Indignación por el “casetazo” de Capufe

El reciente incremento a las cuotas de peaje en las ­carreteras federales anunciado por Capufe provocó una airada respuesta de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. La senadora emecista Verónica Delgadillo García lo ­considera injustificado, pues, afirma, convierte a las autopistas administradas por ese organismo en las más caras del país, por lo que pide al director de Capufe, Benito Neme Sastré –hijo del exgobernador de Tabasco, Salvador Neme Castillo, y compadre del presidente Enrique Peña Nieto– transparentar los ingresos de la dependencia y explicar qué ha hecho con ellos.  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En un escueto comunicado, ­Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció el jueves 6 –una semana antes del puente vacacional de las fiestas patrias– que se “actualizaban” las tarifas de peaje en las 37 autopistas y libramientos, así como en los tres puentes nacionales e internacionales que administra la dirección a cargo de Benito Neme Sastré, compadre del presidente Enrique Peña Nieto.

El incremento, de entre 12 y 18%, generó una airada reacción, sobre todo por las dudas existentes en cuanto al manejo opaco de los miles de millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que administra los proyectos carreteros del sexenio.

La gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, fue de las primeras en rechazar la medida. Dijo que el incremento “no está sustentado ni justificado”, pues los trabajos de modernización en los 652 kilómetros de la carretera federal de la estación Don-Nogales aún no concluyen.

“No es posible que una vez más se afecte el bolsillo de las familias. Enviaré un escrito a las autoridades correspondientes para solicitar que se revierta este aumento. Los trabajos en la carretera aún no terminan y ya hay un nuevo cobro; me parece que es el segundo en un año, y no me parece justo”, declaró a la prensa local.

En el Senado, la legisladora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo para condenar los incrementos “injustificados” y puso algunos ejemplos: en la autopista México-Querétaro las cuotas pasaron de 148 a 166 pesos para automóviles y hasta mil 66 pesos para camiones de dos a cuatro ejes; en la autopista México-Puebla el incremento fue de 17% al pasar de 141 a 165 pesos por automóvil y hasta 912 pesos por camión.

“Un aumento de la noche a la mañana de hasta 18% en esta red carretera es excesivo, pero sobre todo insostenible, teniendo en cuenta los gasolinazos y los bajos salarios que persisten en el país”, señaló.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Delgadillo García comparó: mientras el incremento al salario mínimo fue de sólo 2.6%, el de las tarifas de peaje se disparó 17%.

La senadora pidió que el director general de Capufe, Benito Neme, “transparente los ingresos que han tenido en los últimos dos años por el cobro de cuotas en el aprovechamiento de los caminos y puentes federales, por una simple y sencilla razón: antes de pensar en incrementos deben transparentar los ingresos obtenidos y explicarnos qué han hecho con todos esos millones y millones de pesos”.

Los reportes internos de Capufe sobre ingresos por cuotas de peaje son absolutamente opacos. Sólo se informó que durante los seis primeros meses de 2018 el aforo de los vehículos en la red de sus 78 puentes y autopistas disminuyó 6.6% con respecto al mismo periodo de 2017.

Tan sólo en julio hubo 39 millones 790 mil 282 cruces, 7% menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se documentaron 42 millones 786 mil 513.

En enero hubo un incremento de 4% en las tarifas; ahora, con este nuevo aumento promedio de 12%, las carreteras administradas por Capufe se ubican entre las más caras del país.

Por ejemplo, a raíz del incremento, en vigor desde el viernes 7, en las tres autopistas con mayor afluencia el costo por automóvil es el siguiente: en la México-Puebla, 165 pesos (tiene 12% de afluencia de las carreteras de Capufe); en la México-Querétaro, 166 pesos (10.5% de afluencia); en la de Chamapa-Lechería, 52 pesos.

En algunos casos, como Torreón-Saltillo, las cuotas de peaje por automóvil se dispararon a 202 pesos por unidad; de Tehuacán, Puebla, a Oaxaca, aumentó a 233 pesos; de Durango a Mazatlán, de 601 por automóvil hasta 2 mil por camión.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas calculó que con este incremento “un transportista que viaja de Cancún a Tijuana paga un promedio de 22 mil pesos tan sólo en casetas de cuota”.

La Confederación Patronal de la República (Coparmex) del estado de Morelos condenó el incremento “cuando no hay seguridad en las autopistas”. “No sólo en el estado, sino a nivel nacional, nos sentimos altamente agredidos”, puntualizó.

Las omisiones de Neme Sastré

El casetazo de fin de sexenio se suma a una serie de denuncias e irregularidades cometidas precisamente con el cobro de peaje y de telepeaje de Capufe, así como a licitaciones amañadas y sospechosas de beneficiar a empresarios, como el mexiquense Roberto Alcántara, a quien se le otorgó el sistema automatizado de peaje conocido como IAVE.

La organización Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer un reportaje conocido como Capufeleaks, en el que documenta las irregularidades en ésta y otras licitaciones. El juez octavo de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió que el comité técnico de Fonadin y el Órgano Interno de Control de Capufe deben “iniciar acciones legales y mecanismos contra los servidores públicos responsables” y explicar qué están haciendo con el manejo irregular de los recursos denunciados.

Se ventiló también que en 2015 Capufe omitió depositar cerca de mil millones de pesos al Fonadin como parte de los recursos acumulados y que debían ser ingresados mensualmente por el cobro de peaje en las carreteras del país.

Otro escándalo fue la licitación amañada para beneficiar a la empresa Redisegno con un contrato de 75 millones de pesos para la administración de la seguridad informática de la red de casetas, peaje y oficinas centrales de Capufe. Esa compañía resultó ser la única que cumplía con las características solicitadas, pero ni siquiera instaló el equipo comprado. Aun así, no fue sancionada.

Propiedad de Édgar Chake Corella, Redisegno pudo ganar a través de los equipos Barracuda modelo F900, que sólo ellos distribuían, según reveló una investigación publicada por la plataforma Méxicoleaks en enero de 2016.

El caso tiene más vínculos con la red de corrupción peñanietista. De acuerdo con Méxicoleaks, el enlace entre el empresario Chake Corella y Capufe fue Enrique Martínez Salgado, notario número 3 del Estado de México, designado por el propio Peña Nieto cuando fue gobernador en esa entidad.

Martínez Salgado terminó extorsionando a Chake Corella para que entregara su empresa Redisegno a terceros, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 1 de septiembre de 2015.

Durante cinco meses posteriores a la firma del contrato, Redisegno no proporcionó el servicio de seguridad informática contratado, lo que puso en riesgo a la misma red de peaje y telepeaje de Capufe.

En septiembre de 2017 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encabezada por Alejandra Palacios, y la Secretaría de la Función Pública, dirigida por Arely Gómez, iniciaron la revisión de la licitación LA-009JOU001-E96-2017, que por un monto de mil 300 millones de pesos realizó Capufe para la renovación del equipamiento de la Red del Fondo Nacional de Infraestructura. 

La revisión se inició ante la sospechosa similitud entre la oferta de dos grandes grupos concursantes: el primero lo integraron Servyre, la francesa Thales México –que tiene participación en el sistema de aterrizaje ILS en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México– y Centelec México; el segundo lo conformaron la Sociedad Industrial de Constructoras Eléctricas y la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas. 

Una diferencia de sólo 18 mil pesos existió entre la oferta de Thales México (mil 317 millones 777 mil 151 pesos) y la de Sociedad Industrial de Constructoras Eléctricas (mil 317 millones 795 mil 318 pesos).

Las dudas sobre Capufe son tan grandes como la certeza de la amistad entre el presidente Peña Nieto y Benito Neme Sastré, hijo del exgobernador de Tabasco Salvador Neme Castillo, quien dejó el gobierno estatal en medio de un escándalo de corrupción en 1992.

En su breve estancia en el gobierno de Tabasco –del 1 de enero de 1989 al 28 de enero de 1992–, Neme Castillo se peleó con los grupos priistas cercanos a Roberto Madrazo y a Manuel Gurría Ordóñez, pero también contra el PRD estatal, liderado en ese entonces por Andrés Manuel López Obrador. 

La caída de Neme Castillo en el sexenio de Carlos Salinas fue precedida por el “éxodo por la democracia” que encabezó el propio López Obrador en 1991 a la Ciudad de México.

El nombre de Benito Neme Sastré se mencionó en las encuestas internas del PRI en Tabasco, pero el director de Capufe nunca tomó en serio este proyecto. Los grandes negocios estuvieron al lado del gobierno de su amigo y compadre Enrique Peña Nieto. 

Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.

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