GUANAJUATO, Gto., (apro).- El Centro Las Libres interpuso ayer una demanda de amparo indirecto contra la convocatoria emitida por la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato para la renovación de una persona del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, porque no garantiza la paridad de género.

La actual presidenta del comité, Arminda Balbuena Cisneros, será la integrante que concluya su periodo en noviembre próximo, por lo que la convocatoria se abrió para designar a quien la releve en el cargo.

Sin embargo, una de las bases mínimas que establece la Constitución Política para el Estado de Guanajuato respecto a la conformación del Comité de Participación Ciudadana es que deberá integrarse respetando la equidad de género, de manera que bajo ninguna circunstancia podrá haber más de tres ciudadanos de un mismo género, recordó la organización.

Actualmente, este Comité está integrado por tres hombres y dos mujeres, una de ellas la actual presidenta saliente; “tomando en cuenta que es una mujer quien dejará de estar en funciones, la persona que se integre deberá ser mujer y la convocatoria deberá establecer lo mismo, ya que lo contrario vulneraría este principio”, precisó la asociación.

Pero la convocatoria no hace una distinción de género.

“Esta falta de precisión contraviene lo establecido por la Constitución estatal, afecta el principio de equidad y da falsas expectativas a quienes no corresponden al género femenino”.

Las Libres recordaron que han participado en el impulso de los derechos de las mujeres, por contribuir a que las mujeres participen en la vida pública y en la toma de decisiones del estado y del país en condiciones de igualdad, y más aún en los espacios de conquista ciudadana como lo ha sido el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Por lo tanto, consideramos que no atender a este principio de equidad de género no sólo es violatorio a lo que enmarca la Constitución, sino que representa una regresión de los derechos humanos de las mujeres pues atenta contra el avance de la participación ciudadana de las mismas, aspecto indispensable para lograr una sociedad incluyente, más justa y sin discriminación”, razón por la que interpusieron el amparo indirecto.