CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La llamada “Estafa Maestra”, el desvío de recursos, los actos de corrupción y el uso faccioso de programas sociales formaron parte de los reclamos que los diputados hicieron al oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, Pérez Magaña enfrentó los señalamientos que en su momento se hicieron a Rosario Robles Berlanga durante su paso por Sedesol. El panista Xavier Azuara Zúñiga recordó que la dependencia ha gastado hasta ahora 584 mil millones de pesos, es decir, 100 mil millones anuales para atender la política social, por lo que sería bueno saber, dijo, cuál hubiera sido el resultado de dicha política “sin mermas por la corrupción”. En respuesta, el oaxaqueño dijo que tiene la instrucción del presidente de la República para denunciar cualquier observación de acto de corrupción o beneficiarios. En el manejo de recursos en efectivo, abundó, la Sedesol tiene bancarizados la gran mayoría de sus pagos, y en regiones del país donde no se encuentra algún sistema, como es el caso de los pagos en cajeros automáticos mediante tarjetas bancarias, se cuenta con la contratación de Bansefi y Telecom, a través de los cuales se busca transparentar el pago de los programas que se llevan a cabo. Pero omitió señalar que justo a través de Bansefi “aparecieron” tarjetas clonadas que habían sido emitidas para los afectados del sismo del 19 de septiembre del año pasado, y que fue la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la que reveló la clonación con montos millonarios. En su réplica, Azuara Zúñiga expresó que dará seguimiento a los actos de corrupción, incluidos los de Rosario Robles, para que no quede impune el uso de la política social con fines electorales. “Necesitamos una fiscalía autónoma que no cubra las espaldas de nadie; ni silencio ni complicidad”, soltó. Sobre la conocida “Estafa Maestra”, que no fue otra cosa que la contratación de universidades para el uso de recursos provenientes de Sedesol, la perredista María Guadalupe Almaguer Pardo preguntó si se ha realizado alguna investigación interna respecto de los esquemas de simulación de servicios que se ejecutaron aparentemente entre 2013 y 2014, y cuáles han sido los resultados. El secretario respondió que “su labor como secretario no es la de fiscalizar”, y aseguró que ha colaborado con las autoridades competentes entregando toda la información requerida, “para que sean ellas las que determinen (lo conducente) respecto de quienes hoy están siendo señalados por alguna irregularidad”. La perredista preguntó que, si hay tantos recursos y contralorías para fiscalizar, ¿cómo es posible que a Sedesol se le haya pasado la “Estafa Maestra?”. Se debe iniciar “una investigación de quien estuvo al frente de la dependencia y maquiló el robo de miles de millones de pesos que debieron ir a abatir la desigualad, y no eximir la responsabilidad penal”, apuntó. La secundó el exsenador y hoy diputado por el PVEM Carlos Alberto Puente Salas, quien dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que se desviaron recursos públicos por 2 mil 224 millones de pesos. Asimismo, que existen denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República por la ASF y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por presuntas irregularidades. La “Estafa Maestra”, dijo, consistió en la contratación de servicios a universidades en adjudicación directa, que a su vez subcontratan para que empresas fantasmas simulen realizar estos servicios por los cuales las instituciones académicas reciben recursos públicos. Y preguntó a Eviel Pérez Magaña: ¿qué ha hecho durante su gestión para aclarar estas denuncias? Y si Sedesol continúa con la contratación de universidades públicas, ¿en qué términos lo hace? El funcionario federal respondió que se han instrumentado diversas medidas de control interno para supervisar la puntual observancia de este caso. “El compromiso es, hasta el último momento de mi responsabilidad, cumplir con ello. La Sedesol ha colaborado con las autoridades competentes y ellas determinarán lo conducente de acuerdo con el resultado de sus investigaciones”. Puente Salas cerró: “La Cámara de Diputados debe estar pendiente de los resultados de dichas investigaciones para que la impunidad no selle la ilicitud de estas conductas reprobables”. Durante su primera intervención, el titular de Sedesol aseguró que “falta mucho para superar la pobreza; ese flagelo que daña el tejido social mina el desarrollo y debilita las instituciones democráticas”. Y precisó que entre 2012 y 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizó que 2.2 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza extrema, y 6.2 millones de personas cuentan ahora con servicios de salud, 3.4 con seguridad social y 2.8 millones con acceso a alimentación. Dulce Corina Villegas Guarneros, de Morena, reviró que el gobierno se vanagloria por la reducción del 2% de la pobreza, pero no menciona el cambio en la metodología de medición sobre las carencias. En ese sentido, calificó el informe del Ejecutivo como “celebraciones falsas” que están en la imaginación de él y de su equipo, y que no tiene nada que ver con la realidad. La Sedesol, apuntó, tuvo la oportunidad de llevar a millones de familias hacia la posibilidad de tener una vida digna, pero no sólo no cumplió, sino que “es cómplice de avalar un informe lleno de falsedades. Esta administración no redujo la pobreza y nos presenta logros simulados”. Pérez Magaña aseguró que en ningún momento se ha tratado de cambiar la metodología de medición de la pobreza con el fin de incidir en los resultados de evaluaciones. Según la Ley General de Desarrollo Social, el Coneval es el organismo con autonomía técnica para definir y calcular la carencia, a partir del ingreso y acceso a derechos sociales, resaltó. La morenista también cuestionó qué porcentaje del presupuesto total de la Sedesol se maneja en efectivo; cuáles son las reglas de operación; las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que autorizan a la dependencia manejar partidas en efectivo, y cómo se asegura la honestidad de dichos recursos. En su oportunidad, el diputado Benjamín Robles Montoya mencionó que el apellido de la administración saliente es “corrupción”, y que la política más bien parecía antisocial. Es un hecho público la corrupción al interior de su dependencia, “la cual ha sido lacerante”, soltó. Luego preguntó a Pérez Magaña si está dispuesto a denunciar a las y los altos funcionarios que le antecedieron, sin que medie presión o acuerdos de por medio, y, también, si ha recibido presiones para ocultar la deshonestidad. El secretario manifestó su disposición a darle cauce a todas las investigaciones y colaborar con las autoridades competentes para entregar la información y documentación que se requiera. De igual manera, aclaró que durante su estancia en la Sedesol no ha recibido una sola presión de nadie, ni siquiera sugerencia, para actuar de manera contraria que no se apegue a la legalidad. En su réplica, el diputado agregó que en 2013 se tuvieron en el presupuesto 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, a fin de difundir la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, y según la Auditoría Superior de la Federación sólo se entregó el 7% de las despensas. La inmensa mayoría de los esfuerzos impulsados por esta dependencia están marcados por la “corrupción”, reiteró.