19S, la ciudad que somos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Somos una sociedad que reacciona, no que previene; que ante la desgracia se agiganta, autogestiona y se indigna. Pero pasada la emergencia, deja en la clase política y la burocracia lo que éstos entiendan por reconstrucción.

La curva de solidaridad cae rápidamente y las exigencias se reducen a los directamente afectados. De no ser por ellos, lo que hay de rendición de cuentas prácticamente no existiría porque el Ejecutivo y el Legislativo de la capital se cubrieron uno al otro para que la sociedad no sepa bien a bien qué ha pasado con los millonarios recursos de la reconstrucción.

Si algo ha definido a esta reconstrucción ha sido la ausencia de control social, la información parcial y una deliberada opacidad.

Pasado un año, aún no sabemos cuántos, quiénes y en dónde están los afectados. Igual que con las víctimas de la violencia en el país. Conocemos solo números y parciales.

El principal responsable tiene nombre y apellido, José Ramón Amieva, el actual jefe de Gobierno, quien como secretario de Desarrollo Social tenía la responsabilidad del principal censo: el de la identificación de los damnificados y sus condiciones socioeconómicas.

A falta de esa información, hay otros datos oficiales según los cuales la Ciudad de México envejece. Sus habitantes, sus casas y su infraestructura.

Si bien hay una explosión inmobiliaria, a costa misma de la ciudad, desconocemos las condiciones de seguridad de cientos de miles de inmuebles que fueron construidos con las reglas anteriores al sismo de 1985.

Prácticamente todos los edificios afectados actuales son los que se construyeron antes de ese año.

Ahora, las nuevas reglas de construcción en la ciudad están diseñadas para un sismo de 8.3 grados proveniente de la placa de Cocos. El de 1985 fue de 8.1 grados.

Para saber cuántas personas fueron afectadas en el sismo del año pasado, una referencia es que 27 mil familias recibieron ayuda de renta. Con la estimación de cuatro miembros por vivienda, unas 108 mil personas habrían sido afectadas. Esa ayuda permitió saber que el 75% de esas familias tiene ingresos menores a los 13 mil 500 pesos.

Según las cifras oficiales conocidas hasta ahora, seis de cada diez de los damnificados tienen más de 50 años. Hay una razón: En 1985, la edad promedio de los capitalinos era de 21 años. En 2017, de 32 años.

No sabemos cuántos lo perdieron todo. Pero las cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), dan una idea: en la ciudad hay dos millones 453 mil 770 inmuebles. De ellos, solo 120 mil tiene créditos hipotecarios con seguros y 187 mil 244 con seguro privado. Es decir, solo el 13% de los inmuebles está asegurado contra daños.

Es fácil suponer que la gran mayoría de los inmuebles anteriores a 1985 no están asegurados. El gobierno de la Ciudad de México ha cifrado hasta en 20 mil los inmuebles dañados hace un año.

Estimaciones de la organización no gubernamental Nosotrxs, con base en datos oficiales y visitas de campo, indican que casi la mitad de los edificios que deben ser demolidos siguen ahí, amenazantes. Además, unas ocho mil personas habitan construcciones que tuvieron serios daños. En caso de derrumbe, el número de víctimas seria casi diez veces más que las más de dos mil registradas hace un año.

Las pérdidas económicas de la Ciudad han sido cuantiosas. Tan solo de negocios, al primer semestre del temblor, se habían perdido mil millones de pesos en dos mil 573 negocios afectados. Las tres zonas con más pérdidas para los negocios fueron Juárez, Roma Norte y Parque San Andrés, con el 43% de las afectaciones económicas.
Estos son apenas rasgos de una ciudad que está lejos aún de amortiguar los daños de la catástrofe. Más todavía, de lo que tiene que hacer para enfrentar la próxima.

@jorgecarrascoa

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