ACNUDH miente, acusa Venezuela y atribuye éxodo masivo a “bloqueo económico’’

El canciller venezolano Jorge Arreaza, negó ante el ACNUDH la existencia de una crisis humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos. Foto: Gobierno de Venezuela El canciller venezolano Jorge Arreaza, negó ante el ACNUDH la existencia de una crisis humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos. Foto: Gobierno de Venezuela

GINEBRA (apro).- El gobierno de Venezuela negó de manera enfática ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se viva una crisis humanitaria en el país, rechazó de forma categórica los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y consideró que el éxodo de venezolanos es por una coyuntura provocada por las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Washington.

Por una parte, los informes publicados por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos presentan un escenario desolador en Venezuela de donde se han visto forzadas a dejar el país 2.3 millones de personas en los dos últimos años, básicamente por las condiciones de vida, falta de alimentos, medicinas, sistema de salud colapsado, represión a la oposición y medios de información.

Por otra parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza, negó en plena sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la existencia de una crisis humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos por esta causa.

Al ser cuestionado por Apro sobre esta contradicción entre lo que afirman investigadores del sistema de derechos humanos de la ONU y lo que argumenta el gobierno de Caracas, Arreaza tachó de mentiroso al anterior Alto Comisionado y atribuyó los problemas que vive el país a las sanciones económicas impuestas por el presidente estadunidense Donald Trump.

“Cuando tú dices si la ONU miente no es la ONU, es el Alto Comisionado saliente, afortunadamente, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein con sus informes y con una metodología realmente ridícula”, dijo Arreaza a Apro durante su visita a Ginebra.

El ACNUDH publicó dos informes durante el mandato de Zeid uno el año pasado en el que sostiene que las violaciones de derechos humanos apuntan a una ‘política de represión’.

Y el segundo informe publicado en junio de 2018, pone de relieve el hecho de que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. El informe también deja al descubierto el grave impacto de la crisis económica y social que atraviesa el país por lo que se refiere a los derechos a la alimentación y a la salud.

Además, debido a que el gobierno de Venezuela no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones, el Alto Comisionado Zeid recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de Investigación sobre la situación en Venezuela.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia,” valoró Zeid un poco antes de terminar su mandato.

Según el canciller, “Venezuela ha sido sometida a un bloqueo financiero desde hace varios años, oficialmente desde el año pasado con las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente (de Estados Unidos Donald) Trump, después de haber amenazado a Venezuela con el uso de la fuerza militar’’.

“Venezuela ha sido sometida a una guerra económica brutal contra su moneda, la situación de la economía es difícil como la cubana con tantos años de bloqueo y eso ha tenido consecuencias”, remarcó.

“Hay una migración, admitió el funcionario, pero no es una crisis migratoria, es una coyuntura, son venezolanos que se han ido por crisis económicas no por razones políticas ni porque estén buscando una vida mejor (…) por cierto estamos en un programa de retorno.

“Pero efectivamente todo bloqueo tiene consecuencias y nosotros atenderemos a nuestro pueblo en Venezuela y fuera de ella”, prometió.

En vista de que el gobierno de Nicolás Maduro no ha permitido la entrada al país del personal del ACNUDH y con el ánimo de una nueva cooperación basado en la transparencia, al preguntarle si aceptaría la visita de la nueva Alta Comisionada Michelle Bachelet, el canciller titubeó.

“Nosotros nos reunimos con Michelle Bachelet, nosotros queremos y respetamos a la presidenta, respetamos su criterio, su independencia (…) respetamos su mandato y hemos empezado una etapa de cooperación nueva y por supuesto que más adelante irá fluyendo la relación y por supuesto que veremos también intercambios como el que usted se refiere (la visita)”, respondió.

“Hay una nueva Alta Comisionada, pero el problema también es la Oficina, es la institución, hay que reconstruir la confianza, suministrar informes rigurosamente hechos y una vez reconstruidos los canales de comunicación tendremos la mejor relación”, agregó.

Bloqueo económico de EU, la causa

Por otra parte, durante su alocución en el Consejo de Derechos Humanos el canciller venezolano achacó los problemas de abastecimiento de medicamentos y alimentos al “bloqueo económico de Estado Unidos, Canadá y la Unión Europea”.

“El bloqueo económico y financiero contra nuestro país, las medidas unilaterales coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, tratan de hacer chillar nuestra economía”, afirmó en su intervención al Consejo.

“Incluso han hecho difícil que Venezuela pueda recibir, importar procurar lo fundamental y básico para la producción, para la alimentación de nuestro pueblo, para la salud”, justificó.

“Sólo por ponerles un ejemplo, aquí mismo la institución CreditSuisse cuya sede está en Suiza, nuestros títulos sufrieron por las sanciones de los Estados Unidos una pérdida real de su valor de 265 millones de dólares desde el año 2017 al año 2018 y según la OPS son 120 millones de dólares los que necesita Venezuela para garantizar las vacunas de toda la población, los medicamentos retrovirales, los insumos para los bancos de sangre, los medicamentos antimaláricos, los medicamentos antituberculosos, los medicamentos oncológicos”, argumentó sin dar más detalles.

“Llama la atención cómo es que un gobierno con tal capacidad petrolera y recursos naturales no cuente con 120 millones de dólares para comprar las vacunas que su población necesita”, observó un diplomático que se encontraba en la sala que prefirió no dar su nombre.

Además, en un evento organizado por Human Rights Watch en el marco de la trigésimo novena sesión del Consejo de Derechos Humanos, la delegada de la Unión Europea aclaró que el “bloqueo” al que se pretende atribuir la situación en el país, no se asemeja al caso de Cuba, “porque las sanciones impuestas por la UE son en contra de personas individuales”.

Las sanciones contra altos mandos en Venezuela

Haciendo un breve recuento en cuanto a las sanciones, el 12 de septiembre de 2008, cuando aún gobernaba Hugo Chávez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que el exministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín y el Director de Inteligencia Militar Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, pudiesen tener bajo jurisdicción estadunidense, declarando la existencia de evidencias de que apoyaron materialmente a las FARC en sus actividades de narcotráfico.

En 2014, ya con el gobierno de Nicolás Maduro, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó la Ley de Defensa de Derechos Humanos en Venezuela usada para imponer sanciones específicas a determinados individuos que fueron responsables, según el gobierno de Washington, de violaciones de derechos humanos y represión armada en las manifestaciones antigubernamentales de ese año.

A principios de 2015, EU impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron presuntamente vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política que también incluyen a sus familiares.

El 9 de marzo de 2015, Obama ordenó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos congelar los bienes y activos de siete funcionarios: el Comandante Antonio José Benavides Torres; el director general del Servicio de Inteligencia SEBIN Gustavo Enrique González López; el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Justo José Noguera Pietri; la fiscal Katherine Haringhton Padron; el director de la Policía Nacional, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; Manuel Gregorio Bernal, jefe de Brigada Blindada de Caracas, y Miguel Alcides Vivas Landino, inspector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el departamento de Estado de Estados Unidos recogen: “erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes y corrupción pública significativa“ y aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino “de forma específica contra “individuos” de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población“.

Más adelante en mayo de 2017, ya con Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno de Washington sancionó a Maikel Moreno junto a los siete miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y que permitieron a Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia.

De igual forma, después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017, EU volvió a penalizar a más funcionarios que hasta hoy suman un total de 99 personas incluyendo funcionarios, militares activos o retirados y otros partidarios oficiales.

En 2018, además de lo impuesto por EU, la Unión Europea, Suiza y México también sancionó, entre otros, a Antonio Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Tarek William Saab, fiscal general de la República, y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, prohibiéndoles transacciones y su entrada al país.

Particularmente, Suiza y la UE congelaron sus cuentas y el acceso a sus bienes.

Y a su vez Canadá el 5 de septiembre de 2017, instó a tomar medidas económicas contra las personas responsables de la situación actual en Venezuela, y el 30 de mayo de 2018, el gobierno de Ottawa agregó 14 nombres de personas a la lista.

Por su parte, Panamá sancionó a 55 funcionarios públicos venezolanos y personas de la alta esfera política oficialista, añadiendo también sanciones a 16 empresas que operan en Panamá, propiedad de la familia Malpica Flores, parientes cercanos de la primera dama Cilia Flores.

Lo más reciente en el capítulo de las sanciones, fue en mayo de 2018 cuando Washington escaló la medida después de la “farsa” de las elecciones presidenciales.

En esa fecha Trump firmó una orden ejecutiva para limitar la capacidad del gobierno de Maduro de vender activos estatales, incluida deuda pública y bonos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en un intento que en palabras del mismo presidente estadunidense “busca tomar medidas para evitar que el régimen de Maduro realice ‘ventas de fuego’, liquidando activos críticos de Venezuela, activos que el país necesitará para reconstruir su economía. Este dinero pertenece al pueblo venezolano”.

Caos humanitario

“No puedes comparar el bloqueo al que ha estado expuesto Cuba desde los 60 con las sanciones impuestas contra individuos en Venezuela”, dijo a Apro Francisco Valencia director de CodeVida, una organización civil venezolana que defiende el derecho a la salud y el acceso a medicamentos.

Además, a su modo de ver, a pesar del bloqueo económico contra Cuba, no se ha visto en la isla caribeña escasez de alimentos, medicinas, ni violación al derecho a la salud y a la vida, de la magnitud de lo que se observa hoy en Venezuela.

“Las sanciones no tienen nada que ver con sanciones que impidan al gobierno traer medicamentos al país, de hecho, hay ofrecimientos de varios gobiernos de ayudar con medicinas y alimentos al gobierno para ayudar a aliviar la situación de emergencia”, argumentó.

“No se necesita intervención militar, afirmó Valencia, pero sí es urgente cooperación internacional”, valoró.

Valencia explicó que desde 2013 empezó a registrarse en Venezuela una escasez intermitente que llegó a convertirse en una escasez prolongada de medicamentos, “debido a muchos actos de corrupción a través de los ministerios de salud.

“Y obviamente esto llevó a unas deudas impagables del gobierno al sector farmacéutico, es una situación de descuido, de falta de políticas públicas coherentes”, sostuvo Valencia.

Consideró que “el éxodo de personas se debe principalmente a que no hay qué comer, no hay salud, ni tampoco personal médico ya que un 90% ha abandonado sus puestos de trabajo y la gran mayoría ha dejado el país”.

Según datos recabados por CodeVida la cantidad de muertes maternas e infantiles que habían ascendido 66% y 33% respectivamente entre los años 2015 y 2016 continuó aumentando.

En 2017, unas 117 embarazadas fallecieron en el Complejo Hospitalario Ruiz y Páez del estado Bolívar por complicaciones de malaria. En el Hospital Central de San Cristóbal del estado Táchira, los médicos denunciaron que habían fallecido entre 350 y 500 recién nacidos durante el año 2017.

Debido a las bajas coberturas de vacunación varias enfermedades prevenibles se han convertido en epidemias. La OPS ha reportado mil 992 casos de Difteria en 20 estados del país, con 168 personas fallecidas en su mayoría niños y niñas; cuatro mil 272 casos de Sarampión en los 24 estados del país, con 62 defunciones; y al menos 400 mil casos de malaria en 10 estados, siendo el mayor número registrado de América Latina.

A esto se suma que, en 2017, el gobierno eliminó de las listas de compras públicas los medicamentos para personas con cáncer, VIH, trasplantes, hemofilia, lupus y problemas reumáticos, parkinson, inflamación intestinal, esclerosis múltiple e hipertensión pulmonar, entre otras afecciones graves.

La Federación Farmacéutica de Venezuela (FEFARVEN) reportó niveles de escasez de 85% de los medicamentos más indispensables y el cierre de unas 70 farmacias.

Según Valencia, “esta situación ha generado que muchas personas con condiciones de salud crónicas hayan perdido la vida y que unas 300 mil corran peligro de fallecer, debido a que tienen más de un año sin conseguir sus medicinas y tratamientos’’.

Hasta junio de 2018 habían fallecido 820 personas por falta de medicamentos antimaláricos y se estima que el número de casos pudiera llegar a un millón hacia finales del año.

“A pesar de la apremiante necesidad de asistencia y cooperación internacional, reconocida por diversos organismos internacionales y países de varios continentes, de lo cual es clara evidencia la realidad de los centros y servicios de salud, así como las diarias demandas de las personas que no tienen acceso a medicinas y vacunas, el gobierno venezolano se niega a reconocerla y cumplir su obligación de aceptarla, condenando a millones de personas a que sufran daños irreparables a su integridad física y mental y a que muchas pierdan la vida”, deploró el titular de CodeVida.

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