PGR culpa a Brasil, pero en caso Odebrecht no ha comprobado quién pagó sobornos a Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Al quejarse de las negativas de las autoridades brasileñas a entregar información sobre el caso Odebrecht, la Procuraduría General de la República (PGR) omitió decir que el gobierno mexicano aceptó no acceder a dicha información cuando se negó a llegar a un acuerdo con la empresa brasileña.

Al rechazar este acuerdo –que garantizaba inmunidad a la empresa y a algunos de sus directivos por los delitos que reconocieron ante la justicia de Brasil–, la PGR se comprometió a comprobar si la empresa pagó sobornos en México, pero también a determinar a quiénes los pagó, y de qué manera.

Ayer, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, aseveró que, por la reticencia de Brasil, la PGR sigue sin remitir la indagatoria a un juzgado para que se libren las órdenes de aprehensión correspondientes.

La Fiscalía brasileña obtuvo las declaraciones de los directivos de Odebrecht –entre ellas las que señalan que Emilio Lozoya Austin recibió 10.5 millones de dólares en sobornos—y los documentos de las empresas gracias a un acuerdo, en el que se negociaron reducciones de penas a cambio de las evidencias.

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Las autoridades brasileñas ofrecieron a México los testimonios y documentos que muestran las operaciones de corrupción de Odebrecht en México, incluyendo las declaraciones que señalan cómo Lozoya recibió los sobornos, primero mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y posteriormente como director general de Pemex.

Para tener esta documentación, la PGR debía acordar con Odebrecht que no castigaría a sus directivos en el país, pues los acuerdos de cooperación jurídica internacional prohíben que se juzgue dos veces a una misma persona por el mismo delito.

En otras palabras: al cerrar el pacto, la PGR se comprometía a investigar y castigar a los actores mexicanos de la trama de sobornos de Odebrecht –funcionarios de Pemex y a Lozoya, entre otros–, pero también garantizaba que no procedería contra quiénes ya estaban entre las manos de la justicia brasileña, ni contra la empresa –que finalmente fue inhabilitada para operar en México–.

El acuerdo impedía a la PGR proceder contra Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luis Alberto Weyll y Luis Antonio Mameri –por ejemplo–, tres exdirectivos de Odebrecht que rindieron su declaración ante la justicia brasileña, en las que detallaron cómo pagaron los sobornos a Lozoya mediante sociedades incorporadas en entidades offshore.

“(Luis Weyll) no puede ser juzgado doble vez, y eso lo tendrán que aceptar las autoridades de México si quieren que Brasil les comparta los documentos de Odebrecht y la confesión de Weyll”, declaró el fiscal brasileño Orlando Martello en entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el año pasado.

El fiscal dijo al periodista Raúl Olmos, quien exhibió el sistema Odebrecht en México, que los documentos que tienen que ver con crímenes cometidos por Odebrecht en México están bajo sigilo en el Tribunal Superior en Brasilia, pero que éste esperaba que la PGR y la empresa llegaran a un acuerdo para garantizar inmunidad a los ejecutivos que tienen acuerdos de colaboración o delación, como es el caso de Weyll.

“Todo lo que es respecto a México está separado, con los hechos delictivos enumerados; la empresa (Odebrecht) nos ha entregado las pruebas que corroboran esos hechos. Cuando la compañía decidió hacer un acuerdo, nos trajo todos los datos respecto a cada uno de los países. Ahora la compañía debe procurar con esos países hacer un acuerdo directamente. Y cada país debe respetar nuestro acuerdo en Brasil”, le dijo.

Cuando el exprocurador Raúl Cervantes Andrade viajó a Brasil, en febrero de 2017, tuvo acceso a las carpetas de investigación, y entre ellas a las declaraciones que señalaban a Lozoya.

En marzo del mismo año, el procurador brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros pidió a la justicia del país sudamericano declararse incompetente sobre los testimonios de Da Silva Filho, Luis Alberto Weyll y Luis Antonio Mameri, para que el expediente pudiera ser enviado a México a través de los acuerdos de cooperación jurídica internacional, de acuerdo con un oficio en poder de Apro.

Sin embargo, la PGR se negó tener el acuerdo con Odebrecht, y por lo tanto no tuvo acceso a la carpeta de investigación sobre los sobornos pagados en sus operaciones en México. En otras palabras: tiene que probar con sus propios medios que la empresa pagó sobornos, y a quiénes.

En agosto de 2017, los fiscales de varios países de América Latina se reunieron en Puebla con el supuesto propósito de intercambiar información sobre el caso Odebrecht. Sin embargo, la delegación de Brasil canceló su asistencia de último momento, según deploró la PGR.

En entrevista con Radio Fórmula el pasado 24 de julio, Alberto Elías Beltrán –procurador de facto, aunque sin el título– aseguró que el caso Odebrecht estaría en los tribunales antes de que Peña Nieto entregara la Presidencia, y sostuvo que “como no hemos llegado a un acuerdo reparatorio, Brasil nos retrasa la información sobre el caso Odebrecht”.

Cerca de dos años después de abrir su investigación sobre los sobornos de Odebrecht en México, la PGR aún no judicializa el caso ni pidió órdenes de aprehensión.

Durante este lapso, la dependencia se negó de manera reiterada a informar sobre sus avances, hasta que el martes pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó que transparentara una versión pública de la averiguación.

Lozoya, por su parte, pretendió abarcar a más funcionarios en el caso: en diciembre pasado pidió a la PGR que cite a comparecer a Miguel Messmacher Linartas, Rafael Murrieta Cummings, Mario Beauregard Álvarez, Víctor Díaz Solís y José Fortunato Álvarez Enríquez para que expliquen por qué Odebrecht obtuvo los contratos para la refinería de Tula sin pasar por un proceso de contratación.

Messmacher –ahora subsecretario de Hacienda y Crédito Público—, Murrieta, Beauregard, Díaz y Fortunato formaban parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex cuando se adjudicaron los contratos a Odebrecht.

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