PUEBLA, Pue. (apro).- A casi cinco años de haberse privatizado el servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, la organización “Dale la Cara al Atoyac” ganó un amparo para que la autoridad estatal haga público el contrato firmado para la concesión del servicio, hasta ahora en reserva. En rueda de prensa, Melanie Camacho, presidenta de la organización, aclaró que, si bien el gobierno de Puebla estaba obligado a entregar el contrato completo --firmado el 26 de diciembre de 2013--, el Sistema Operadora de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) llevó al juzgado el documento sin anexos, lo que deja mucha información sin conocer. Una parte importante de los anexos que se omitieron, dijo, son las sanciones que aplicarían en caso de cancelar el contrato con la empresa Concesiones Integrales o Agua para Puebla, asunto que cobra relevancia ahora que la fracción mayoritaria en el Congreso local (de Morena, PES y PT) aprobó reformas para revertir la privatización. Camacho explicó que hace año y medio iniciaron un juicio de amparo directo, en el que 40 ciudadanos se declararon afectados por la contaminación del río Atoyac y por la omisión de las autoridades para sanear sus aguas, es decir, los gobiernos estatal, federal y municipales, además de dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Como parte del juicio 303/2017, que tiene como fin último obligar a las autoridades a cumplir con el saneamiento del río Atoyac, el juez tercero en materia Administrativa ordenó entregar el contrato. Semanas atrás se dio a conocer que el gobierno estatal había decretado cinco años más de reserva, lo que indicaba que hasta 2023 se podrían conocer los términos bajo los cuales se firmó la concesión del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de Puebla y municipios conurbados. Verónica Mastretta, asesora de “Dale la Cara al Atoyac”, dijo que el documento de la concesión tiene una extensión de 100 páginas y cuenta con un alto contenido técnico, pero entre los datos que salen a relucir destaca que el consorcio que ganó el contrato fue formado por Agua de México --empresa propiedad de los Hank--, Eppcor Servicios y Tecnología Intercontinental. Como testigos ciudadanos de la firma del acuerdo fungieron dos organizaciones de las cuales no se tiene conocimiento: Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC y AR Información para Decidir. La concesión se firmó a 30 años, y para ello el Consorcio formado por las tres empresas mencionadas entregó un pago de 1 mil 480 millones de pesos, de los cuales 500 millones se destinaron al pago de deuda con Banobras y los otros mil millones de pesos se destinaron a Finanzas del gobierno estatal, sin que se conozca el uso que se le dio a ese dinero. De acuerdo con Mastretta, otra parte que lograron conocer con el documento es que Agua para Puebla está obligada a pagar una contraprestación del 5% de ingresos totales, equivalentes a unos 60 millones de pesos, de los cuales 40 millones están destinados para pagar deuda y 20 millones para que opere el organismo estatal. Otro de los datos que lograron aclarar es que la concesionaria se comprometió al firmar el contrato para invertir, en un plazo de cinco años, un total de 3 mil 900 millones en infraestructura, pero no se tiene ninguna constancia de que haya cumplido. Mastretta mencionó que a través del juez pedirán que la empresa cumpla con la entrega total de la documentación, no sólo por la relevancia de la información que contienen, sino porque es necesario que el proceso de concesión se transparente y los ciudadanos conozcan las obligaciones que tiene la empresa.