CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las elecciones del pasado 1 de julio, las operaciones de compra y coacción de votos hacia las mujeres indígenas de Chiapas fueron una “constante”, y se llevaron a cabo a través de programas sociales como Prospera o Salario Rosa, confirmó el dictamen de las organizaciones que conforman el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE). Cesarina Mendoza Elvira, abogada de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, resaltó que en el sistema electoral mexicano persisten “retos importantes en materia de paridad de género”, pues aseveró que, si bien los partidos políticos cumplieron con la inclusión de mujeres en sus planillas, “habría que indagar de qué manera fueron designadas y mantenerse vigilantes respecto a su permanencia en los cargos”. La abogada recordó que los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero registraron la mayor cantidad de averiguaciones previas derivadas de actos de violencia política por género, mientras que las comunidades indígenas padecieron transgresiones a sus derechos políticos durante el proceso electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador y su movimiento Morena al poder. La activista citó el caso de Bochil, en Chiapas, donde “exfuncionarios de gobierno falsificaron actas de registro para hacerse pasar por indígenas y así poder obtener un cargo de elección popular”. Ello, a pesar de que la justicia les anuló sus candidaturas. Entre los principales hallazgos que enumeró el Análisis del Proceso Electoral 2017-2018 –presentado hoy en la sede de la ONU en México-- sobresale el escaso voto de los mexicanos que residen en el exterior: solamente 54% de los 181 mil 873 mexicanos inscritos en las listas de los connacionales en el extranjero emitió su voto. Según Héctor Macías Jurado, presidente de la organización Alzando Voces, esa situación se debió a una mala organización y falta de diálogo. “No hubo un proceso de comunicación, no solamente durante el proceso electoral, sino inclusive antes del mismo”, sostuvo. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron al FAOE –a su vez administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)--, también observaron inconsistencias en los datos oficiales sobre los delitos electorales, pues discrepan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los reportes de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).