CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este miércoles 26 se cumple un aniversario más de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hechos en lo que también fueron privadas de la vida seis personas –tres de ellas normalistas– y donde fueron lesionadas varias decenas más, algunas con secuelas hasta hoy.  A lo largo de 48 meses no ha habido un momento en que las familias de los normalistas hayan dejado de exigir justicia y verdad. Esta exigencia se ha seguido escuchando en México y el extranjero a lo largo de todo este tiempo.  La presencia pública de esta dolorosa e irresuelta desaparición forzada se puede explicar por la dimensión numérica de las víctimas, por su juventud o por su pertenencia a un sector vulnerabilizado de la sociedad. Pero sin duda hay otros dos factores que han contribuido a que Ayotzinapa permanezca como una herida abierta en el corazón de la nación. El primero es que Ayotzinapa evidenció la profundidad de la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos que enfrenta el país. La magnitud –en tiempo y geografía– de los ataques, el control territorial de los perpetradores, el papel activo en la desaparición de varias fuerzas de seguridad y las omisiones no explicadas de otras, y la complicidad entre autoridades y criminales, fueron condiciones que quedaron expuestas a la vista de todos. Ayotzinapa mostró las condiciones estructurales que han permitido que la colusión entre el crimen organizado y las autoridades se extienda a amplias parcelas de la vida pública, mucho más allá de la esfera municipal.  El segundo factor es, sin duda, la persistencia y la fortaleza de las madres y de los padres. Protagonistas involuntarias de un momento histórico, estas familias se sobrepusieron al permanente dolor de la ausencia, para recorrer con pasos firmes senderos en Iguala, pasillos en Palacio Nacional, calles de la Ciudad de México, decenas de plazas públicas de toda la República e incluso espacios solidarios en otros países. Como lo han hecho decenas de miles de familiares en búsqueda de sus seres queridos a lo largo de todo el país, padres y madres de los normalistas han desnudado las falencias del aparato de justicia y de la atención victimal, consiguiendo que la intervención de las instancias internacionales haya jugado un papel decisivo en el caso.  Cada una de las acciones emprendidas por las madres y los padres ha tenido un solo objetivo: alcanzar la verdad. Pero la administración federal saliente no sólo no ha querido responder a esa interpelación, sino que ha obstaculizado una y otra vez el camino hacia la verdad. A cuatro años, ese es el balance.  Si la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 condensó los factores que inciden en la crisis que padece México, la respuesta del Estado mostró un aparato de justicia fallido y una acendrada indolencia institucional.  A pesar de la dimensión de los hechos, el gobierno federal tardó más de una semana en pronunciarse al respecto. Cuando intervino, lo hizo para confeccionar la llamada “verdad histórica” e intentar cerrar el caso. Así se construyó, con base en pretendidas confesiones de un conjunto de detenidos, una versión oficial: que los normalistas habrían viajado a Iguala para irrumpir en un acto político municipal, que policías de Iguala y Cocula los habrían entregado a integrantes del crimen organizado, y que éstos los habrían privado de la vida, incinerado y dispersado sus restos en el río San Juan.  En este escenario, las familias lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formara un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la misión de supervisar en tiempo real la investigación y la búsqueda y de hacer recomendaciones sobre temas estructurales.  La intervención del GIEI fue decisiva para demostrar científicamente que la versión de la pira en el basurero de Cocula es materialmente imposible.  En su primer informe, además, el GIEI evidenció que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento a través del C4 y que su intención no fue boicotear el evento político, encontró momentos y eventos delictivos no reconocidos en la versión oficial, describió una escalada en la violencia durante los ataques y concluyó que éstos se dirigieron a impedir que los autobuses tomados por los estudiantes en Iguala salieran de la ciudad, señaló su preocupación por la fragmentación de la investigación, trató la falta de búsqueda inmediata y de uso de inteligencia y recogió la palabra de las familias.  Seguramente por ello, en su segundo periodo, el GIEI enfrentó una sucia campaña de difamación, lo mismo que constantes obstáculos para alcanzar su cometido. De todas maneras, en su informe final, el grupo documentó nuevos escenarios no investigados y la renuencia de la PGR a profundizar líneas de investigación distintas a la hipótesis oficial, además de sus omisiones y retrasos en las pesquisas sobre trasiego internacional de drogas.  El GIEI también expuso graves irregularidades en el levantamiento y procesamiento de la evidencia supuestamente recogida en el río San Juan. Luego de la salida del GIEI, el monitoreo de la indagatoria no concluyó. El Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH ha desem­peñado un papel fundamental en la revisión del caso. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó contribuciones esenciales para entender lo ocurrido. Finalmente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la presentación del informe Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, encontró fuertes evidencias de que se cometió tortura contra al menos 34 personas detenidas –algunas de ellas, clave en la construcción de la teoría oficial– y señaló la posible ejecución arbitraria de otra más.  Esta decidida confluencia de un organismo nacional autónomo de derechos humanos, de un organismo del sistema interamericano y de un organismo del sistema universal, no sólo evidenció cómo la mentira se situó en el centro de la respuesta institucional al caso Ayotzinapa, sino que también mostró que el gobierno federal se quedó solo en su tozuda defensa de la “verdad histórica”.  Pero faltaba una evaluación final: frente a las críticas internacionales, la administración saliente sostuvo siempre que la última palabra provendría de los tribunales nacionales. Pues bien, durante este 2018 esa palabra fue enunciada y fue reprobatoria respecto de la hipótesis oficial.  Un esperanzador contrapeso judicial En mayo de 2018, al resolver juicios de amparo promovidos por personas imputadas en el caso y tras realizar un análisis riguroso, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito encontraron indicios sobre el uso de tortura, además de notar la existencia de otras irregularidades, como detenciones arbitrarias e ilegales, demora en la puesta a disposición de autoridad competente y la omisión de investigar la tortura.  A partir de una valiente propuesta del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, el Tribunal determinó que la investigación no había sido independiente ni imparcial ni eficaz y decidió otorgar la protección de la justicia no sólo a los quejosos, sino extender ese manto hacia las propias víctimas del delito con una fórmula innovadora pero legal: ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), estableciendo que en ella participaría el Ministerio Público pero también, para fungir como contrapeso, los familiares de las víctimas con sus representantes y la propia CNDH. El Tribunal también ordenó profundizar la asistencia técnica internacional, enfatizando la pertinencia de regresar al GIEI.  Lamentablemente el gobierno federal ha empleado su resto en emprender una ofensiva inusitada contra la resolución del Tribunal –de suyo inatacable–, interponiendo más de 200 recursos, escritos e impugnaciones de diversa índole contra esta sentencia, al tiempo que el titular del Ejecutivo estimaba pertinente emplear el tiempo aire del Estado mexicano para reafirmar, en la difusión de su último informe de gobierno, su compromiso personal con la insostenible “verdad histórica”: el presidente expresó su convicción sobre la solvencia de la hipótesis oficial y enfatizó que su gobierno había permitido el escrutinio internacional de la indagatoria; no dijo, sin embargo, que precisamente ese escrutinio internacional concluyó que la explicación por él defendida carece de sustento científico.  En tanto las familias esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la innovadora sentencia dictada en el caso y mientras que ya se vislumbra el deslinde público respecto de la “verdad histórica” de actores vinculados a los hechos o a la investigación –el caso de Osorio Chong en el Senado–, la inminente alternancia abre una oportunidad para el esclarecimiento pleno del caso. Para ensanchar esta oportunidad, en el marco del cuarto aniversario de los hechos las familias se encontrarán con el presidente electo en una reunión decisiva para la ruta de justicia que podría iniciarse.  Los signos del compromiso de la administración entrante con la resolución del caso son hasta ahora alentadores. La designación de Alejandro Encinas para dar seguimiento al tema es en sí misma esperanzadora, pues no sólo desde su visión política, sino también desde su historia de vida, cuenta con las credenciales idóneas para entender la trascendencia de alcanzar la verdad.  Empero, como en tantos otros casos de desapariciones, la experiencia de interacción entre las familias y el Estado mexicano ha sido desastrosa y ha abonado a la sabia desconfianza. Por ello, los padres y las madres de los normalistas están expectantes y ávidos de verificar si lo que hasta hoy son compromisos y declaraciones, se convierten con celeridad en actos de gobierno capaces de verdaderamente desafiar los pactos de impunidad que se entrelazan con la dolorosa historia reciente de nuestro país.  Para las familias no hay duda, la concreción de las palabras en actos pasa por la implementación de la sentencia del Tribunal Colegiado que ordena reponer la investigación con controles externos, particularmente con asistencia técnica internacional.  Ayotzinapa puede ser una oportunidad para el nuevo gobierno. Si el caso es resuelto con justicia y verdad a través de la operación de un mecanismo de investigación innovador, se demostrará que es posible revertir la impunidad. Ese poderoso mensaje podría generar, sin duda, una imparable sinergia respecto de las propuestas que se han lanzado al nuevo gobierno sobre la adopción de una robusta política de Estado contra la impunidad y, especialmente, de medidas emergentes para erradicar y esclarecer las desapariciones. Hoy en el debate público sobre la necesidad de profundizar la asistencia técnica internacional en el ámbito de la justicia, volver a la experiencia del GIEI es ineludible. Por eso, esclarecer el paradero de los normalistas es mucho más que dar cauce a un caso individual. En México hay al menos 37 mil personas a quienes algún familiar espera y busca, en medio de esa zozobra inconmensurable que genera la desaparición. Como los padres y las madres de los normalistas, se trata de hombres y mujeres que no descansarán hasta saber el paradero de las y los suyos, en un testimonio de amor y de dignidad que –como se ha dicho– es un manantial que alimenta la reserva moral de México. Se trata de víctimas a las que durante muchos años hemos volteado la espalda como sociedad y a las que el gobierno saliente les falló.  La nueva administración no puede ignorar este dolor en los esfuerzos orientados a la transformación del país y debe entender la especificidad y la urgencia de sus demandas. Ellas y ellos ya han dado mucho al país con su ejemplo; más que pedirles que ahora den algo más, corresponde al gobierno entrante poner sobre la mesa lo que las víctimas llevan años demandando: justicia, verdad, un trato digno.  Es hora de estar a la altura de los padres y las madres que movieron a México este sexenio. Por eso la esperanza está en la verdad.  *Director del Centro Prodh Este ensayo se publicó el 23 de septiembre de 2018 en la edición 2186 de la revista Proceso.