Este miércoles 26 se cumplen cuatro años de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de sus compañeros en Iguala, Guerrero, y el caso sigue impune. Más todavía: la región sigue en manos de Guerreros Unidos, el grupo criminal implicado en ese ataque que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso siguen intactas las propiedades del expresidente de Iguala José Luis Abarca y su esposa, presos por su presunta implicación en el caso. CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- Iguala, la ciudad donde hace cuatro años fueron agredidos por las autoridades municipales los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, es considerada por el gobierno federal como la cuna de Guerreros Unidos.   Ese inhóspito entorno, marcado por la incesante violencia que generan los integrantes de ese grupo criminal, marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto y lo arrastró a una explosiva crisis política y social, pues exhibió la impunidad con la que operan los sicarios y sus nexos con algunas autoridades estatales y municipales, de acuerdo con un documento oficial consultado por Proceso. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es uno de los más oprobiosos de la saliente administración peñanietista y ha tenido una amplia repercusión internacional. La captura en junio de 2016 de Víctor Hugo Benítez Palacios, uno de los integrantes de Guerreros Unidos, provocó una división en esta banda criminal; un año antes de su captura fue detenido en la Ciudad de México su primo Alejandro Palacios Benítez, quien está relacionado con las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 y por la de ocho jóvenes en el municipio de Cocula el 1 de julio de 2013. Actualmente una facción de Guerreros Unidos la controla la familia Benítez Palacios, afincada en la cabecera municipal de Iguala y en Teloloapan. A sus seguidores se les identifica como Los Tilos o Los Peques. La otra, la controla el grupo Gente Nueva y su líder es un expolicía municipal identificado como El Muñeco, replegado en el municipio de Huitzuco, Tepecoacuilco y en la zona del Alto Balsas, según los reportes oficiales. Los hermanos de Víctor Hugo –Osiel, Reynaldo, Salvador y Mateo– continúan operando al amparo de las autoridades de los tres niveles y del Ejército. Son ellos los que convirtieron la histórica ciudad de la zona norte en un cementerio clandestino y centro de acopio de drogas que se distribuyen en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, según refieren los informes consultados por el corresponsal. La impunidad es tal en Iguala que los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa –quienes desde noviembre de 2014 están presos y ­enfrentan procesos por crimen organizado, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio– siguen funcionando con normalidad. Los tres años de gestión de Héctor Astudillo Flores en Guerrero han estado permeados por las masacres, secuestros y ­desaparición de personas en Iguala y el resto de la entidad. La administración del priista Astudillo Flores es similar a la del perredista Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador cuando ocurrió la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus compañeros. Facciones en lucha Desde antes de la masacre y desaparición de los 43 normalistas, Proceso ha documentado las pugnas intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres niveles y de oficiales del Ejército con el narco. En la confrontación de Los Tilos con Gente Nueva se menciona al excomandante de la Policía Ministerial estatal Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, a quien los padres de los normalistas consideran un personaje central para aclarar la relación entre criminales y autoridades. Al Guacho no se le ve desde el 28 de junio de 2016, cuando organizó una conferencia de prensa en el centro de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.  Las autoridades federales nunca investigaron por qué el exalcalde priista igualteco Esteban Albarrán mantuvo a Ulises Velázquez –otro hermano del Guacho– como subdirector de la Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para incorporarse como senador en sustitución de su padrino, René Juárez Cisneros, quien hoy es integrante de la LXIV Legislatura federal. Hace un año Proceso publicó el reportaje Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca, en el cual informó que los padres de los normalistas desaparecidos solicitaron a la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015  En el escrito, los peticionarios demandaron investigar al excomandante Humberto Velázquez; incluso solicitaron una “orden de presentación y localización” por su presunto involucramiento con Guerreros Unidos (Proceso 2069). Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) –que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa el 3 de diciembre de 2016– tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos. A partir de 2007 y durante siete años, según relató Pineda Vega, entregó un mínimo de 9 mil pesos mensuales “al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez, quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez. Según el testimonio de la UEIDMS, los hermanos Humberto y Ulises Delgado le decían a Pineda Vega que el dinero “era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la cual pertenece desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”. En los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala con los nombres de 165 policías que operaron desde las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014 a las 8:00 horas del día siguiente. La lista incluye al entonces comandante de la Policía Ministerial estatal, Ulises Velázquez Delgado, así como a otros dos familiares: Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez Ruiz, quienes estaban asignados a un área denominada “recuperación de vehículos”. Hasta ahora ni la Fiscalía General de Guerrero ni la PGR han llamado a declarar a ninguno de los mencionados para que expliquen el papel que jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los 43 normalistas. Propiedades de dudoso origen En 2014 la PGR informó que su Unidad Especializada en Análisis Financiero aseguró de forma precautoria al menos 90 propiedades del exalcalde Abarca y su esposa, dueños de las empresas Asociación Yozy & Apos y Abarpin, para triangular la compra de los inmuebles. La primera firma se dedica a la renta de locales comerciales; la segunda, a la compraventa de terrenos y a la construcción. El gobierno federal informó que, según la Unidad Especializada, 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías propiedad de los Abarca se encuentran en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco. En Morelos, añadió, detectó seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en la Ciudad de México, de las cuales dos se ubican en la delegación Cuajimalpa. Los negocios más conocidos del matrimonio Abarca-Pineda en Iguala son el Centro Joyero y la plaza comercial Galerías Tamarindos, que en septiembre de 2015 seguían operando (Proceso 2030) pese a la insistencia de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus abogados de que esos negocios fueran embargados ante la presunción de que son producto de lavado de dinero. La plaza Galerías Tamarindos, la propiedad más importante del exalcalde Abarca, valuada en más de 300 millones de pesos, está en la parte oriental del Periférico, frente a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería; el predio donde se asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según reportes periodísticos, la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados al ayuntamiento de Iguala a condición de que fuera utilizado para construir “vías de acceso y áreas recreativas”. El exsenador perredista Lázaro Mazón Alonso y el exdiputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos de Abarca que tienen intereses políticos en la zona norte, fueron quienes gestionaron la donación. El centro comercial comenzó a edificarse en 2008. El entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, postulado por el PRD, así como políticos de otros partidos y mandos del 27 Batallón de Infantería, asistieron al acto de colocación de la primera piedra. La plaza incluye 42 establecimientos comerciales, incluidas una Comercial Mexicana, un complejo de Cinépolis, así como tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida. Roselia Abarca Velázquez, hermana del exalcalde igualteco, es la administradora; también es directora de la escuela privada Centro de Estudios Benemérito de las Américas, otro negocio de la familia. Hasta ahora ningún funcionario ha informado sobre el resto de las propiedades y negocios de los Abarca Pineda, por lo que se desconoce su situación legal.  Este reportaje se publicó el 23 de septiembre de 2018 en la edición 2186 de la revista Proceso.