AGUASCALIENTES, Ags., (apro).- Familiares de personas desaparecidas originarias de Aguascalientes, buscarán restos de sus seres queridos en los 12 tráileres cargados de cuerpos que transitan por el país; principalmente en los dos de Jalisco. Durante la Asamblea de Personas Desaparecidas, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) en esta entidad -organismo que acompaña a ocho familias de personas desaparecidas-, recordó que la mayoría de las veces son los familiares de las víctimas de desaparición quienes realizan la búsqueda con recursos propios, a falta de apoyo por parte de los organismos de justicia y gobierno. “Las familias, de manera particular, han estado en contacto con las autoridades de Jalisco y nosotras también, nos pidieron que dejáramos el número de carpeta de investigación de los procesos que acompañamos porque iban a hacer las pruebas de ADN, esto es muy preocupante, los tráileres ya estaban en espacios de la Fiscalía y tendrían que haber pasado por algún proceso de identificación, si apenas van a empezar a identificar, es una omisión tremenda”. El fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, dio a conocer hace unos días que había entablado comunicación con la Policía Federal para la posible localización de personas de Aguascalientes en los tráileres de Jalisco. “Ya hablé con el comisario de la Policía Federal para ver si podemos detectar algunas personas que tenemos como desaparecidas entre esos cuerpos, porque desde luego también es nuestra obligación buscarlos no solamente con vida, sino también en estos casos donde aparece una cantidad importante de personas sin vida, buscar a ver si no están las personas nosotros tenemos años buscando", dijo. En Aguascalientes, hay registro de 14 cuerpos que no se han logrado identificar aún. Entre las principales irregularidades detectadas por las víctimas y el OVSG en los procesos de búsqueda por parte de las autoridades, se encuentra la falta de coordinación interinstitucional entre los estados y de las autoridades con las familias. Durante la Asamblea, las familias relataron sus testimonios y cómo las autoridades realizan investigaciones que son poco eficientes. El objetivo es que se sumen más víctimas para poder realizar procesos de acompañamiento. Información de solicitudes de transparencia realizadas por el OVSG, señala que en Aguascalientes existe un registro de 197 personas desaparecidas, la organización Data Cívica habla de 194, mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RPND) –sin actualizar desde abril del 2018– habla de un total de 232 carpetas de investigación abiertas: 110 corresponden a mujeres desaparecidas, y 122 a hombres; del total, 115 corresponde a menores de edad. Algunos de los casos acumulan una década de investigación, datan desde 2008. Por su parte, la Fiscalía General del estado de Aguascalientes tiene –con corte al mes de mayo del año en curso– un registro de 153 personas desaparecidas. En Aguascalientes, hay personas sin localizar oriundas de diversos municipios, así como otros que fueron vistos por última vez en ciudades costeras como Puerto Vallarta o Villa Hidalgo, ambos municipios del estado de Jalisco. A días del segundo informe de actividades del gobernador Martín Orozco, Ávila Montejano comentó que “a nivel estado no ha habido ningún pronunciamiento ni de las personas desaparecidas ni de las muertes violentas de mujeres, parece que están trabajando más en temas superficiales y no en temas prioritarios”. Entre las diez exigencias dadas a conocer en la Asamblea, se encuentra la creación y actualización de la base de datos estatal que contenga la información y fotografía de las personas desaparecidas; la difusión permanente de los rostros de personas desaparecidas; la coordinación entre estados para facilitar los procesos de las familias de personas desaparecidas en otras entidades; creación de la Comisión de la Verdad en el Congreso del Estado; renuncia de la encargada del (Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) en el estado por no dar los resultados a los cuales está obligada (con sólo cinco integrantes); y la creación de fiscalías especializadas en investigación y muertes violentas de mujeres y búsqueda de personas desaparecidas. (Con información de Mónica Cerbón).