CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2017, las autoridades registraron apenas una de cada 80 víctimas de secuestro: los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) arrojaron mil 390 víctimas de ese delito, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 80 mil 319 víctimas, es decir, 220 por día. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 25.4 millones de personas sufrieron un delito en 2017. Es un millón más que el año anterior y tres millones más que cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República. El mismo documento muestra que 97.8% de los delitos perpetrados permaneció totalmente impune. La encuesta, publicada hoy por el INEGI, señala que las autoridades abrieron carpetas de investigación en apenas 6.8% del total de delitos sufridos, es decir, que la cifra negra de delitos no denunciados -porque las víctimas consideraron una pérdida de tiempo o no confiaron en las autoridades- o no investigados se elevó a 93.2%. Peor todavía: según la ENVIPE, aun cuando las personas se atrevieron a denunciar un delito -un trámite que duró más de cuatro horas para uno de cada tres denunciantes-, las autoridades no resolvieron “nada” en 55.9% de las carpetas de investigación y las víctimas obtuvieron algo de reparación en apenas 15% de los casos. Por ello, más de seis de cada 10 mexicanos consideran que los policías -judicial, estatal, municipal y de tránsito-, así como los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y los jueces son corruptos. Si bien el número de víctimas de secuestro se disparó 21% en comparación con 2016, no se investigó 94% de dichos sucesos. Seis de cada 10 secuestros duraron menos de 24 horas, mientras que dos de cada 10 se extendieron durante cuatro días o más. Los datos de la ENVIPE reportan un incremento en las tasas delictivas en 15 estados -en Puebla y Tabasco se disparó en 25%-, y muestran que la inseguridad y los delitos costaron 299.6 mil millones de pesos el año pasado, 89.1 mil millones salieron del bolsillo de los hogares y el resto fueron el producto de “pérdidas por victimización”. En el Estado de México y la Ciudad de México, más de cuatro de cada 10 habitantes sufrieron un delito, mientras que en otras nueve entidades -Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Puebla-, más de 30% de la población fue víctima. Como resultado de lo anterior, ocho de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el Estado en el que viven –un poco menos para los hombres--, y más de la mitad de ellas perciben inseguridad en su vecindario. Más: 64.5% de los mexicanos considera que la inseguridad es el principal problema que enfrenta y todos los indicadores sobre la percepción de inseguridad crecieron entre 2016 y 2017. En el Estado de México, la Ciudad de México, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas, cerca de nueve de cada 10 habitantes se sienten inseguros. Según la ENVIPE, una tercera parte de los 33.6 millones de delitos reportados el año pasado resultó en robos en la calle o en el transporte público. Otro 20% fue el producto de extorsión, mientras que los demás casos consistieron en fraudes (13.6%), robo de vehículo (11.4%), amenazas (8.4%), otros robos (11.5%) y agresiones (3%). En 2017, en 35.6% de los hogares mexicanos hubo por lo menos una víctima de un delito, es decir que los robos, agresiones, fraudes, amenazas, violaciones u homicidios afectaron a 12 millones 400 mil familias. Además, nueve de cada 10 delitos se perpetraron en un contexto urbano.