CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal colegiado de la Ciudad de México validó la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior (LSI), aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún debe revisar si algunas de sus disposiciones son contrarias a la Constitución. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó la suspensión definitiva de la entrada en vigor de la LSI, que había sido otorgada por el juzgado Tercero de Distrito en Sonora. Los magistrados del Colegiado dijeron que en la solicitud de la suspensión “no se demostró la afectación al interés social” con la LSI que entró en vigor en enero de este año. La ley, por lo contrario, señala la resolución, busca reglamentar la vigilancia y proteger la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, en coordinación con diferentes dependencias locales y federales en tareas de seguridad interior. Según los magistrados, la ley fue promulgada “con irrestricto apego a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos”, así como de los elementos policiales y militares que intervienen en esas tareas. Aseguraron que, de acuerdo con “la voluntad general”, era necesario una ley en la materia “para poder estar en condiciones de encarar las amenazas que enfrenta el país y vulneran la calidad de vida de los ciudadanos”. Conceder la suspensión implicaría desconocer ese objetivo y fin, “siendo el orden público y la paz social, por medio de la intervención de las Fuerzas Armadas, en coordinación con las diferentes dependencias locales y federales en tareas de seguridad interior, una obligación que busca cumplir con el Estado”. El alcance de la Ley, sin embargo, tendrá que ser definido por la SCJN cuando resuelva los juicios de constitucionalidad interpuestos por una minoría del Congreso y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que vulnera libertades ciudadanas. El máximo tribunal también tendrá que pronunciarse en acciones de inconstitucionalidad promovidas por municipios del país que consideran que la ley representa una invasión de su mandato constitucional.