CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ausencia de consulta a la población de Bacanuchi, Sonora, sobre la construcción de la nueva presa de jales mineros de Buenavista del Cobre, “viola el derecho de los demandantes a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano”. Así lo destaca “la sentencia histórica” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al amparo en revisión 365/2018, conocido ayer por la comunidad de Bacanuchi, luego de haberse notificado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora en el juicio de amparo de origen. En un comunicado, la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) destacó que, como parte de su argumentación, la Sala menciona que el derecho de participación “no se restringe a participar en asuntos políticos, por ejemplo, en las elecciones a través del voto”, sino que incluye la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas y proyectos medioambientales, especialmente, cuando éstos afecten a las personas. Con independencia de la trascendencia de este precedente para otros casos de megaproyectos en los que se requiere consultar a la población, destaca Poder, los efectos concretos de la sentencia consisten en ordenar a las autoridades responsables que “organicen una reunión pública de información en la que se explique a la comunidad quejosa los aspectos técnicos ambientales que se tomaron en cuenta para la construcción de la obra”. De igual manera, “los posibles impactos que se podrían ocasionar por su operación, con base en las experiencias previas que este tipo de obras han tenido, y las medidas de prevención y, en su caso, las medidas de mitigación que serán implementadas”. La sentencia también advierte que deberá darse oportunidad a la población consultada para manifestar sus preocupaciones y posibles sugerencias, que deberán ser escuchadas por las autoridades y tomadas en cuenta en las medidas de prevención que se lleven a cabo. Posteriormente, las autoridades tendrán que usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que la obra cause daños significativos al ambiente. Ante los efectos ordenados por la SCJN, “la comunidad de Bacanuchi presenta hoy una solicitud para aclarar la sentencia, tanto al Juzgado de Sonora, como ante la Segunda Sala de la Corte. Esta acción es fundamental a fin de precisar varios temas clave: “Si la obra queda suspendida; si la autorización emitida por la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) ha sido invalidada conforme a precedentes previos de la Corte, y para detallar la forma en la que se llevará a cabo la consulta en la comunidad, los tiempos de su realización y la manera en que la Semarnat deberá tomar en cuenta las aportaciones de la comunidad antes de volver a autorizar, en su caso, la operación de la presa de jales de Grupo México”, explicó el abogado de Poder, Luis Miguel Cano, quien lleva el caso en representación de los Comités de Cuenca Río Sonora-Bacanuchi. A su vez, Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo fundador de Poder, se manifestó por la importancia de que la Sala aclare la sentencia. “Instamos tanto a la Corte como a la Semarnat a que el proceso de participación en Bacanuchi contemple las mejores prácticas internacionales en la materia, incluyendo la oportunidad de cancelar la obra si así lo desean las y los afectados. Además, esperamos que se establezcan procedimientos efectivos de información y diálogo, de escucha y de respeto a la toma de decisiones de la comunidad. Las y los afectados directos son los únicos quienes deben decidir si esta obra continúa”, puntualizó.