Una mexicana enfrenta a la “Inquisición 2.0”

La Guardia Civil irrumpió en su casa una madrugada para llevarse detenido a su esposo, al que acusaron de encabezar una célula terrorista; meses después la capturaron a ella, acusada de “enaltecimiento al terrorismo”. Se trata de la psicóloga regiomontana Ana Marilú Reyna Castillo, residente de Madrid y convertida al Islam, quien –enfrentando su caso fuera de prisión– da su versión de los hechos en entrevista con Proceso y señala todas las irregularidades cometidas en su juicio, lo que atribuye a prejuicios antimusulmanes.

MADRID (Proceso).- La mexicana Ana Marilú Reyna Castillo, de 39 años, vive un calvario que califica como la “Inquisición 2.0”, a raíz de la sentencia que la juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá, dictó en su contra el pasado 28 de junio por el delito de “enaltecimiento al terrorismo”, por supuestamente difundir mensajes que ensalzan las acciones del Estado Islámico­ (EI).

Reyna, originaria de Monterrey, fue sentenciada a un año y medio de cárcel por su presunta difusión del ideario salafista (vertiente islamista ultraconservadora) junto con su esposo, el marroquí Aziz Zaghanane Khaybat. Él –a quien acusan de encabezar una célula de adoctrinamiento para la Jihad (la Guerra Santa)– fue condenado a seis años de prisión.

En entrevista con este corresponsal, Reyna relata el infierno que ha vivido desde la detención de su esposo, en mayo de 2016, y la propia, en enero de 2017, por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Madrid, del mismo instituto armado.

Aunque aún cabe la posibilidad de un recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, que su defensa interpondrá en estos días, Reyna está sin empleo; a un paso de perder el departamento cuya compra gestionaban antes de su captura; y con la amenaza de que le nieguen definitivamente la nacionalidad española y la expulsen de España.

La pesadilla, relata, empezó la madrugada del 3 de mayo de 2016, cuando un grupo operativo de la Guardia Civil irrumpió en su casa, en la localidad madrileña de Pinto: “Entraron tirando la puerta. Eran como cuatro y media o cinco de la mañana. Al principio pensé que se estaba cayendo una obra de reformas que habíamos hecho en el departamento. Estaba muy oscuro, pero vi que mi marido se levantó, y yo detrás de él para ir a ver a mis dos hijos a su habitación. Empecé a ver luces y armas. En ese momento pensé que alguien se había metido a robar”.

“Entonces escuché una voz que nos gritó: ‘Guardia Civil, tírese al suelo’. Cuando encendieron las luces vi que había muchos policías armados y perros, volteé a la habitación donde estaban mis niños y vi que (los guardias) entraron apuntando.”

En ese momento, dice, “sentí miedo de que se les fuera a escapar una bala y le fueran a pegar a mis hijos. Cuando hicieron el recorrido por el departamento y vieron que no había nadie más, nos levantaron del suelo a mi marido y a mí. A él lo pusieron en el sofá y a mí me quitaron las esposas y me pidieron que fuera con mis hijos y permaneciera ahí”.

Critica que durante el operativo un agente quiso revisar el coche familiar y “me pidió que me tapara la cabeza”, con el argumento que había “muchos periodistas”. “Yo le dije: ‘¿Por qué me voy a cubrir la cabeza?’ Insistía y le dije que no lo haría, porque nunca me he cubierto la cara y no tengo nada que ocultar. Entonces me dijo que era para protegerme. Revisaron el coche. Cuando se llevaron a mi esposo también le insistieron que se cubriera la cara, supuestamente para preservar su intimidad. Pero lo que he visto en internet y en las noticias es que lo hacen para hacer la foto de la salida del detenido”.

Al mismo tiempo que detenía al esposo de Reyna, la Guardia Civil capturó a los marroquíes Jdey Hicham, acusado de colaboración con organización terrorista, y los hermanos Anas y Mouhssen Balla, acusados de adoctrinamiento salafista.

Ocho meses después, el 23 de enero de 2017, Ana Marilú Reyna fue detenida luego de dejar a sus hijos en la escuela. “Primero llevé al mayor al colegio y luego al pequeño a la guardería. Cuando regresaba me llamó la atención que delante y detrás de mi coche había dos vehículos, y el resto del estacionamiento estaba vacío. Cuando iba a abrir el coche, salió un montón de gente de todos lados y una mujer me dijo: ‘Guardia Civil. ¿Usted es Ana Marilú?’ Contesté que sí y me dijo: ‘Está usted detenida’.

“Pensé que era una confusión. Me dijo: ‘A partir de ahora usted depende de nosotros’… y me esposó. Sentí mucha vergüenza, porque cuando me llevaban detenida pasaron dos niñas del mismo salón de mi hijo.

“Me llevaron a la comisaría de la Guardia Civil de Pinto. Lo primero que hicieron fue quitarme la ropa y luego me la regresaron, excepto el velo que, como musulmana, usaba en ese momento. Cuando lo pedí, me dijeron que no me lo devolverían porque me podía hacer daño con él. Es absurdo.”

Cuenta a Proceso que desde entonces no se ha vuelto a poner el velo. “Algunas personas dicen que es un símbolo de subordinación, de ser sumisa, de ser una persona que no piensa. Antes de que pasara todo esto recibí insultos en la calle por llevarlo; lamentablemente en España hay cierto odio latente. Pero en la comisaría me di cuenta de que un trozo de tela genera muchos prejuicios y no me lo he vuelto a poner, porque si antes me insultaban, hoy me harían mucho daño. Me han dañado demasiado, simplemente por estar lejos de mis hijos”, que ahora viven en Marruecos con sus abuelos paternos.

En prisión

“Para meterme en prisión me impusieron tres delitos: enaltecimiento al terrorismo, captación y adoctrinamiento; el conjunto de éstos alcanza penas de 10 años, lo cual implicaba que tenía que cumplir prisión provisional”, mientras se desahogaba la instrucción del caso.

No obstante, la fiscalía eliminó dos delitos y sólo la acusó de enaltecimiento, con una pena de un año y seis meses. “Es cuando salgo de prisión”, porque la ley española dispone que una acusación que supone una pena menor de dos años, permite al acusado llevar su proceso en libertad.

Permaneció 11 meses en prisión e incomunicada: del 23 de enero de 2017 al 22 de diciembre del mismo año, aunque aquí salta un error flagrante, porque la sentencia equivocadamente marca que salió el 24 de noviembre de 2017.

La entrevistada llegó a España en 2010, hasta entonces vivía en Monterrey, donde ejercía como psicóloga y donde inició su conversión a la religión musulmana.

“Desde pequeña quise estudiar medicina, deseaba ayudar a los niños, sobre todo porque mi infancia estuvo rodeada de hospitales”. Pero optó por la psicología, gracias al apoyo de una profesional que ayudó a su padre –quien padecía cáncer– y a toda la familia en momentos de mucho sufrimiento. “Me pareció una labor maravillosa”.

Al graduarse como psicóloga trabajó con niños con cáncer, estudió un diplomado y se formó en programación neurolingüística. “Quise poner mi propio consultorio; es decir, tenía muchos planes. Llegó un momento en que conocí a mi marido, nos casamos y decidimos que nos convenía radicar en España, donde él ya vivía, con un buen trabajo y con ingresos muy superiores (a la media)”.

–¿Antes era católica? ¿Cómo fue su conversión al Islam? –pregunta el corresponsal.

–Era católica. Mi madre nos inculcó desde pequeños ir a misa todos los domingos. La enfermedad de mi padre me hizo acercarme a Dios. Estuve en un grupo católico de universitarios. Mi fe creció, quise ser monja, dar un paso más con mi fe y mi preparación vocacional.

Relata que tuvo un distanciamiento con la Iglesia como institución, pero profundizó en los estudios bíblicos hasta que “me encontré el Islam de manera casual y me involucré mucho. Fue en México, mucho tiempo antes de conocer a mi esposo”.

La sentencia

Reyna defiende su inocencia de los cargos por los que la sentenciaron; incluso dice reprobar los atentados terroristas cometidos por el EI. “Estoy acusada por un delito de terrorismo, lo cual para mí es algo impensable. Nunca he hecho nada (de eso) ni he cometido ni alardeado con las atrocidades cometidas contra inocentes”.

Sin embargo recuerda lo mal que se sintió cuando otras presas, movidas por prejuicios, le recriminaron a ella y a otras dos jóvenes musulmanas por los atentados­ en Barcelona y Cambrils (en agosto de 2017). “Lo pasé muy mal cuando supe del sufrimiento causado por esos atentados; y que aparte me recriminen como si yo hubiera tenido que ver, me dolió”.

–¿Cuáles son los hechos por los que la acusan las autoridades españolas?

–Me acusan por enaltecimiento, por ser la propietaria de una computadora que compré en México, en la que según las investigaciones había acceso a un perfil de Facebook, el de Abu Bakr Al-Maghribi, en el cual se divulgaron contenidos alentando a realizar la Jihad.

“Lo único es que ese perfil no es mío ni sé la contraseña. Pero ellos dicen que yo compartía imágenes de leyes del Corán, de ‘consultas islámicas’. Aseguran que mi esposo era el usuario, y yo, cousuaria. La sentencia marca 12 puntos por los que me acusan.”

El reportero pudo revisar la sentencia de la juez Rodríguez, el escrito de calificación de la fiscal Susana Landeras Martín, de la Audiencia Nacional, y el amplio informe de la Guardia Civil, en el que se detallan los elementos en los que se finca la decisión judicial: entre otras cosas, las imágenes que marcan su cambio de estética por una “rigorista” más cercana “con los preceptos más radicales del Islam”, y una anotación que ella cuestiona por no corresponder en el tiempo o con los elementos que surgieron del estudio pericial en su computadora.

Al ser cuestionada por estas pruebas, la entrevistada señala que su defensa y ella misma consideran que hay muchas “inconsistencias” de los investigadores, como cuando aseguran que se radicalizó “porque yo no tenía vida social” para no mezclarme con “los infieles”.

“Es más sencillo: no tenía relación con mis vecinos porque cuando llegué a España, en plena crisis económica, había ocho departamentos en el edificio, no todos ocupados, y algunos vecinos trabajaban o estaban en paro; había una pareja de ancianos que casi no salía. Me pregunto, ¿eso es un motivo de radicalización?”

Otro argumento de la sentencia que ella cuestiona es cuando los investigadores afirman que desde 2010 su “única preo­cupación –como dicen los documentos antes citados– era encontrar marido”. “Les pregunté: ‘¿Eso es una prueba de radicalización?’ Me pareció algo tan machista, tan sexista. Yo en 2010 vivía en Monterrey, con mis sueños de poner mi consultorio de psicología; quería crecer profesionalmente. Pero si así fuera, ¿eso es una prueba de radicalización?”, apunta indignada.

También cuestiona que la investigación primero dijo que su esposo la radicalizó, pero luego cambiaron el argumento y aseguraron que fue a la inversa. “Me pregunto si esas son las investigaciones terroristas que hacen”, señala.

–Usted dice que, en el juicio, su abogado no pudo ejercer plenamente su defensa. ¿Nos puede explicar eso?

–El juicio estaba previsto que fuera del 18 al 25 de junio, pero de los seis días sólo duró tres. El primer día, de los cinco enjuiciados que éramos, tres llegaron a acuerdos –cuatro años de prisión y luego la expulsión de España– con la fiscalía para aceptar su culpabilidad. Ni yo ni mi esposo aceptamos un acuerdo, porque para mí era un insulto aceptar responsabilidad por algo que no he hecho.

“El juicio se llevó sólo con mi marido y conmigo y la juez ordenó que las otras tres personas se fueran y no regresaran al resto del juicio los otros días (impidiendo a su defensa interrogarlos). Al otro día se presentaron los guardias civiles a dar su testimonio sobre las investigaciones, pero cuando nuestro abogado (Jacobo Teijelo Casanova) los cuestionaba, sobre todo en el caso de mi marido, la juez lo acotaba, le decía: ‘Ya no siga por ese camino’, ‘ya no les pregunte más sobre eso; si sigue con esas preguntas damos por terminado esto’, pese a que el abogado argumentaba que era importante para la defensa.”

Sucedió algo parecido con los peritos de la Guardia Civil que, salvo dos, no comparecieron por orden de la juez, “a pesar de que mi abogado tenía preguntas para ellos. Como en mi caso, porque en los registros de Facebook donde supuestamente yo promuevo mensajes radicales, no ponen fecha ni hora”.

–¿Su defensa y la de su esposo piensa recurrir esa sentencia?

–Sí. Mi abogado piensa que la juez no quiso más interrogatorios porque dejaría en evidencia la investigación. Para mí esta sentencia es como una venganza por no aceptar un acuerdo y (la juez) se fue a la yugular. Aunque la fiscalía pedía siete años de prisión para mi marido, la juez lo dejó en seis para mantenerlo en prisión. Un acuerdo lo hubiera reducido a cuatro y estaría libre, pero reconociendo culpabilidad.

“Para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mi abogado pidió el video del juicio como prueba de que no se pudo ejercer una debida defensa. Queremos demostrar que hubo irregularidades, que no estaban todos los testigos.

“Que, por ejemplo, el informe de la Guardia Civil saca de ‘Paltalk’ (una carpeta de su computadora que dice haber abierto en México en 2009), la imagen de una pistola que no sé de dónde la sacan, porque yo no la subí. O una bandera del EI, pero que en realidad es la imagen sobre la shadada, uno de los pilares del Islam. Ponen unas imágenes como si fueran salafistas, pero que son una jahala, versículos que dicen que ‘no hay más mensajero que Dios’; incluyen imágenes de personas que no sé quiénes son, entre muchas otras cosas que yo veo como simples prejuicios.”

Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.

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