Yunes dosifica cifra de cadáveres hallados en Alvarado

XALAPA, Ver. (apro).- En sus archivos internos la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó, hace 18 meses, 248 cuerpos hallados en la comunidad Arbolillo, ubicada en el municipio de Alvarado, Veracruz. De ese total de “restos humanos”, hasta ahora sólo ocho personas han sido identificadas, cinco de ellas entregadas a sus familiares.

No obstante contar con esa información desde el 5 de marzo de 2017, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha soltado a medias los datos, dosificando la cifra de cadáveres localizados en el cementerio clandestino.

De acuerdo con el oficio 583/2018, rubricado por Leopoldo Calderón Serrano, director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la FGE, la recopilación de los cuerpos en Arbolillo fue validada por dos fiscales regionales (de Investigaciones Ministeriales y en Asuntos Indígenas) y el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.

Calderón Serrano atendió el recurso de revisión IVAI-REV/1255/2018/III que interpuso la periodista Wendy Selene Pérez ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), mismo que fue entregado el 11 de junio pasado.

Con dicha información –compartida a Apro por Wendy Pérez– se evidencia el “show” montado por la FGE para dosificar el hallazgo de cadáveres en el macro cementerio del municipio de Alvarado, en la región del Sotavento de Veracruz, una región rica en manglares y lagunas, pero también propicia para que células delincuenciales de Los Zetas, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posiblemente policías estatales enterraran a sus víctimas.

Recurso de revisión IVAI-REV/1255/2018/III by Revista Proceso on Scribd

A escasos días de que concluya el gobierno del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, la información empezó a salir a la luz pública.

El pasado jueves 6, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz citó a la prensa para dar un mensaje, sin derecho a preguntas por parte de los reporteros. Ese día el funcionario estatal presumió como logro el “hallazgo” de 166 cráneos y un número indeterminado de restos humanos, así como el aseguramiento de más de 200 prendas de vestir localizadas en “un municipio de la zona centro” de la entidad, dijo.

Sin embargo, sus propios policías ministeriales y el staff de prensa de Winckler filtraron documentos y se supo entonces que el nuevo macro cementerio se localizaba en Arbolillo, un pequeño pueblo pesquero y de gastronomía del mar ubicado a 10 minutos de la cabecera municipal de Alvarado.

Un día después de la conferencia del fiscal se observó en el sitio a policías ministeriales y personal forense que realizaba trabajos de exhumación, y en bolsas rojas y negras sacaban restos humanos. Las diligencias forenses continúan hasta el día de hoy, sin el apoyo y supervisión de la Policía Científica, ni la vigilancia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, según líderes de diversos colectivos de desaparecidos.

El pasado jueves 20, el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Roberto Cabrera Alfaro, realizó un recorrido por la zona de manglares de Arbolillo, acompañado de Jorge Winckler y una cuadrilla de Policías Ministeriales. Posteriormente, en su cuenta de Twitter @CNBPRoberto, el comisionado admitió el hallazgo de al menos 175 cadáveres (nueve cuerpos más de los que admitió Winckler dos semanas antes).

Ambos funcionarios, además del director de Servicios Periciales, Mario Valencia, y el fiscal especializado para la Búsqueda de Personas No Localizadas, Eduardo Coronel Gamboa, posaron para una fotografía en la entrada al cementerio clandestino. El hecho desató críticas en redes sociales por el poco tacto de los funcionarios locales y federales ante tal tragedia.

“Foto del recuerdo en el camposanto de la muerte”, “Tantita madre”, “Qué poco tacto de nuestros funcionarios, lo bueno es que ya se van”, fueron algunas de las críticas en las redes sociales. Un par de días antes los diputados locales panistas María Josefina Gamboa y José Luis Enríquez Ambell quisieron entrar al cementerio ilegal, pero representantes de los colectivos Familias Enlaces Xalapa, Solecito y Buscando a Nuestros Desaparecidos les “impidieron” la entrada.

Una fuente de la FGE confió a Apro su molestia con la exhumación de cuerpos en la zona y el manejo político y mediático que se le ha dado: “No entiendo a Winckler, nos tuvo más de un mes, vamos ya para dos (meses), con celulares recogidos, pidiendo sigilo y hermetismo, exigiendo silencio, y ahora que aún no acabamos los trabajos lanza la bomba a la prensa. Qué loco, ¿no?”, suelta un ministerial adscrito a la misión, quien vía telefónica confiesa irritación por el actuar gubernamental.

–¿Escondiendo fosas? Sesgando hallazgos? –se le cuestiona.

–Pues sí, ocultando cosas, soltando a medias (información)… igualito que en la administración anterior (en alusión al gobierno de Javier Duarte y a los exfiscales Luis Ángel Bravo y Amadeo Flores Espinosa) –reflexiona.

En respuesta a la solicitud de información 00554018 del Sistema Infomex-Veracruz, la periodista Wendy Pérez detectó que la FGE no proporcionó datos –a diferencia de otras fosas– sobre si la exhumación se logró a raíz de una llamada anónima, un trabajo de investigación o una alerta de la policía estatal o municipal, sólo consigna 248 cuerpos (“restos humanos”), de los cuales cinco ya fueron entregados a sus parientes. (Se trata de una familia oriunda de Querétaro y desaparecida en territorio veracruzano).

En este hallazgo la FGE incluye los 47 cuerpos encontrados el 18 de marzo de 2017 en esa misma región de Arbolillo, donde ministeriales trabajaron con el Ejército Mexicano para exhumar durante tres días cientos de restos humanos en lo que llamaron un “predio particular”, en la misma región donde hoy presumen haber sacado 175 cuerpos, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD); 190, de acuerdo con fuentes extraoficiales de la Fiscalía, y 166 conforme los datos aportados por Winckler.

“Se trabajaron ocho fosas, las cuales se encuentran ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros al centro de Alvarado, ello en un perímetro de 120 metros cuadrados, que es colindante con la laguna de Alvarado; de dichas exhumaciones, hasta el momento se han extraído 47 cráneos, más múltiples partes corporales”, detalló en aquella ocasión el fiscal general del estado.

En la misma solicitud de información 00554018, la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la Fiscalía consigna que en el macro cementerio de Colinas de Santa Fe han sido exhumados 21 mil fragmentos óseos y 282 cráneos, en un corte estadístico y cuantitativo realizado hasta junio de 2018. En Veracruz, la prensa, con apoyo de los colectivos, había documentado 17 mil restos óseos y una cifra de cráneos que iba de los 270 a los 297 cráneos.

De Colinas de Santa Fe, apenas 15 personas (restos humanos) han sido plenamente identificadas (12 entregados a sus familiares).

Vía acceso a la transparencia y la información pública, la FGE asegura que en Alvarado, en los manglares de la localidad El Almendro, el 10 de septiembre de 2015 –cuando Luis Ángel Bravo, hoy en prisión, se desempeñaba como fiscal– se exhumaron los restos correspondientes a 38 cuerpos, aunque en aquella ocasión la Fiscalía sólo reconoció el hallazgo de seis cuerpos. Peor aún, Omar Zúñiga, vocero de la Fiscalía, habría dicho, para despistar a la prensa: “Se están haciendo las diligencias, hay reportes, pero hasta el momento solo han encontrado ‘estiércol de vaca’”.

En la respuesta que se dio a la solicitud presentada también se advierte que en el narcorancho “El Diamante”, en Tres Valles, se hallaron 31 cuerpos, mientras que en “La Sota de Oro”, en Acayucan, había 11, y en “Los Almendros” se localizaron 38 cuerpos.

Catálogo de prendas
El pasado fin de semana, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas publicó en su página oficial y en redes sociales “el catálogo de prendas” halladas en las fosas clandestinas ubicadas en Alvarado, Veracruz.

A través de un comunicado, ese órgano informó que, con el objetivo de “respetar” los derechos de los familiares de las personas desaparecidas, se puso al alcance este “catálogo” como una “herramienta” que ayude a la identificación de “su ser querido”.

Puntualizó: “La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas hace público el catálogo de prendas encontradas en las fosas clandestinas ubicadas en el centro del estado de Veracruz y donde se han localizado los restos de al menos 174 personas al 21 de septiembre… El hallazgo de dichos puntos se hizo público el día 6 de septiembre del presente año por parte de la Fiscalía General de Justicia”.

Se trata de un catálogo digital, con 814 fotos, para que los familiares realicen la identificación. El comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera, pidió que si alguien reconoce alguna de esas prendas, se comunique a los teléfonos (55) 51280000 extensión 19805 o al correo electrónico rcabrera@segob.gob.mx.

“Una gran mentira”

Rosalía Castro, una de las voceras del colectivo Solecito, califica como “una gran mentira” que la Fiscalía diga que en las exhumaciones de Arbolillo se “apoyaron” y “coordinaron” para esos trabajos con la Policía Científica, cuando la realidad es que en el recorrido que hicieron familiares de desaparecidos, el pasado martes 18, no había presencia de esa corporación, y vía telefónica directivos de la Policía Federal negaron que estuvieran participando en las diligencias de la exhumación.

Castro, quien busca a su hijo Roberto Carlos Casso –desaparecido en diciembre de 2011–, comenta las pifias de la Fiscalía en la exhumación de Arbolillo, que supuestamente inició el pasado 8 de agosto:

“Hubo mucho desaseo, no respetaron los protocolos de la Ley de Desaparición Forzada y Particulares, ni la debida atención a víctimas. La Fiscalía ni siquiera notificó a la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), ni al CEJAV (Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz), ni a los representantes de desaparecidos para una exhumación, que respetando la normativa se hubiera llevado cuatro o cinco meses”.

Ante ello, las dudas asaltan a familiares de desaparecidos, integrantes del Solecito, pero también a quienes forman parte de Familias Enlaces Xalapa, Red de Madres Veracruz y Buscando a Nuestros Desaparecidos y Nuestras Desaparecidas de Veracruz, entre otros.

“En otras ocasiones han sido los propios colectivos y familias quienes han encabezado la búsqueda y encontrado restos humanos por su cuenta… Hoy pareciera que es un acto desesperado de la Fiscalía por decir y alzar la mano de que están trabajando”, recrimina Anaís Palacios, del Colectivo por la Paz Xalapa.

“¿Dónde estuvo, si estuvo, la Policía Científica? ¿Dónde están las bitácoras de cada una de las 32 fosas que exhumaron?, ¿Dónde están los restos de los hallados en Arbolillo, sí sabemos que en Periciales (inmueble en Xalapa) ya no cabía un resto más, por todo lo hallado en Colinas de Santa Fe?, ¿Dónde está el testigo protegido que dio el ‘pitazo’ de esta fosa?… Creo que el desaseo es total”, suelta a su vez Rosalía Castro, luego de señalar que en ningún momento se apareció en el inmueble de periciales el titular de FGE, Jorge Winckler, y tampoco el fiscal especializado en búsqueda de personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel.

Ante la ausencia de explicaciones, la vocera del Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos “Solecito”, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, asegura que el “testigo protegido” que “dio el punto” del cementerio clandestino fue “un invento” del gobierno de Miguel Ángel Yunes, pues desde junio de 2017 los colectivos habían enviado a varios oficiales a la Fiscalía, exigiendo “ampliar” el radar de búsqueda de fosas en Alvarado.

Y Genao parece tener razón, pues en el archivo de fosas entregado por la FGE –vía transparencia– no se hace referencia a ningún testigo, indiciado o llamada anónima para dar con el paradero del cementerio clandestino.

“La Fiscalía tiene los casos abandonados. No hay minutas de trabajo, ni reuniones, ni fotos de recorridos. Peor aún, el fiscal nos repudia, nos revictimiza, nos bloquea en redes, no tiene interlocución con nosotras”, dice.

Yunes, abunda, ofreció trabajar e implementar acciones múltiples que nos ayudarían a superar las deficiencias y obstáculos en la búsqueda de nuestros hijos; prometió construir panteones ministeriales, ampliar la capacidad de servicios periciales, incrementar presupuestos para investigación, búsqueda e identificación, entre otras cosas.

–¿Qué cumplió Yunes? –se le cuestiona a Díaz Genao.

–Todos los problemas que encontró en diciembre de 2016, el gobierno de Yunes los dejó igual… en algunos casos hasta los agravó –responde.

El 3 de diciembre de 2016, con 72 horas como gobernador, Miguel Ángel Yunes entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines a representantes de diez colectivos de desaparecidos por “el mérito” y “lucha incansable” de buscar a sus hijos en un estado salpicado por la violencia.

Ahora, a menos de 70 días de que concluya su gobierno, de los 3 mil desaparecidos en la entidad, sólo 36 de los cadáveres hallados en cementerios clandestinos han sido entregados a sus deudos. Una productividad, en localización y entrega de cuerpos, de apenas 1%.

El día que Yunes entregó la medalla Ruiz Cortines, Aracely Salcedo, quien busca a su hija Fernanda Rubí Salcedo, desaparecida en septiembre de 2012, advirtió desde la tribuna del Congreso local: “De nada sirven las medallas, si el nuevo gobierno no encuentra a los desaparecidos de Veracruz”.

Aunado a ello, aún hay media docena de hectáreas pendientes por “peinar” y “escarbar la tierra” en el kilómetro 13.5, así como en Colinas de Santa Fe y Arbolillo, donde, según diversos colectivos de desaparecidos, hay fosas clandestinas, según mensajes que les han hecho llegar de forma anónima integrantes de la delincuencia organizada.

Una radiografía de inhumaciones ilícitas en Veracruz durante el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa –hoy preso en el Reclusorio Varonil Oriente–, proporcionada por la FGE al inicio del gobierno de Yunes, dio cuenta de que en 43 ciudades de la entidad se detectaron fosas clandestinas.

El listado incluye: Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacán, Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla y Alto Lucero.
Asimismo, Alvarado, Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Córdoba y San Rafael.
(Con información de Wendy Selene Pérez y el diario ‘El Clarín’).

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