afirma el ahora presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Considera que la reconstrucción de la capital está concebida más como un plan de vivienda que como un programa vasto para garantizar la seguridad y el patrimonio de quienes la habitan: “Sería injusto decir que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido parada la reconstrucción. Se han tomado miles de acciones más allá de la emergencia, pero no se han elaborado los criterios universales para atender a todos los damnificados de manera equitativa”, dice en entrevista el martes 11. “Se han tomado decisiones por presión política o por urgencias, no por criterios generales”. –¿La Ley de Reconstrucción no era para evitar eso? –La ley ordenaba elaborar un programa, que presentamos el 12 de enero. En éste se daban las primeras reglas para cruzar tres datos: las posibilidades económicas de las personas, su condición social y el tamaño del daño sufrido. Pero este trabajo de cruzar la información humana, económica y social no se ha podido llevar a cabo porque siguen haciendo falta los censos, especialmente el socioeconómico que ordena la ley. Otro censo es el de infraestructura, que está mucho más avanzado e incluye escuelas, mercados, edificios públicos y espacios culturales y de patrimonio histórico. “Hay que exigir al proceso de reconstrucción que no se minimice el daño. Por la experiencia que tuve al frente de la reconstrucción, puedo decir que el impacto del temblor se mide en decenas de miles de personas, y esto debe reconocerlo la autoridad presente y la futura”, dice en referencia al próximo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, pero también al primer Congreso de la Ciudad de México, que entrará en funciones este lunes 17. –¿Ha habido intención de minimizar las afectaciones? –Lo que ocurre es que no hay un censo. Las primeras estimaciones del censo socioeconómico hablaban de miles de damnificados. Pero eran datos preliminares. Yo visité cientos de veces los puntos más críticos de la ciudad y a simple vista el número de damnificados se medía en decenas de miles. –¿Por qué desde ese primer momento se redujo el universo? –Yo pensaba que en ese momento estaban entregando un trabajo parcial, que eran los primeros datos del censo. Creo que no hay que caer en la tentación de minimizar el daño por una razón: por seguridad de la propia ciudad. Si no atendemos a la mayor cantidad o a todos los damnificados, lo vamos a pagar en forma de edificios más vulnerables, de casas y calles más dañadas y, en general, de una ciudad más frágil en su conjunto. –¿No se ha atendido de raíz el problema? –La Ciudad de México es ahora más vulnerable por dos razones: por la sobreex­plotación de los mantos acuíferos y el consecuente debilitamiento del suelo y el subsuelo; y porque, como todo el país, no ha crecido lo suficiente en términos económicos para realizar un mantenimiento y una modernización de sus estructuras; es decir, sus casas y edificios. El riesgo y la vulnerabilidad han crecido más rápido que la población. “Debemos saber cuáles son las vulnerabilidades de los edificios estratégicos: hospitales, escuelas, instalaciones de telecomunicaciones. Lo imperdonable es que no hayamos desarrollado un protocolo mucho más robusto para la protección y la seguridad de las personas. Becerra es contundente: “O fortalecemos los protocolos y los deberes que nos corresponden a todos en la ciudad –gobierno, empresas y ciudadanos– o vamos a vivir el siguiente sismo como si fuera el del 19 de septiembre”. –La ley usa el calificativo de resiliente; es decir que se quiere una ciudad con más capacidad de responder a las emergencias. ¿No se está haciendo eso? –pregunta el reportero. –Eso es lo que debería estarse discutiendo. Me temo que el programa de reconstrucción se confunde con un gran programa de vivienda. Por supuesto que lo incluye, pero es parte de un concepto mucho más vasto, del que debemos hacernos cargo. –¿La Ley de Reconstrucción es inoperable o de plano no se ajusta a las necesidades de la Ciudad de México? –Tiene muchos problemas, es confusa. Tendría que ser útil para enfrentar la reconstrucción con criterios generales y universales. Por eso pone medidas de mucho mayor calado, con protocolos muchos más fuertes. “Pero creo que la ciudad debe encarar fuertemente a las figuras de los directores responsables de obra (DRO) y de los corresponsables de seguridad estructural (CSE) para discutir seriamente que los responsables deben ser quienes hacen una obra, no los que vienen a firmar. Ese es uno de los más grandes problemas en la reconstrucción de la ciudad. –¿Hay manera de identificar a los DRO y a los CSE de los edificios afectados? –En teoría sí. Pero entre las cosas muy desgraciadas que nos ocurrieron el 19 de septiembre es que el edificio que guarda la memoria constructiva de la ciudad se cayó: el Archivo de Notarías. Cada cinco años las delegaciones mandan ahí los cálculos estructurales, la planeación matemática, los planos, etcétera. Ahora el archivo es parte del programa de reconstrucción. Confrontación con la ALDF Autor del libro La mecánica del cambio político en México, Ricardo Becerra renunció a la Comisión de Reconstrucción el pasado 16 de febrero, luego de que los diputados Leonel Luna y Jorge Romero, como presidente y secretario de la Comisión de Gobernación, y Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quedaron al frente del reparto de los recursos aprobados por la ALDF en el presupuesto de la ciudad para 2018. Los legisladores locales emitieron un decreto en el que decidieron cuánto y en qué debían usar las dependencias y organismos de la Ciudad de México los recursos para la reconstrucción. “La comisión trabajaba bajo el paraguas de una ley que, con todo y sus problemas, era útil y manejable. El problema apareció cuando a finales de noviembre la misma ALDF que había creado la Comisión y la Ley de Reconstrucción, emitió un decreto que contradice la ley por ellos mismos creada”, dice Becerra. Abunda: “la comisión no podía adivinar cuál era el daño en la ciudad. Por lo tanto, no podía presupuestar. Lo que la ley mandaba, en cambio, era construir un fondo disponible y público que respondiera a las necesidades de la emergencia y a las exigencias y conocimiento del daño, que cada día se iba profundizando. Eso no se prevé. Por eso hay dinero para atacar las emergencias y anular el riesgo”. Sin mencionar nombres, añade: “Algunos diputados cometieron el error de tratar burocráticamente la reconstrucción. Decidieron repartir millones de pesos a las dependencias, pero sin criterios, estudios o diagnósticos, y sin ningún dictamen de la propia comisión. Ahí empezó a hacer agua la transparencia. La idea inicial era que el fondo estuviera a la vista de todos para responder a las emergencias y urgencias que fuera planteando el proceso de reconstrucción. El decreto fue en sentido contrario. En la Comisión no éramos adivinos y, por tanto, no sabíamos a dónde se iba a mandar tanto dinero”. –¿Hay manera de comprobar lo que se ha gastado?  –No en la gran parte. Hay fondos comprometidos, otros que no han sido ministrados y otros que no han sido ejercidos. Es la burocracia. –¿Qué hizo la comisión para recuperar su autoridad sobre los recursos? –Enviamos una carta a los diputados para que nos dijeran cómo interpretar esa evidente equivocación o al menos que nos explicaran cómo se iba a manejar eso. Contestaron el 15 de febrero. Se dirigieron al jefe de Gobierno, diciendo que deberían entenderse como ejercidos o determinados. Así, el 29 de diciembre decidieron sobre 6 mil 800 millones de pesos, sin mediar la opinión del jefe de Gobierno ni la de la comisión. Fue una respuesta categórica que hacía inviable y superflua la existencia de la propia comisión. –¿Miguel Ángel Mancera también se vio rebasado por las comisiones de Gobernación y de Presupuesto de la ALDF? –Creo que en cierto modo fue sorprendido por ese decreto e hizo lo que pudo para corregirlo. Mandó una corrección. –Pero también abonó a la opacidad, al designar en una segunda comisión a colaboradores de su confianza y ya no de la ciudadanía. –En la Comisión de Reconstrucción hay personas muy respetables y muy importantes. Pero ocurrieron cosas que cambiaron el panorama. La primera fue la creación de una instancia interinstitucional, de dependencias del propio gobierno, en la comisión. Eso no está en la ley. Eso será ya tema de la siguiente jefa de Gobierno. Además, hay una dificultad grande ante la probable reasignación de los fondos que fueron predestinados aquel 29 de diciembre. Eso es algo que no se puede evidenciar. –¿Es posible saber ahora de cuánto ha sido la bolsa total para la reconstrucción, más allá de lo autorizado por la ALDF? –Hoy mismo no. La Asamblea, en la última semana de su existencia, aún estaba considerando una nueva reasignación por exigencia de grupos de damnificados. –Tampoco sabemos cuánto se ha gastado… –En su totalidad no. La realidad es que no hay manera de comprobar el conjunto de gastos de 2018. No sabemos a dónde se han destinado en el proceso de reconstrucción. No sabemos, por ejemplo, cuánto se ha pagado a las empresas. Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.