Familiares exigen a fiscalía investigar la desaparición del activista Sergio Rivera en Puebla

PUEBLA, Pue (apro).- Familiares de Sergio Rivera Hernández, activista contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala, se manifestaron frente a la Fiscalía General del estado para exigir que se investigue su desaparición, ocurrida el pasado 23 de agosto.

Consuelo Carrillo León, esposa de Rivera, dijo que además de la manifestación, organizaciones y activistas protestaron de manera simultánea en la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México y en Tehuacán, para exigir la presentación con vida del luchador social.

“Hasta ahora no hemos sabido que las autoridades hagan algo para investigar su desaparición. Se han presentado testimonios y pruebas de las amenazas que recibió por parte de alcaldes y exalcaldes, pero hasta ahora no han hecho nada”, puntualizó.

Incluso existe un audio donde un sobrino de Silvestre Martínez, expresidente municipal de Zoquitlán, amenaza de muerte a su esposo por su postura en oposición al proyecto de la hidroeléctrica, que beneficiaría a la empresa minera Autlán, señaló.

De acuerdo con Carrillo, la desaparición de su esposo está relacionada con su participación en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico, y la minera Autlán no es ajena a los hechos, pues se ha aliado con autoridades locales para atacar a los opositores.

Señaló que los pobladores y familiares de Rivera se mantendrán en plantón frente a la Fiscalía para exigir que lleven a cabo las investigaciones correspondientes por las amenazas que había recibido previo a su desaparición.

Según organizaciones, el 28 de junio, en el contexto del proceso electoral, Rivera fue encañonado por personas cercanas a la presidencia municipal de Zoquitlán, y también lo amenazaron con asesinarlo si denunciaba los hechos; sin embargo, el activista acudió ante las autoridades a presentar su queja.

En un comunicado emitido el 26 de agosto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” acusó a minera Autlán de tener relación con esos hechos.

“En repetidas ocasiones, este corporativo minero ha sido denunciado por mantener una red de complicidad con el crimen organizado, cuyo objetivo es intimidar, amenazar y coaccionar a la población para que acepten la construcción de un sistema de hidroeléctricas”, acusó.

De igual manera, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), al que pertenecía Rivera, ha señalado a Cirilo Trujillo y a Fermín González León, alcaldes de Tlacotepec de Díaz y San Pablo Zoquitlan, respectivamente, de haber actuado contra los opositores a la hidroeléctrica, incluido al ahora desaparecido.

De su lado, la empresa se deslindó de la desaparición de Rivera.

“(La compañía) Enfatiza que no tiene ningún vínculo con este desafortunado incidente, ni tiene relación alguna con el señor Rivera Hernández. Autlán, en sus 65 años de trayectoria, ha operado siempre bajo el marco legal existente y rechaza cualquier conducta que vaya en contravía de la Ley”, sostuvo en un comunicado emitido el 27 de agosto.

Este año, dos activistas contra los llamados proyectos de muerte han sido asesinados en la entidad.

El 14 de mayo, Manuel Gaspar Rodríguez, quien era dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y opositor a un proyecto de Subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Cuetzalan, apareció muerto en un motel.

El 30 de ese mismo mes, Adrián Tihuilit, opositor a los llamados proyectos de muerte en la Sierra Nororiental de Puebla, fue ultimado de un disparo en la cabeza cuando retornaba a su hogar, en el municipio de Zacapoaxtla.

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