Maduro se victimiza acusando a México: expertos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVen El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVen

CARACAS (apro).- En medio de una inminente investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) y una grave crisis humanitaria y migratoria, el presidente venezolano pone en la agenda pública internacional acusaciones contra México, Colombia y Chile por la supuesta implicación de estos países en el intento de magnicidio en su contra, ocurrido el 4 de agosto durante un acto militar en Caracas.

El domingo 23, en una alocución oficial, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó a funcionarios diplomáticos mexicanos, colombianos y chilenos de presuntamente participar en el plan de atentado contra Maduro.

Estos señalamientos, según Rodríguez, se sustentan en la confesión de un ciudadano venezolano identificado como Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, alias “Morfeo”, capturado por su supuesta incursión como autor material en el intento de magnicidio.

“Ninguna de estas aseveraciones las está haciendo el gobierno de Venezuela”, aclaró Rodríguez el lunes 24, en una segunda alocución oficial para referirse a las acusaciones contra los tres países latinoamericanos que el Ejecutivo venezolano implica en el plan.

“El caso de Colombia es más complejo porque todos los autores materiales que están capturados (por el ataque frustrado) señalan que fueron entrenados en la localidad de Chinácota, al norte (del departamento) de Santander, en las cercanías de la ciudad de Pamplona de la República de Colombia”, explicó el ministro de Maduro.

En cuanto a México, sólo Vivas mencionó la supuesta implicación de diplomáticos para facilitar su fuga de Venezuela tras el atentado contra Maduro. En el video editado que fue presentado por Rodríguez y luego por Maduro, alias “Morfeo” indica que se comunicó con una mujer, cuya identidad no reveló, que se encontraba en España y esta le indicó que se trasladara a la embajada de Chile en Caracas. “Que de ahí me va a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia, y que de Colombia me iban a sacar a lo que es frontera”, dijo Vivas.

Rodríguez conoce muy bien al Estado mexicano, al que estos días ha señalado como partícipe del plan para asesinar a Nicolás Maduro. Hace poco más de un año, el actual ministro de Comunicación de Venezuela y hermano de la vicepresidenta ejecutiva de ese país, Delcy Rodríguez, radicó su familia en Ciudad de México. Por este hecho fue criticado, ya que la posición oficial del gobierno de Maduro es negar la diáspora venezolana que se ha expandido rápidamente por países de la región.

El ministro aseguró que están dispuestos a presentar todas las confesiones de los capturados para que las cancillerías de los países señalados se desmarquen del intento de magnicidio. “A estas alturas ni siquiera han señalado que rechazan el intento de asesinato contra el presidente de la República, el alto mando militar, de la primera dama; el asesinato de funcionarios diplomáticos que estaban allí participando en el desfile del 4 de agosto”, dijo.

Reacciones

Los gobiernos de los tres países señalados por Maduro rechazaron las acusaciones tan pronto la controversia se conoció por los medios de comunicación. Negaron cualquier vínculo con el hecho y no mencionaron si investigarían.

Proceso trató de acceder a la versión oficial de la embajada de México en Caracas pero no fue posible. Indicaron que la única posición oficial es la emitida en el Comunicado 252 de la Cancillería mexicana emitido el domingo 23, en el cual el gobierno de México “rechaza categóricamente las infundadas acusaciones del ministro de Comunicación e Información del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

Adicionalmente, el gobierno mexicano citó a la embajadora de Venezuela en México. “Durante el encuentro, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, reiteró a la representante diplomática venezolana el enérgico rechazo del gobierno de México por las infundadas acusaciones”, refiere otro comunicado de la cancillería publicado el lunes 24.

El Ejecutivo chileno hizo lo propio a través de un comunicado emitido el mismo domingo 23 y rechazó las acusaciones del gobierno de Maduro, las que calificó de “gravísimas y calumniosas”. Desde la administración del presidente Sebastián Piñera consideran “de la más alta gravedad las amenazas expresadas por el gobierno venezolano en contra de la integridad de nuestra representación diplomática” en Caracas y por tanto citó el lunes 24 al embajador de Venezuela en Santiago a Cancillería.

El gobierno de Colombia, por su lado, señaló de igual forma en un documento oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que “en la actual coyuntura que vive Venezuela, la embajada de Colombia y los 15 consulados acreditados en el hermano país no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros connacionales”.

Estrategia política

Esta controversia surgió en vísperas de la 73 Asamblea General de ONU que se celebró en la ciudad de Nueva York. En el marco de este encuentro multilateral, seis países entregaron una solicitud para que la CPI inicie una investigación contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Entre los países firmantes de la petición están Colombia y Chile, además de Argentina, Canadá, Paraguay y Perú.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, informó en un comunicado que recibió la solicitud de seis países aunque ésta “no conduce automáticamente a la apertura de una investigación” y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre Venezuela en febrero de este año. Dicho examen “continuará siguiendo su curso normal, guiado estrictamente por los requerimientos del Estatuto de Roma”, carta fundacional de la CPI.

Expertos consultados por Apro coinciden en que las acusaciones de Maduro contra México, Colombia y Chile obedecen a una estrategia para victimizarse y desviar la atención, en especial, de esta investigación que pudiera abrir la CPI.

“Por lo visto el gobierno de Maduro está orientándose a dos objetivos. Uno de ellos es distraer la atención del principio de lesa humanidad que le están aplicando (con la solicitud a la CPI), distraer esa acción y hacerla más débil. En segundo lugar, tratar de mostrarse como víctima y en ese sentido acusa a otros países como lo está haciendo con México, Colombia y Chile. Es simplemente una estrategia política, no tiene que ver con la realidad”, explicó Rodrigo Arcaya, exembajador de Venezuela en Perú y Uruguay.

El exdiplomático considera que los señalamientos del gobierno venezolano contra sus vecinos no tendrán repercusiones internacionales. “Él hace acusaciones simplemente para tratar de evitar que lo acusen a él. Los países que realmente lo apoyan son muy pocos. Maduro ya está aislado, cerrarse más es difícil”.

Más de 40 países desconocieron la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el mandatario venezolano en 2017, órgano que convocó a elecciones presidenciales adelantadas para mayo de este año, cuyo resultado dio por reelecto a Maduro y, en consecuencia, fue desconocido por los países que ya habían rechazo a la ANC.

El analista internacional y profesor universitario, Sergio Rodríguez Gelfenstein, da por hecho la implicación de las tres embajadas y asegura que obedece a una política exterior hegemónica dirigida por Estados Unidos con algunos gobiernos de derecha en América Latina, y excusó al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Se mantiene (Enrique) Peña Nieto en el gobierno hasta el 1 de diciembre. No existe ningún poder de decisión del nuevo gobierno (de AMLO) hasta esa fecha, entonces no se le puede involucrar en ninguna de las decisiones que tome Peña Nieto”, comenta.

Asimismo, el analista indicó que la reacción del gobierno mexicano responde a un interés del actual presidente. “Peña Nieto está preocupado en este momento de salvarse. Los hechos de violaciones y delictuales en su gobierno por él y su familia, son públicos. Y si hubiera una actuación republicana en el próximo gobierno tendría que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad por miles de muertos y desaparecidos que ha habido en México en estos años. Entonces, su esfuerzo fundamental en este momento es tratar de salvarse, entiéndase cumplir las instrucciones de Estados Unidos en materia de política exterior para evitar ser juzgado”, justificó.

Sin pruebas

El único indicio que ha mostrado el gobierno de Maduro para acusar a los gobiernos de México, Colombia y Chile en el intento de magnicidio es un video editado, en el que aparece un hombre relatando lo que presuntamente fue el plan para asesinar al mandatario venezolano y su plan de fuga con ayuda de diplomáticos de esos tres países.

Para el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, lo correcto sería que se presentaran pruebas, por la connotación que tiene una acusación de esta magnitud. “Al no hacerlo pareciera una medida dirigida a victimizar a Maduro y distraer a la opinión pública buscando solidaridad de algunos países, ante la situación que afronta en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual el tema de Venezuela ha sido protagonista”.

A diferencia de Arcaya, Contreras considera que las implicaciones de estos señalamientos son graves. “Acusar a embajadas y gobiernos de países vecinos es un tema grave que tiene consecuencias inmediatas en las relaciones bilaterales”, dijo.

“No hay pruebas, son sólo unas supuestas confesiones que ni siquiera se pueden considerar veraces. Son personas que están presas y ya sabemos cómo actúa (el gobierno venezolano) contra los presos políticos en Venezuela. De lo que sí hay pruebas es de las torturas a las que son sometidos los detenidos en estas condiciones”, señaló Arcaya.

Recordó que las acusaciones ante la CPI presentan evidencias de muchos casos de torturas a presos políticos, de acuerdo con informes avalados por comisiones y organismos de la OEA y la ONU. “De manera, que no sería raro que estas personas estén siendo torturadas o coaccionadas para que impliquen al gobierno mexicano como al colombiano y chileno”, expresó el exdiplomático venezolano.

Entre tanto, Rodríguez Gelfenstein considera suficientes las delaciones de alias Morfeo. “Con las pruebas que se han presentado públicamente hay elementos suficientes como para iniciar una investigación”, refirió.

El profesor universitario estima que el rechazo de los gobiernos de México, Colombia y Chile a las acusaciones sin iniciar una investigación es indicio de que están implicados. Cuestionó que el gobierno de Chile no haya condenado el atentado contra Maduro. “Un gobierno serio lo que hace es tomar nota, investigarlo y darle respuesta, no rechazarlo per se, por el solo hecho de venir de un gobierno que consideran enemigo como el de Venezuela. (Reacción) similar a la que han tenido los gobiernos de México y Colombia”.

Para Contreras, éste es un caso inédito por la carencia de evidencias. No hay precedentes en el ámbito diplomático de acusaciones como éstas. “Para hacer una afirmación de este tipo habría que presentar pruebas por la naturaleza de la denuncia. Es realmente preocupante si lo único que tiene el gobierno es una declaración de una persona que supuestamente actuó en esta situación”.

Comisión internacional

Durante su discurso en la 73 Asamblea General de la ONU, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, demandó una investigación independiente sobre el supuesto atentado en su contra. Pidió a Naciones Unidas el nombramiento de un delegado especial que se encargue de esa investigación internacional.

“Venezuela está abierta. Están abiertas las puertas de nuestro país, de nuestro sistema de justicia, para establecer las responsabilidades directas de esta agresión”, señaló el mandatario.

Según Contreras, para que esa comisión goce de credibilidad, debería estar conformada por expertos internacionales reconocidos que puedan hacer una investigación imparcial, elegidos por consenso entre los países y no por el gobierno de Maduro.

Al respecto, Rodríguez Gelfenstein sostiene que “en un mundo hegemónico esas comisiones independientes hay que ver bien quién las forma”. A su juicio, “la tal independencia no existe”, pero la considera una buena iniciativa.

Sobre la propuesta, Rodrigo Arcaya sugiere que, en caso de materializarse, también se le permita a esa comisión investigar los abusos contra los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela.

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