La CEAV emite primera resolución de reparación colectiva a víctimas del 68; “fue crimen de Estado”

Estudiantes detenidos en Tlatelolco. Foto: Manuel Gutiérrez Estudiantes detenidos en Tlatelolco. Foto: Manuel Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la ausencia de sobrevivientes de la represión del movimiento estudiantil de 1968, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, dio a conocer la primera resolución de reparación colectiva para las víctimas de esos hechos.

En un evento realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, reconoció que sobrevivientes fueron informados de la resolución, con la que, por primera vez, un órgano del Estado mexicano reconoce la implicación del propio Estado en los hechos de hace 50 años.

En su discurso, Rochín Rincón abundó: “fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un Crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre, mediante detenciones arbitrarias y tortura”.

A 50 años de la masacre de Tlatelolco, sostuvo que, en esos hechos, “las violaciones a derechos humanos son inobjetables, abundan las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron utilizadas para para ese efecto. (…) Fue un crimen de Estado”.

En entrevista posterior con los reporteros, el presidente de la CEAV dijo que, “a partir de esta reparación colectiva, se puede empezar con procesos de justicia. Lo que sigue es una discusión desde el Estado sobre la garantía de no repetición. El reconocimiento del Estado Mexicano nos llama a que hechos de 1968 y otros iguales del Estado y del crimen organizado podamos contemplarlos de otra manera, para una acción más eficiente y oportuna”.

El presidente de la CEAV señaló que el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos por parte del organismo, “no condiciona ni extingue el derecho a las víctimas de tener acceso a la reparación integral del daño a título individual”.

Sin disculpa pública

El presidente de la CEAV destacó que sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 han exigido una disculpa pública del presidente de la República y el esclarecimiento del caso, situación que no está contemplada en la resolución de la CEAV.

“La disculpa correspondería a otro nivel. Este documento lo que sí hace es reconocer la violación a los derechos humanos para tener acceso a la justicia y a la verdad. Hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que hace referencia a la guerra sucia y hace una referencia previa al Movimiento del 1968, pero no hay determinación de violación a derechos humanos como tal”, dijo.

Al insistir en que el valor de la resolución tiene que ver con el reconocimiento del crimen de Estado en el caso de 1968, Jaime Rochín consideró que “es posible en algún momento, no sabría decir cuándo”, se podría dar una disculpa pública, pero “este es el piso base importante para reflexionar y generar condiciones para que esto se pueda dar pronto”.

Incluso comentó que la disculpa pública podría ocurrir con Andrés Manuel López Obrador. “Es probable que (sea) en los primeros días de su gobierno. No soy quién para contar la agenda del presidente (electo)”.

Además del reconocimiento de que la masacre del 2 de octubre de 1968 fue un crimen de Estado, el funcionario explicó que el dictamen permite la publicación de información digitalizada de los movimientos sociales desde 1968 a la fecha, así como la edificación de un espacio de memoria para las víctimas.

Además de la presentación de la resolución, en el piso del patio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco se presentó la impresión de 400 pares de huellas de pies, proyecto realizado por la artista Yael Batarna, ganadora de un concurso convocado por la UNAM.

Ese número de huellas corresponde a la cifra más alta sobre la cantidad estimada de estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968. La intención fue crear “un espacio que irradia ausencia”. La impresión real se realizará en un evento especial con los sobrevivientes de la masacre.

Tlatelolco y Ayotzinapa

Durante la presentación del proyecto, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, se refirió a los “paralelismos”, entre la represión de los estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace cuatro años, caso que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin duda, lo que distingue a ambos eventos es que las víctimas fueron “jóvenes en movimiento”, que se convirtieron en víctimas del Estado.

En el caso de hace 50 años, “la intención de la represión política estudiantil era acallar un movimiento social. Hace cuatro años, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se da en un nuevo contexto, en el de un Estado débil, socavado y cooptado por el crimen organizado, en un contexto de macrocriminalidad”.

Patrón destacó que, para ambos casos, la “respuesta del Estado fue similar. Hace 50 años se respondió con asesinatos y presos políticos. Y ahora, lo que pudo ser un punto de inflexión, el reconocimiento de la debilidad institucional, término siendo la expresión máxima del ADN corrupto e impune de este sexenio”.

En este caso, puntualizó, hay víctimas no sólo por la desaparición, “sino también por la continuación de violencia por parte del propio Estado. Esperamos que, con el cambio de gobierno, con la alternancia se puedan construir procesos de verdad, de memoria y de justicia, porque la paz pasa por resolver estos casos que marcan la historia del país”.

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