CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si hay un tema en el que el próximo presidente de la República ha sido inconsistente es el de las Fuerzas Armadas. De su rechazo a que cumplan funciones de seguridad interna, ha pasado al reconocimiento de que no se puede prescindir de ellas en el mediano plazo; y de su pretensión de crear una Guardia Nacional habla ahora de Guardia Civil… con participación militar. Contradicción tras contradicción. Lo mismo le ha pasado con la Ley de Seguridad Interior (LSI). El silencio es lo que ha seguido a las críticas que le hizo a la ley cuando el Congreso de la Unión la aprobó y el presidente Enrique Peña la publicó, a fines del año pasado. En plena campaña electoral dijo que esa ley no la iba a aplicar, pero nada ha vuelto a decir de ese cuestionado instrumento que está controvertido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los graves vicios inconstitucionales que contiene. Para empezar, la LSI justifica la actuación de las Fuerzas Armadas en los pasados 12 años en la llamada “guerra contra el narcotráfico” y amplía las facultades de los militares por encima de la autoridad civil cuando se trate de una declaratoria de Seguridad Interior. Andrés Manuel López Obrador está entrampado ante dos de los principales factores de poder en el país: los militares y la SCJN, con la que tiene su propia batalla por la negativa de los ministros a bajarse su millonario sueldo. La Ley de Seguridad Interior se ha convertido en un factor que tiene en el juego al propio López Obrador, a las Fuerzas Armadas y a la Suprema Corte. En el ir y venir del futuro presidente con los militares, la SCJN tiene mucho que decir. Si la avala y elimina violaciones constitucionales, puede darle al próximo presidente un instrumento para facilitar su relación con el Ejército y la Marina. Si de plano la desecha, para lo cual se requiere una mayoría calificada con ocho de los 11 votos del pleno de ministros, la Corte dejaría a López Obrador en la necesidad de definir, con el desgaste político que implica, su relación con las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo y cómo la Corte va a resolver las controversias y acciones de inconstitucionalidad contra la LSI? No se sabe. Es un cálculo político que los ministros tienen a su favor. Las próximas semanas serán decisivas porque López Obrador tendrá que definir su política de seguridad y dar a conocer los nombres de quiénes serán sus secretarios de la Defensa y de la Marina. Aunque nunca dijo que iba a designar a civiles, sorprendió que se pronunciara por seguir “los usos y costumbres” castrenses para la designación, lo cual significa que los actuales mandos presentan a los candidatos sobre los que se pronuncia el nuevo presidente. Siempre hay espacio para que López Obrador sorprenda y termine por designar a alguien distinto a las consideraciones de los altos mandos. Pero lo que es seguro es que, según sus propias palabras, no tendremos titulares del mundo civil. Con la Ley de Seguridad Interior en el limbo jurídico, los mandos militares y los ministros de la Corte asisten, desde el privilegio de sus posiciones, a las contradicciones del próximo comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. @jorgecarrascoa