Ocho implicados en el caso Ayotzinapa obtienen auto de libertad por fallas procesales

Padres de los 43 bloquean accesos a la PGR (Archivo). Foto: Octavio Gómez Padres de los 43 bloquean accesos a la PGR (Archivo). Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los primeros ocho de los 69 implicados, hasta ahora, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa alcanzaron su libertad no por ser inocentes, sino por irregularidades procesales cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) durante su detención.

Por falta de pruebas, según el fallo un tribunal unitario, fueron exculpados del delito de delincuencia organizada Salvador Reza Jacobo Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Patricio Reyes Landa El Pato, Miguel Ángel Landa Bahena y Gildardo López Astudillo, El Gil. Este último era señalado como el encargado de ordenar el secuestro de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.

“Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, escribió El Gil en un mensaje de texto que envió por teléfono celular a su jefe Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder regional de Guerreros Unidos, de acuerdo con las investigaciones de la PGR.

Según la PGR, El Pato confesó “haber recibido y ejecutado” a estudiantes que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula aquella la noche de su detención y posterior desaparición.

“Agréguese el oficio signado por el secretario del juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, por el que remite, en cumplimiento al proveído del 20 de septiembre de 2018, copia certificada del término constitucional en el que se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor de los quejosos”, señala el acuerdo.

Los ocho beneficiados, que no necesariamente van a abandonar la prisión, pues se les siguen otros procesos, impugnaron el término constitucional del 18 enero 2015, dictado en el expediente 123/2014, que se les instruyó en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Esta resolución abre la puerta a otros implicados en el caso, como José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. (Proceso 2186), entre otros personajes.

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